El caso del profesor de escuelas secundarias de Rawson y delegado de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Matías Schierloh, sancionado por el juez Fabio Monti a tres años de prisión condicional y a realizar 100 horas de tareas no remuneradas a favor del Estado Provincial o instituciones de bien público, es un motivo de reflexión.
El punto fundamental de la reflexión nos deja la clara nota de que no todo es válido cuando se trata de ejercer el derecho a la protesta que está garantizado por la Constitución Nacional.
Ponerse nervioso bajo circunstancias de presión y salirse de los carriles de la corrección ciudadana es un hecho que ha venido ocurriendo en las últimas protestas en Chubut. Y llamaba la atención la pasividad estatal y judicial a la hora de llamar al banquillo a los manifestantes que se han cargado con la destrucción de edificios públicos cuya remodelación y reconstrucción ha costado y sigue costando fortunas.
Muchos de los manifestantes responsables han “zafado” y sólo las han “pagado” los dirigentes referenciales. Pero la reflexión nos lleva más allá.
Todo lo destruido no se arregla con unas sanciones más o menos graves. Porque vale recordarles a los que destruyeron los edificios que lo destruido pertenece a todo el pueblo y que del bolsillo del pueblo sale la plata para la reconstrucción de lo dañado.
No se trata de criminalizar la protesta, como se argumenta. Se trata de ser coherentes con la formación como ciudadanos y como personas civiles con derechos, los cuales están claramente especificados en nuestra Carta Magna como sociedad. En vista de la sentencia, queda claro que nunca es tarde para aprender.#

El caso del profesor de escuelas secundarias de Rawson y delegado de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Matías Schierloh, sancionado por el juez Fabio Monti a tres años de prisión condicional y a realizar 100 horas de tareas no remuneradas a favor del Estado Provincial o instituciones de bien público, es un motivo de reflexión.
El punto fundamental de la reflexión nos deja la clara nota de que no todo es válido cuando se trata de ejercer el derecho a la protesta que está garantizado por la Constitución Nacional.
Ponerse nervioso bajo circunstancias de presión y salirse de los carriles de la corrección ciudadana es un hecho que ha venido ocurriendo en las últimas protestas en Chubut. Y llamaba la atención la pasividad estatal y judicial a la hora de llamar al banquillo a los manifestantes que se han cargado con la destrucción de edificios públicos cuya remodelación y reconstrucción ha costado y sigue costando fortunas.
Muchos de los manifestantes responsables han “zafado” y sólo las han “pagado” los dirigentes referenciales. Pero la reflexión nos lleva más allá.
Todo lo destruido no se arregla con unas sanciones más o menos graves. Porque vale recordarles a los que destruyeron los edificios que lo destruido pertenece a todo el pueblo y que del bolsillo del pueblo sale la plata para la reconstrucción de lo dañado.
No se trata de criminalizar la protesta, como se argumenta. Se trata de ser coherentes con la formación como ciudadanos y como personas civiles con derechos, los cuales están claramente especificados en nuestra Carta Magna como sociedad. En vista de la sentencia, queda claro que nunca es tarde para aprender.#