Contrato de Cerro Dragón: el fiscal Marijuan requirió información al Gobierno

Es por el presunto pago de sobornos en la extensión de la concesión del área en 2007.

Explicación pública. Echelini (izquierda) y Cufré, durante la conferencia de prensa en Rawson.
Explicación pública. Echelini (izquierda) y Cufré, durante la conferencia de prensa en Rawson.
24 FEB 2015 - 22:13 | Actualizado

El asesor general del Gobierno, Jorge Echelini, y el ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, dieron detalles de la actuación que por casi dos horas realizó por la mañana en Rawson, el fiscal federal Guillermo Marijuan, en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas que involucra a funcionarios de la gestión anterior y a British Petroleum, socia de Pan American Energy, para la ampliación de la explotación del yacimiento “Cerro Dragón”.

El ministro de Ambiente, José María Musmeci, se encontraba en Cholila por lo que el fiscal se contactó con Echelini y Cufré.

Qué pidió

Se solicitó toda información de los permisos de exploración y cesión de los yacimientos Paso de Indios, Paso Moreno y Nueva Lubecka, que finalmente no tenían petróleo. “Hubo un requisito de información en la Delegación del Ministerio de Hidrocarburos en Rawson, para lo cual se especificó que la documentación está en la sede del Ministerio en Comodoro Rivadavia”, dijo Cufré. Marijuan dio 72 horas para entregar toda la documentación, que se entregará el viernes en el Juzgado Federal de Rawson. Las áreas fueron adquiridas por PAE en 2008 y devueltas.

Detalló que las tres áreas “fueron licitadas para explotar pero luego fueron devueltas a la provincia por no haberse hallado ningún interés geológico que amerite seguir investigando. Después PAE la terminó cediendo en una transacción entre privados. La empresa que adquirió las áreas cambió de nombre tres veces pero se llama Cliveled y después se las cedió a PAE”. Hoy las tiene Provincia.

De antes

“Hay cuestiones que vienen pasando con anterioridad, porque el 21 de enero hubo un exhorto librado por el juez federal Canicoba Corral, en donde solicitó información específica atinente a dos decretos del Poder Ejecutivo, el número 870/06 y el 1.694/06”. Estos decretos hacen referencia a 10 permisos de exploración. “Son decretos provinciales rubricados por el entonces gobernador Mario Das Neves y su ministro coordinador, Norberto Yahuar, y así fueron entregados al juez en tiempo y forma”, indicó en este sentido Cufré.

Luego “se libró otro exhorto solicitando información más específica sobre resoluciones de Petrominera Chubut: una es la 66/07, la cual autoriza la cesión de derechos de tres de estas diez áreas de la adjudicataria hacia otro consorcio de empresas que se denominó Río al Sur y Barraca al Sur”.

Detalles

Y continuó: “Este acto administrativo está legitimado, también intima a constituir una Unión Transitoria de Empresas rubricado por el entonces interventor de Petrominera, Néstor Di Pierro; y el segundo acto administrativo, también de Petrominera Chubut, resolución número 108/09, donde nuevamente se autoriza la cesión hacia otro consorcio de empresas, integrado por Northwood Argentina S.A. y Basur Desarrollos Energéticos S.A., que realizan la cesión a PAE”.

Lo que se pide es la documentación de cesión de estos permisos de exploración y las minutas de cesión que en esos expedientes constan.

Orden

Echelini reveló que el fiscal federal estuvo en el Ministerio de Ambiente por disposición del Juzgado de Canicoba Corral en Capital Federal, quien pidió al Juzgado Federal de Rawson la medida judicial de buscar documentación que “estaría vinculada a una investigación de este juez en Capital Federal, que tiene origen en la denuncia de presunta existencia de sobornos en la adjudicación de la concesión de Cerro Dragón”.

La documentación no estaba en Ambiente. “Se le indicó al fiscal que se encontraba en el Ministerio de Hidrocarburos; el fiscal se presentó en la delegación del organismo en Rawson y allí se le puso a disposición la documentación, la que será entrega por su voluminosidad y por la necesidad de sacar copias, en 72 horas”, añadió el asesor general.

Echelini señaló que “son tres yacimientos que no estarían vinculados a la concesión de 2007, pero que tendrían algún compromiso que amerita determinar si hay responsables en presuntos sobornos”.

Sabía de la denuncia

“Provincia no sabía de este tipo de medidas, sí de la denuncia y Canicoba Corral ya había pedido documentación a Chubut a través de oficios a organismos, consistente en diversas resoluciones ya sí vinculadas a la concesión del 2007”, aclaró Echelini. “Existía una investigación por el mismo hecho, de la cual se nos notificó el archivo provisorio hace muy poco; y por el otro lado una demanda hecha por una Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, patrocinada por el doctor Vanossi, ya esto en la vía civil, donde se pide la nulidad del contrato de concesión con PAE sobre la base de una presunta falsificación del informe de la existencia de reservas que se tomaban y se computaban para poder hacer la concesión”.

“Esta demanda estamos en el proceso de elaboración de la contestación, pero es importante unir todo: de esta denuncia hay varias derivaciones penales y civiles que persiguen un efecto mayor que es la nulidad del contrato, con la gravedad que se indica que ese contrato se habría basado en información falsificada”, concluyó.

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Explicación pública. Echelini (izquierda) y Cufré, durante la conferencia de prensa en Rawson.
Explicación pública. Echelini (izquierda) y Cufré, durante la conferencia de prensa en Rawson.
24 FEB 2015 - 22:13

El asesor general del Gobierno, Jorge Echelini, y el ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, dieron detalles de la actuación que por casi dos horas realizó por la mañana en Rawson, el fiscal federal Guillermo Marijuan, en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas que involucra a funcionarios de la gestión anterior y a British Petroleum, socia de Pan American Energy, para la ampliación de la explotación del yacimiento “Cerro Dragón”.

El ministro de Ambiente, José María Musmeci, se encontraba en Cholila por lo que el fiscal se contactó con Echelini y Cufré.

Qué pidió

Se solicitó toda información de los permisos de exploración y cesión de los yacimientos Paso de Indios, Paso Moreno y Nueva Lubecka, que finalmente no tenían petróleo. “Hubo un requisito de información en la Delegación del Ministerio de Hidrocarburos en Rawson, para lo cual se especificó que la documentación está en la sede del Ministerio en Comodoro Rivadavia”, dijo Cufré. Marijuan dio 72 horas para entregar toda la documentación, que se entregará el viernes en el Juzgado Federal de Rawson. Las áreas fueron adquiridas por PAE en 2008 y devueltas.

Detalló que las tres áreas “fueron licitadas para explotar pero luego fueron devueltas a la provincia por no haberse hallado ningún interés geológico que amerite seguir investigando. Después PAE la terminó cediendo en una transacción entre privados. La empresa que adquirió las áreas cambió de nombre tres veces pero se llama Cliveled y después se las cedió a PAE”. Hoy las tiene Provincia.

De antes

“Hay cuestiones que vienen pasando con anterioridad, porque el 21 de enero hubo un exhorto librado por el juez federal Canicoba Corral, en donde solicitó información específica atinente a dos decretos del Poder Ejecutivo, el número 870/06 y el 1.694/06”. Estos decretos hacen referencia a 10 permisos de exploración. “Son decretos provinciales rubricados por el entonces gobernador Mario Das Neves y su ministro coordinador, Norberto Yahuar, y así fueron entregados al juez en tiempo y forma”, indicó en este sentido Cufré.

Luego “se libró otro exhorto solicitando información más específica sobre resoluciones de Petrominera Chubut: una es la 66/07, la cual autoriza la cesión de derechos de tres de estas diez áreas de la adjudicataria hacia otro consorcio de empresas que se denominó Río al Sur y Barraca al Sur”.

Detalles

Y continuó: “Este acto administrativo está legitimado, también intima a constituir una Unión Transitoria de Empresas rubricado por el entonces interventor de Petrominera, Néstor Di Pierro; y el segundo acto administrativo, también de Petrominera Chubut, resolución número 108/09, donde nuevamente se autoriza la cesión hacia otro consorcio de empresas, integrado por Northwood Argentina S.A. y Basur Desarrollos Energéticos S.A., que realizan la cesión a PAE”.

Lo que se pide es la documentación de cesión de estos permisos de exploración y las minutas de cesión que en esos expedientes constan.

Orden

Echelini reveló que el fiscal federal estuvo en el Ministerio de Ambiente por disposición del Juzgado de Canicoba Corral en Capital Federal, quien pidió al Juzgado Federal de Rawson la medida judicial de buscar documentación que “estaría vinculada a una investigación de este juez en Capital Federal, que tiene origen en la denuncia de presunta existencia de sobornos en la adjudicación de la concesión de Cerro Dragón”.

La documentación no estaba en Ambiente. “Se le indicó al fiscal que se encontraba en el Ministerio de Hidrocarburos; el fiscal se presentó en la delegación del organismo en Rawson y allí se le puso a disposición la documentación, la que será entrega por su voluminosidad y por la necesidad de sacar copias, en 72 horas”, añadió el asesor general.

Echelini señaló que “son tres yacimientos que no estarían vinculados a la concesión de 2007, pero que tendrían algún compromiso que amerita determinar si hay responsables en presuntos sobornos”.

Sabía de la denuncia

“Provincia no sabía de este tipo de medidas, sí de la denuncia y Canicoba Corral ya había pedido documentación a Chubut a través de oficios a organismos, consistente en diversas resoluciones ya sí vinculadas a la concesión del 2007”, aclaró Echelini. “Existía una investigación por el mismo hecho, de la cual se nos notificó el archivo provisorio hace muy poco; y por el otro lado una demanda hecha por una Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, patrocinada por el doctor Vanossi, ya esto en la vía civil, donde se pide la nulidad del contrato de concesión con PAE sobre la base de una presunta falsificación del informe de la existencia de reservas que se tomaban y se computaban para poder hacer la concesión”.

“Esta demanda estamos en el proceso de elaboración de la contestación, pero es importante unir todo: de esta denuncia hay varias derivaciones penales y civiles que persiguen un efecto mayor que es la nulidad del contrato, con la gravedad que se indica que ese contrato se habría basado en información falsificada”, concluyó.