El Gobierno oficializó ayer la desclasificación de los archivos de la causa AMIA, a partir de la solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la sede de la mutual judía.
La medida había sido anticipada en enero pasado por el jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y se dio así cumplimiento al pedido que había realizado el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
La desclasificación de los documentos se dispuso mediante el decreto 395/2015 firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicado este viernes en el Boletín Oficial, a partir de un pedido cursado al Poder Ejecutivo el 11 de marzo pasado por los nuevos integrantes de la UFI, Roberto Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabadini.
Según dicha norma, la desclasificación abarca la “totalidad de la documentación que fue remitida en custodia a la referida UFI” mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación en 2005, “con el fin de garantizar el pleno acceso de las partes”.
Además, abarca la “documentación adicional” seleccionada en el ámbito de la “Unidad de Relevación de Información” de la ex SI y dispone remitir “cualquier otra nueva documentación, informe, o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación, que obren en poder de la Agencia Federal de Inteligencia”.
“Teniendo en cuenta que desde la remisión del material aludido han transcurrido diez años, le solicitamos que, en caso de que en el ámbito de la entonces Secretaría de Inteligencia
dependiente de la Presidencia de la Nación se hubiera incorporado nueva documentación, informe o archivo que no hayan sido aportados oportunamente a la causa y que pudiera resultar de interés para esta investigación, se proceda a su desclasificación y posterior remisión a esta sede”, indicó el decreto. En enero pasado, la presidenta Kirchner había ordenado a Parrilli que brindara colaboración a la jueza María Servini de Cubría desclasificando información relacionada a la investigación del atentado, lo cual se había notificado por escrito a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 de la Capital Federal. Al respecto, Aníbal Fernández explicó que “no se desclasifica la documentación en este momento, sino que ya se había hecho hace muchos años en cabeza de Nisman, que tenía la posibilidad de acceder a esa documentación”, pero “lo que se ha hecho ahora es hacerlo público” para las partes, a fin de que se pueda “investigar y analizar cada segundo de lo que se hizo en ese caso”. “El Gobierno siempre ha tenido la vocación de que dejara de ser secreto algo que nos importaba a todos por lo delicado de la situación y por los 21 años que vamos a llevar del atentado sin respuesta de ninguna característica”, sostuvo Fernández al ingresar a Casa de Gobierno.
El Gobierno oficializó ayer la desclasificación de los archivos de la causa AMIA, a partir de la solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la sede de la mutual judía.
La medida había sido anticipada en enero pasado por el jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y se dio así cumplimiento al pedido que había realizado el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
La desclasificación de los documentos se dispuso mediante el decreto 395/2015 firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicado este viernes en el Boletín Oficial, a partir de un pedido cursado al Poder Ejecutivo el 11 de marzo pasado por los nuevos integrantes de la UFI, Roberto Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabadini.
Según dicha norma, la desclasificación abarca la “totalidad de la documentación que fue remitida en custodia a la referida UFI” mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación en 2005, “con el fin de garantizar el pleno acceso de las partes”.
Además, abarca la “documentación adicional” seleccionada en el ámbito de la “Unidad de Relevación de Información” de la ex SI y dispone remitir “cualquier otra nueva documentación, informe, o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación, que obren en poder de la Agencia Federal de Inteligencia”.
“Teniendo en cuenta que desde la remisión del material aludido han transcurrido diez años, le solicitamos que, en caso de que en el ámbito de la entonces Secretaría de Inteligencia
dependiente de la Presidencia de la Nación se hubiera incorporado nueva documentación, informe o archivo que no hayan sido aportados oportunamente a la causa y que pudiera resultar de interés para esta investigación, se proceda a su desclasificación y posterior remisión a esta sede”, indicó el decreto. En enero pasado, la presidenta Kirchner había ordenado a Parrilli que brindara colaboración a la jueza María Servini de Cubría desclasificando información relacionada a la investigación del atentado, lo cual se había notificado por escrito a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 de la Capital Federal. Al respecto, Aníbal Fernández explicó que “no se desclasifica la documentación en este momento, sino que ya se había hecho hace muchos años en cabeza de Nisman, que tenía la posibilidad de acceder a esa documentación”, pero “lo que se ha hecho ahora es hacerlo público” para las partes, a fin de que se pueda “investigar y analizar cada segundo de lo que se hizo en ese caso”. “El Gobierno siempre ha tenido la vocación de que dejara de ser secreto algo que nos importaba a todos por lo delicado de la situación y por los 21 años que vamos a llevar del atentado sin respuesta de ninguna característica”, sostuvo Fernández al ingresar a Casa de Gobierno.