La Comisión Tripartita creada por ley en el ámbito de los servicios públicos, que reúne a la Federación Chubutense de Cooperativas (FeChCoop), el Sindicato de Luz y Fuerza y el Gobierno provincial, se reunió nuevamente para analizar una agenda de temas que aquejan al sector.
Participaron del encuentro Fernando Molina, Alfredo Martínez, Luis Meurzet, Federico Kexel, Andrés Uzcudun, por la FeChCoop; Héctor Rubén González, por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia; Marcelo Mammoliti y Rodrigo Melinao, por la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut (DGSP); y Rita Cárdenas, por el Ministerio de Economía.
Entre los temas tratados se incluyó las asignaciones de la Ley I-26, y durante la reunión los representantes de la DGSP informaron que actualmente se encuentran adeudando los meses de junio (160 millones de pesos) y julio (un remanente de 240 millones). Sobre eso, la representante del Ministerio de Economía informó que se realizarán las gestiones atinentes al depósito de las sumas adeudadas.
Sobre la situación de pago de los salarios de los trabajadores de la Cooperativa de Río Pico, Mammoliti comentó que legalmente no se puede continuar con el depósitos de los fondos correspondientes a los trabajadores a través de la Secretaría de Trabajo, ya que los déficits (y no los salarios) se deben depositar en las cuentas de las Cooperativas beneficiarias de la Ley I-26.
En ese sentido, el Secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia manifestó que estaba de acuerdo con la posición del subsecretario pero señaló que de no abonarse los salarios por la manera normal y habitual por parte de la Cooperativa de Rio Pico, tomará las decisiones correspondientes a su responsabilidad gremial respecto a sus representados.
Asimismo, se tomó vista de la planilla proporcionada por la DGSP en donde constan los atrasos por parte de las Cooperativas respecto de las obligaciones de suministrar los datos pertinentes a Declaraciones Juradas de Energía Facturada, Formularios 931, Declaración Jurada de Personal y toda otra normativa cuya obligación de proporcionarse sea omitida conforme legislación vigente. En ese sentido, las partes resolvieron intimar a las Cooperativas del interior provincial a dar debido cumplimiento con las presentaciones adeudadas bajo apercibimiento de suspender el envío de déficits Ley 1098.
Sobre la incorporación de trabajadores por jubilación, las partes resolvieron confeccionar una planilla con los datos de los cargos a cubrir para evaluar su incorporación previa firma de todas las partes prestando su conformidad. Los agentes a incorporar serán electos bajo los procedimientos normales y habituales enmarcados en las Resoluciones que adopten las asociadas y bajo los parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo 625/2011.
Mientras que para el final quedó el estado de las deudas de la Ley I-26. En referencia a este punto, la Comisión Tripartita tomó conocimiento de los expedientes que se han tramitado respecto de las deudas para con los fondos Ley I-26 (ex 1098). Y se resolvió enviar la documentación a Fiscalía de Estado para su correspondiente tramitación por las vías que estime corresponder, se indicó.
La Comisión Tripartita creada por ley en el ámbito de los servicios públicos, que reúne a la Federación Chubutense de Cooperativas (FeChCoop), el Sindicato de Luz y Fuerza y el Gobierno provincial, se reunió nuevamente para analizar una agenda de temas que aquejan al sector.
Participaron del encuentro Fernando Molina, Alfredo Martínez, Luis Meurzet, Federico Kexel, Andrés Uzcudun, por la FeChCoop; Héctor Rubén González, por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia; Marcelo Mammoliti y Rodrigo Melinao, por la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut (DGSP); y Rita Cárdenas, por el Ministerio de Economía.
Entre los temas tratados se incluyó las asignaciones de la Ley I-26, y durante la reunión los representantes de la DGSP informaron que actualmente se encuentran adeudando los meses de junio (160 millones de pesos) y julio (un remanente de 240 millones). Sobre eso, la representante del Ministerio de Economía informó que se realizarán las gestiones atinentes al depósito de las sumas adeudadas.
Sobre la situación de pago de los salarios de los trabajadores de la Cooperativa de Río Pico, Mammoliti comentó que legalmente no se puede continuar con el depósitos de los fondos correspondientes a los trabajadores a través de la Secretaría de Trabajo, ya que los déficits (y no los salarios) se deben depositar en las cuentas de las Cooperativas beneficiarias de la Ley I-26.
En ese sentido, el Secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia manifestó que estaba de acuerdo con la posición del subsecretario pero señaló que de no abonarse los salarios por la manera normal y habitual por parte de la Cooperativa de Rio Pico, tomará las decisiones correspondientes a su responsabilidad gremial respecto a sus representados.
Asimismo, se tomó vista de la planilla proporcionada por la DGSP en donde constan los atrasos por parte de las Cooperativas respecto de las obligaciones de suministrar los datos pertinentes a Declaraciones Juradas de Energía Facturada, Formularios 931, Declaración Jurada de Personal y toda otra normativa cuya obligación de proporcionarse sea omitida conforme legislación vigente. En ese sentido, las partes resolvieron intimar a las Cooperativas del interior provincial a dar debido cumplimiento con las presentaciones adeudadas bajo apercibimiento de suspender el envío de déficits Ley 1098.
Sobre la incorporación de trabajadores por jubilación, las partes resolvieron confeccionar una planilla con los datos de los cargos a cubrir para evaluar su incorporación previa firma de todas las partes prestando su conformidad. Los agentes a incorporar serán electos bajo los procedimientos normales y habituales enmarcados en las Resoluciones que adopten las asociadas y bajo los parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo 625/2011.
Mientras que para el final quedó el estado de las deudas de la Ley I-26. En referencia a este punto, la Comisión Tripartita tomó conocimiento de los expedientes que se han tramitado respecto de las deudas para con los fondos Ley I-26 (ex 1098). Y se resolvió enviar la documentación a Fiscalía de Estado para su correspondiente tramitación por las vías que estime corresponder, se indicó.