Amnistía Internacional pide a Chile "avanzar" en la reforma de Carabineros
Amnistía Internacional solicitó hoy al Gobierno chileno "avanzar" en la reforma de Carabineros (policía) y el reparo integral de las víctimas del estallido social, al cumplirse cuatro años del inicio de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera que derivaron en el proceso para reformar la Constitución en el que sigue inmerso el país.
"La reforma a Carabineros es la medida de garantía de no repetición por excelencia que debe asumir el Estado. Las víctimas y la sociedad en su conjunto deben saber que las autoridades están actuando para que los crímenes perpetrados durante el estallido social no se repitan", indicó el director ejecutivo de la ONG en Chile, Rodrigo Bustos.
"Lamentablemente, a esta altura existen más dudas que certezas respecto al compromiso del gobierno en esta materia. Es urgente que se entienda la necesidad de que la reforma a Carabineros avance, sea profunda y estructural", agregó.
El 18 de octubre de 2019 comenzó el denominado estallido social para exigir reformas estructurales en jubilaciones, educación y salud, entre otros temas, con protestas y hechos de violencia protagonizados por Carabineros de Chile, fuerza que quedó cuestionada por las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones.
Según Amnistía Internacional, solo 22 de los 10.936 casos de abusos policiales han concluido en condena y solo el 0,2% de las 1.056 denuncias presentadas por víctimas de violación a los derechos humanos han conseguido justicia.
"El estallido social de octubre de 2019 demostró que las instituciones chilenas a cargo de la aplicación de la ley no sólo pueden resultar ineficientes en momentos de alta exigencia, sino que, pueden constituirse en sí mismas en factores de inseguridad para la población", indicó el informe de la ONG publicado en el cuarto aniversario del hecho.
"La gravedad de los hechos ocurridos durante el estallido social llevó a Amnistía Internacional a recomendar la adopción de una reforma estructural, amplia y profunda a Carabineros de Chile, que implique cambios a nivel normativo y cultural", apuntó el escrito.
Dentro de los puntos que recomienda el informe se encuentran la desmilitarización de la organización y funcionamiento policial, una regulación legal y operativa para el empleo de armas y mecanismos de rendición de cuentas en el uso de la fuerza.
"Ha llegado el momento de que la Fiscalía decida si existen méritos para imputar a los altos mandos por sus acciones y omisiones en la gestión del estallido social", explicó Bustos, y añadió que "el inicio de un proceso penal es clave para garantizar la plena rendición de cuentas, y a cuatro años del estallido social es importante romper el manto de impunidad y actuar a favor de la justicia".
El presidente de Chile, Gabriel Boric, no estará presente en el cuarto aniversario del estallido social debido a que se encuentra en una gira por China por el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda.
Ante la posibilidad que haya nuevas manifestaciones por la fecha, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, adelantó que habrá un "despliegue particular" de Carabineros en la calle.
"La reforma a Carabineros es la medida de garantía de no repetición por excelencia que debe asumir el Estado. Las víctimas y la sociedad en su conjunto deben saber que las autoridades están actuando para que los crímenes perpetrados durante el estallido social no se repitan", indicó el director ejecutivo de la ONG en Chile, Rodrigo Bustos.
"Lamentablemente, a esta altura existen más dudas que certezas respecto al compromiso del gobierno en esta materia. Es urgente que se entienda la necesidad de que la reforma a Carabineros avance, sea profunda y estructural", agregó.
El 18 de octubre de 2019 comenzó el denominado estallido social para exigir reformas estructurales en jubilaciones, educación y salud, entre otros temas, con protestas y hechos de violencia protagonizados por Carabineros de Chile, fuerza que quedó cuestionada por las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones.
Según Amnistía Internacional, solo 22 de los 10.936 casos de abusos policiales han concluido en condena y solo el 0,2% de las 1.056 denuncias presentadas por víctimas de violación a los derechos humanos han conseguido justicia.
"El estallido social de octubre de 2019 demostró que las instituciones chilenas a cargo de la aplicación de la ley no sólo pueden resultar ineficientes en momentos de alta exigencia, sino que, pueden constituirse en sí mismas en factores de inseguridad para la población", indicó el informe de la ONG publicado en el cuarto aniversario del hecho.
"La gravedad de los hechos ocurridos durante el estallido social llevó a Amnistía Internacional a recomendar la adopción de una reforma estructural, amplia y profunda a Carabineros de Chile, que implique cambios a nivel normativo y cultural", apuntó el escrito.
Dentro de los puntos que recomienda el informe se encuentran la desmilitarización de la organización y funcionamiento policial, una regulación legal y operativa para el empleo de armas y mecanismos de rendición de cuentas en el uso de la fuerza.
"Ha llegado el momento de que la Fiscalía decida si existen méritos para imputar a los altos mandos por sus acciones y omisiones en la gestión del estallido social", explicó Bustos, y añadió que "el inicio de un proceso penal es clave para garantizar la plena rendición de cuentas, y a cuatro años del estallido social es importante romper el manto de impunidad y actuar a favor de la justicia".
El presidente de Chile, Gabriel Boric, no estará presente en el cuarto aniversario del estallido social debido a que se encuentra en una gira por China por el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda.
Ante la posibilidad que haya nuevas manifestaciones por la fecha, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, adelantó que habrá un "despliegue particular" de Carabineros en la calle.