Este martes se resolvió mantener la prisión preventiva del hombre condenado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y en contexto de la ley de protección integral contra la mujer.
Se trata del sujeto que abusó de una menor de edad en tres ocasiones, habiendo ocurrido la primera en septiembre del 2020 en un centro comunitario donde se desempeñaba como profesor de danzas folclóricas donde la víctima era su alumna. Un mes después se repitió la agresión, pero en el domicilio de la menor; reiterándose el hecho en noviembre del mismo año en el domicilio del condenado.
La causa fue elevada a juicio en diciembre del 2022, y el tribunal colegiado integrado por los jueces Ariel Quiroga (Sarmiento) Luis Daniel María Pinto (Comodoro Rivadavia) José Luis Ennis (Esquel), lo condenó a una pena de nueve años de prisión. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara en lo penal de Comodoro Rivadavia.
Durante la audiencia de control de prisión preventiva desarrollada este martes, la fiscalía solicitó al tribunal revisor que mantengan la prisión preventiva por ser hallado penalmente responsable de los delitos previamente detallados y porque ya existe una pena establecida.
También mencionaron la impugnación que elevaron el condenado y su abogado defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, que actualmente está siendo revisada. En consecuencia, consideraron que no se modificaron las circunstancias referidas a los riesgos procesales que fundamentaron el dictado de la prisión preventiva que lleva un año y dieciocho días cumpliendo. Por lo tanto, solicitaron su continuidad hasta que la sentencia quede firme.
Por su parte, el abogado defensor peticionó que a su defendido se le otorgue la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Fundamentó su pedido en su desacuerdo con la fiscalía sobre la continuidad de los riesgos procesales en el caso. También sostuvo que la sentencia condenatoria demoraría un plazo de dos a tres años en ser confirmada, y remarcó los problemas de salud que atraviesa el condenado que requieren la atención de una junta médica.
Sobre esto, los jueces solicitaron que presentara los certificados médicos que avalen lo expresado junto con un informe social sobre la vivienda propuesta para la prisión domiciliaria, a lo que el abogado defensor respondió no contar con los documentos en ese momento.
Finalmente, luego de un cuarto intermedio, los magistrados resolvieron mantener la medida de coerción por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia adquiera el grado de firmeza requerido.
Este martes se resolvió mantener la prisión preventiva del hombre condenado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y en contexto de la ley de protección integral contra la mujer.
Se trata del sujeto que abusó de una menor de edad en tres ocasiones, habiendo ocurrido la primera en septiembre del 2020 en un centro comunitario donde se desempeñaba como profesor de danzas folclóricas donde la víctima era su alumna. Un mes después se repitió la agresión, pero en el domicilio de la menor; reiterándose el hecho en noviembre del mismo año en el domicilio del condenado.
La causa fue elevada a juicio en diciembre del 2022, y el tribunal colegiado integrado por los jueces Ariel Quiroga (Sarmiento) Luis Daniel María Pinto (Comodoro Rivadavia) José Luis Ennis (Esquel), lo condenó a una pena de nueve años de prisión. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara en lo penal de Comodoro Rivadavia.
Durante la audiencia de control de prisión preventiva desarrollada este martes, la fiscalía solicitó al tribunal revisor que mantengan la prisión preventiva por ser hallado penalmente responsable de los delitos previamente detallados y porque ya existe una pena establecida.
También mencionaron la impugnación que elevaron el condenado y su abogado defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, que actualmente está siendo revisada. En consecuencia, consideraron que no se modificaron las circunstancias referidas a los riesgos procesales que fundamentaron el dictado de la prisión preventiva que lleva un año y dieciocho días cumpliendo. Por lo tanto, solicitaron su continuidad hasta que la sentencia quede firme.
Por su parte, el abogado defensor peticionó que a su defendido se le otorgue la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Fundamentó su pedido en su desacuerdo con la fiscalía sobre la continuidad de los riesgos procesales en el caso. También sostuvo que la sentencia condenatoria demoraría un plazo de dos a tres años en ser confirmada, y remarcó los problemas de salud que atraviesa el condenado que requieren la atención de una junta médica.
Sobre esto, los jueces solicitaron que presentara los certificados médicos que avalen lo expresado junto con un informe social sobre la vivienda propuesta para la prisión domiciliaria, a lo que el abogado defensor respondió no contar con los documentos en ese momento.
Finalmente, luego de un cuarto intermedio, los magistrados resolvieron mantener la medida de coerción por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia adquiera el grado de firmeza requerido.