La cúpula provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación y la conducción de su Seccional Puerto Madryn dijeron que el de ayer fue “un día muy importante porque tras el lamentable incidente que vivimos, entre el 31 de julio y el 7 de agosto, tras permanecer cerrada la sede sindical durante más de un mes, podemos decir que el Ministerio de Trabajo estableció que el proceso eleccionario carecía de eficacia jurídica”, dijo Gerardo Carranza, secretario general.
Remarcó que lo dispuesto por Trabajo significa decretar “la nulidad del acto”. El dictamen “echa por tierra lo que afirmaban estas personas respecto a que eran las nuevas autoridades”. La resolución se esperaba con ansias para poner fin a un capítulo de tensión y de la ocupación de la sede sindical, además de las denuncias por privación ilegítima de la libertad que las autoridades gremiales radicaron contra los opositores.
Carranza explicó que la resolución puede apelarse en la faz administrativa pero aclaró que “la apelación será sobre una materia que ya se resolvió ya que el acto es nulo y no puede ser convalidado. Esto ratifica la continuidad de las autoridades actuales hasta la renovación que todos venimos pidiendo”.
Sostuvo que la Lista 1 Azul y el resto de los afiliados “buscamos que se normalice la situación institucional del SITRAED convocando a elecciones como marca el estatuto y la ley sindical”.
El secretario general del gremio docente desmintió las acusaciones referidas a no desear convocar a elecciones para renovar las conducciones provinciales y de cada seccional. “No dijeron en este tiempo, a un año de la prórroga de nuestros mandatos, que hemos insistido para que las elecciones se hagan conforme al estatuto, la ley sindical y el decreto reglamentario que rige la vida de los sindicatos”.
La decisión de convocar a elecciones está tomada, para que se hagan en el menor tiempo posible. Carranza confirmó que las autoridades del gremio participarán. Y convocó a los afiliados que tomaron la sede. “Aquellos afiliados que quieren participar de la vida democrática buscan el camino de la legalidad”, dijo. “Quienes han buscado otro camino tendrán que analizar los pasos a seguir”.
La máxima autoridad del gremio a nivel provincial aclaró que “no somos los responsables del daño institucional” en alusión a la situación que atravesó la institución. Y cuestionó la actitud del grupo de docentes que tomó la seccional portuaria. “Hay que identificar bien a estas personas, que no eran más que tres o cuatro, porque no se tiene que volver a producir un incidente tan violento y lamentable”, sentenció Carranza.
“Queremos repudiar este tipo de prácticas”, dijo por su parte María Cristina Alcalá, secretaria general de la seccional portuaria. “Nuestra conducción y línea política interna no avalan esas prácticas y se sostiene con nuestra trayectoria gremial”.
Sostuvo que la actitud del grupo de docentes “no es el camino para conseguir ningún objetivo. Esto tiene que quedar muy en claro para los afiliados; no debemos tolerar en ninguna comunidad llevar adelante prácticas democráticas y, menos aún, de quienes pretenden dirigir cualquier institución”.
La cúpula provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación y la conducción de su Seccional Puerto Madryn dijeron que el de ayer fue “un día muy importante porque tras el lamentable incidente que vivimos, entre el 31 de julio y el 7 de agosto, tras permanecer cerrada la sede sindical durante más de un mes, podemos decir que el Ministerio de Trabajo estableció que el proceso eleccionario carecía de eficacia jurídica”, dijo Gerardo Carranza, secretario general.
Remarcó que lo dispuesto por Trabajo significa decretar “la nulidad del acto”. El dictamen “echa por tierra lo que afirmaban estas personas respecto a que eran las nuevas autoridades”. La resolución se esperaba con ansias para poner fin a un capítulo de tensión y de la ocupación de la sede sindical, además de las denuncias por privación ilegítima de la libertad que las autoridades gremiales radicaron contra los opositores.
Carranza explicó que la resolución puede apelarse en la faz administrativa pero aclaró que “la apelación será sobre una materia que ya se resolvió ya que el acto es nulo y no puede ser convalidado. Esto ratifica la continuidad de las autoridades actuales hasta la renovación que todos venimos pidiendo”.
Sostuvo que la Lista 1 Azul y el resto de los afiliados “buscamos que se normalice la situación institucional del SITRAED convocando a elecciones como marca el estatuto y la ley sindical”.
El secretario general del gremio docente desmintió las acusaciones referidas a no desear convocar a elecciones para renovar las conducciones provinciales y de cada seccional. “No dijeron en este tiempo, a un año de la prórroga de nuestros mandatos, que hemos insistido para que las elecciones se hagan conforme al estatuto, la ley sindical y el decreto reglamentario que rige la vida de los sindicatos”.
La decisión de convocar a elecciones está tomada, para que se hagan en el menor tiempo posible. Carranza confirmó que las autoridades del gremio participarán. Y convocó a los afiliados que tomaron la sede. “Aquellos afiliados que quieren participar de la vida democrática buscan el camino de la legalidad”, dijo. “Quienes han buscado otro camino tendrán que analizar los pasos a seguir”.
La máxima autoridad del gremio a nivel provincial aclaró que “no somos los responsables del daño institucional” en alusión a la situación que atravesó la institución. Y cuestionó la actitud del grupo de docentes que tomó la seccional portuaria. “Hay que identificar bien a estas personas, que no eran más que tres o cuatro, porque no se tiene que volver a producir un incidente tan violento y lamentable”, sentenció Carranza.
“Queremos repudiar este tipo de prácticas”, dijo por su parte María Cristina Alcalá, secretaria general de la seccional portuaria. “Nuestra conducción y línea política interna no avalan esas prácticas y se sostiene con nuestra trayectoria gremial”.
Sostuvo que la actitud del grupo de docentes “no es el camino para conseguir ningún objetivo. Esto tiene que quedar muy en claro para los afiliados; no debemos tolerar en ninguna comunidad llevar adelante prácticas democráticas y, menos aún, de quienes pretenden dirigir cualquier institución”.