El diputado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans y el concejal de Lago Puelo, Alejandro Marques, presentaron una acción de amparo contra el Gobierno nacional para dejar sin efecto el decreto Nacional N° 820 del presidente Mauricio Macri, de modo de declarar su nulidad absoluta “por su ilegalidad y arbitrariedad manifiestas, ya que modifica las exigencias previstas para la participación de extranjeros en la adquisición de campos”, indicó un parte de prensa. La medida que se pide anular elimina el monitoreo de la UIF y la AFIP en esas operaciones inmobiliarias y facilita la venta de terrenos con espejos de agua.
Asimismo se solicitó se declare todo acto administrativo y jurídico que se haya dictado o realizado desde el dictado del Decreto cuestionado y hasta que la sentencia que recaiga en estos autos quede firme.
La acción de amparo, que también lleva la firma de los diputados Alejandra Marcilla y José Grazzini, se presentó con una voluminosa documentación “en defensa de los intereses nacionales y provinciales, dada las extensas e importantes tierras rurales apetecidas por inversores extranjeros en nuestro territorio”.
El diputado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans y el concejal de Lago Puelo, Alejandro Marques, presentaron una acción de amparo contra el Gobierno nacional para dejar sin efecto el decreto Nacional N° 820 del presidente Mauricio Macri, de modo de declarar su nulidad absoluta “por su ilegalidad y arbitrariedad manifiestas, ya que modifica las exigencias previstas para la participación de extranjeros en la adquisición de campos”, indicó un parte de prensa. La medida que se pide anular elimina el monitoreo de la UIF y la AFIP en esas operaciones inmobiliarias y facilita la venta de terrenos con espejos de agua.
Asimismo se solicitó se declare todo acto administrativo y jurídico que se haya dictado o realizado desde el dictado del Decreto cuestionado y hasta que la sentencia que recaiga en estos autos quede firme.
La acción de amparo, que también lleva la firma de los diputados Alejandra Marcilla y José Grazzini, se presentó con una voluminosa documentación “en defensa de los intereses nacionales y provinciales, dada las extensas e importantes tierras rurales apetecidas por inversores extranjeros en nuestro territorio”.