“Los cambios en el gabinete no son ya una cuestión trascendental en Perú. Los ministerios se han acostumbrado a estas rotaciones”, dijo a Télam el politólogo Martín Ueda, al explicar la aparente indiferencia con que amplios sectores de la población recibieron los cambios.
Para Ueda, las modificaciones apuntan a aprovechar una etapa de mayor estabilidad, en la que el malestar popular contra Boluarte y el Congreso, que se mantiene según las encuestas, no se expresa en movilizaciones populares como las que, con alta dosis de sangre, se vieron en el país entre diciembre y marzo pasados.
Pero, al margen de esa indiferencia, los cambios sí generaron algún malestar, en especial por la salida de la ministra de Educación Magnet Márquez, percibida como una supuesta represalia por oponerse a la decisión del Congreso de dejar sin efecto la destitución de 14.000 profesores que reprobaron pruebas de capacidad.
Márquez, con respaldo de sectores de opinión, había anunciado una oposición frontal al regreso de los profesores, lo que generaba una controversia con un Congreso que, aunque rechazado por más de 90 % en los sondeos, es fundamental para la gobernabilidad de Boluarte.
La reposición de los maestros es interpretada por vastos sectores, al igual que las medidas que desde el Congreso han debilitado a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, como una forma de tirar abajo las reformas lanzadas en el sector en los últimos años, que en términos generales tienen buena recepción en la ciudadanía.
Junto con Márquez salieron los ministros de Agricultura, Nelly Paredes; Trabajo, Antonio Varela; Transporte, Paola Lazarte; Justicia, Daniel Maurate, y Producción, Raúl Pérez Reyes, aunque los dos últimos permanecerán en el gabinete, ahora en Trabajo y Transporte, respectivamente.
Paredes, Varela y Lazarte dejaron sus puestos en medio de críticas, en el primer caso por la supuesta incapacidad para enfrentar los daños generados por fenómenos meteorológicos, en el segundo por denuncias de plagio en la tesis de grado universitario y en el último, con menor énfasis, por presunta tardanza en cuestiones de infraestructura.
Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, presentaron los cambios como una redefinición para lograr resultados concretos, pero los cuestionamientos no solo llegaron desde la oposición, sino desde sectores que han mostrado respaldo al Ejecutivo.
“No vemos cambios en el Ministerio del Interior o en Defensa. Entonces, no alcanzo a entender la lógica de todos estos cambios”, dijo, por ejemplo, la líder gremial María Isabel León, expresidenta de la poderosa Confederación de Instituciones Empresariales de Perú, organización patronal que ha respaldado la presencia de Boluarte.
La reflexión de León, compartida por otras varias voces, hace referencia a la continuidad de los generales en retiro Vicente Romero y Jorge Chávez como ministros de Interior y Defensa, respectivamente. Al primero se le critica la supuesta falta de respuesta frente a la delincuencia, y, al segundo, presuntos errores que han generado muertes de militares.
Chávez, de hecho, enfrentará la próxima semana en el Congreso una interpelación que podría desembocar en censura, por la reciente emboscada en que murieron cuatro soldados a manos del narcotráfico en el departamento de Ayacucho. La patrulla, según se documentó, viajaba sin protección especial a pesar de los riesgos en la zona.
“Estamos en lo mismo. Son cambios de piezas, pero la visión del gobierno de Boluarte no cambia y no va a cambiar mientras en la dirección del gabinete siga el señor Otárola, que sigue actuando como jefe de Estado”, reaccionó entretanto el parlamentario de centroderecha Carlos Anderson, uno de muchos que creen que el primer ministro es quien realmente toma las decisiones de fondo.
“No voy a descalificar a las personas elegidas como ministros ahora, pero sí al Gobierno y su poca habilidad para leer lo que demanda la ciudadanía”, agregó en el diario Perú 21 Anderson, quien además se sumó a los lamentos por la salida de Márquez.
Similares cuestionamientos fueron hechos por el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, referente del pensamiento económico liberal, quien consideró “escandalosa” la decisión del Congreso que aparentemente precipitó la salida de la ahora exministra de Educación.
En lo que coincidieron León, Anderson y Castilla fue en elogiar el nombramiento como ministra de Producción de la excongresista y líder gremial de los micro y pequeños empresarios Ana María Choquehuanca, de quien señalaron que con su experiencia podrá reencauzar el sector.
Además de Choquehuanca y de las rotaciones de Maurate y Pérez Reyes, entraron al gabinete los abogados Eduardo Arana y Jennifer Contreras y la profesora Miriam Ponce, en Justicia, Agricultura y Educación. Ponce formó parte del equipo de la derrotada candidata de derecha Keiko Fujimori en la elección presidencial de 2021.
Entre los ratificados están los ministros de Economía, Alex Contreras, a quien algunos analistas responsabilizan por el incremento en el costo de la vida; Salud, César Vásquez, de quien la prensa denuncia supuestos hechos de corrupción, y de Cultura, Leslie Urteaga, cuestionada desde que ese despecho recibió a líderes del grupo ultraderechista violento La Resistencia.
Boluarte, que asumió en diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo, aspira, con apoyo del Legislativo, a mantenerse hasta el fin del período, en 2026, a pesar de que el rechazo a su gestión en las encuestas bordea el 80 %, según la última medición del Instituto de Estudios Peruanos.
“Los cambios en el gabinete no son ya una cuestión trascendental en Perú. Los ministerios se han acostumbrado a estas rotaciones”, dijo a Télam el politólogo Martín Ueda, al explicar la aparente indiferencia con que amplios sectores de la población recibieron los cambios.
Para Ueda, las modificaciones apuntan a aprovechar una etapa de mayor estabilidad, en la que el malestar popular contra Boluarte y el Congreso, que se mantiene según las encuestas, no se expresa en movilizaciones populares como las que, con alta dosis de sangre, se vieron en el país entre diciembre y marzo pasados.
Pero, al margen de esa indiferencia, los cambios sí generaron algún malestar, en especial por la salida de la ministra de Educación Magnet Márquez, percibida como una supuesta represalia por oponerse a la decisión del Congreso de dejar sin efecto la destitución de 14.000 profesores que reprobaron pruebas de capacidad.
Márquez, con respaldo de sectores de opinión, había anunciado una oposición frontal al regreso de los profesores, lo que generaba una controversia con un Congreso que, aunque rechazado por más de 90 % en los sondeos, es fundamental para la gobernabilidad de Boluarte.
La reposición de los maestros es interpretada por vastos sectores, al igual que las medidas que desde el Congreso han debilitado a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, como una forma de tirar abajo las reformas lanzadas en el sector en los últimos años, que en términos generales tienen buena recepción en la ciudadanía.
Junto con Márquez salieron los ministros de Agricultura, Nelly Paredes; Trabajo, Antonio Varela; Transporte, Paola Lazarte; Justicia, Daniel Maurate, y Producción, Raúl Pérez Reyes, aunque los dos últimos permanecerán en el gabinete, ahora en Trabajo y Transporte, respectivamente.
Paredes, Varela y Lazarte dejaron sus puestos en medio de críticas, en el primer caso por la supuesta incapacidad para enfrentar los daños generados por fenómenos meteorológicos, en el segundo por denuncias de plagio en la tesis de grado universitario y en el último, con menor énfasis, por presunta tardanza en cuestiones de infraestructura.
Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, presentaron los cambios como una redefinición para lograr resultados concretos, pero los cuestionamientos no solo llegaron desde la oposición, sino desde sectores que han mostrado respaldo al Ejecutivo.
“No vemos cambios en el Ministerio del Interior o en Defensa. Entonces, no alcanzo a entender la lógica de todos estos cambios”, dijo, por ejemplo, la líder gremial María Isabel León, expresidenta de la poderosa Confederación de Instituciones Empresariales de Perú, organización patronal que ha respaldado la presencia de Boluarte.
La reflexión de León, compartida por otras varias voces, hace referencia a la continuidad de los generales en retiro Vicente Romero y Jorge Chávez como ministros de Interior y Defensa, respectivamente. Al primero se le critica la supuesta falta de respuesta frente a la delincuencia, y, al segundo, presuntos errores que han generado muertes de militares.
Chávez, de hecho, enfrentará la próxima semana en el Congreso una interpelación que podría desembocar en censura, por la reciente emboscada en que murieron cuatro soldados a manos del narcotráfico en el departamento de Ayacucho. La patrulla, según se documentó, viajaba sin protección especial a pesar de los riesgos en la zona.
“Estamos en lo mismo. Son cambios de piezas, pero la visión del gobierno de Boluarte no cambia y no va a cambiar mientras en la dirección del gabinete siga el señor Otárola, que sigue actuando como jefe de Estado”, reaccionó entretanto el parlamentario de centroderecha Carlos Anderson, uno de muchos que creen que el primer ministro es quien realmente toma las decisiones de fondo.
“No voy a descalificar a las personas elegidas como ministros ahora, pero sí al Gobierno y su poca habilidad para leer lo que demanda la ciudadanía”, agregó en el diario Perú 21 Anderson, quien además se sumó a los lamentos por la salida de Márquez.
Similares cuestionamientos fueron hechos por el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, referente del pensamiento económico liberal, quien consideró “escandalosa” la decisión del Congreso que aparentemente precipitó la salida de la ahora exministra de Educación.
En lo que coincidieron León, Anderson y Castilla fue en elogiar el nombramiento como ministra de Producción de la excongresista y líder gremial de los micro y pequeños empresarios Ana María Choquehuanca, de quien señalaron que con su experiencia podrá reencauzar el sector.
Además de Choquehuanca y de las rotaciones de Maurate y Pérez Reyes, entraron al gabinete los abogados Eduardo Arana y Jennifer Contreras y la profesora Miriam Ponce, en Justicia, Agricultura y Educación. Ponce formó parte del equipo de la derrotada candidata de derecha Keiko Fujimori en la elección presidencial de 2021.
Entre los ratificados están los ministros de Economía, Alex Contreras, a quien algunos analistas responsabilizan por el incremento en el costo de la vida; Salud, César Vásquez, de quien la prensa denuncia supuestos hechos de corrupción, y de Cultura, Leslie Urteaga, cuestionada desde que ese despecho recibió a líderes del grupo ultraderechista violento La Resistencia.
Boluarte, que asumió en diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo, aspira, con apoyo del Legislativo, a mantenerse hasta el fin del período, en 2026, a pesar de que el rechazo a su gestión en las encuestas bordea el 80 %, según la última medición del Instituto de Estudios Peruanos.