Por tercera vez un juez reclamó la extradición de Roberto Bravo
El juez federal de Rawson, Guillermo Lleral, firmó el nuevo pedido para que el cuarto fusilador de agosto del 72 sea traído y juzgado en Rawson por su responsabilidad en la matanza, reconocida por un jurado civil. Ya fracasaron dos intentos de extradición.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Por tercera vez, el Juzgado Federal de Rawson pidió la extradición del marino retirado Roberto Guillermo Bravo, considerado el cuarto fusilador de la Masacre de Trelew, ocurrida la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar. A la resolución fechada el 19 de junio la firmó el juez Guillermo Lleral.
El intento de traer a Bravo a Chubut para ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ya fracasó dos veces, en 2010 y en 2023, por la negativa de jueces de Florida.
Sin embargo, en esta ocasión el juez Lleral agregó un nuevo argumento para intentar que el exmilitar sea entregado por la Justicia de EE.UU.: la demanda civil contra Bravo de parte de algunas de las familias de las víctimas, que lograron que un jurado popular extranjero lo considerara responsable de la matanza. El actual empresario y ciudadano norteamericano perdió ese juicio y fue condenado a una indemnización multimillonaria en dólares, que todavía discute.
Según la resolución del juez de Rawson, “se han modificado las circunstancias fácticas, jurídicas y administrativas de Bravo, en su actual lugar de residencia”, en referencia a ese proceso.
Lleral ordenó librar un nuevo oficio diplomático al juez competente en la jurisdicción y de turno de los Estados Unidos de América, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. “Bravo se encuentra imputado de haber participado en la comisión de los delitos de lesa humanidad que se investigan en el marco de los presentes folios”, dice el texto.
El pedido de extradición aún debe pasar por la Cancillería y por el Poder Ejecutivo Nacional.
En el histórico juicio oral y público de 2012 en la capital chubutense, tres marinos retirados fueron condenados a perpetua por la Masacre: Luis Sosa y Emilio del Real murieron cumpliendo su pena, en tanto Carlos Marandino tiene prisión domiciliaria en Entre Ríos. Se probó que los tres acribillaron a sangre fría a 16 presos políticos alojados en la Base e hirieron de gravedad a otros tres. Era un grupo detenido tras una fuga frustrada de la Unidad 6.
Tras los fusilamientos, Bravo fue protegido por la fuerza naval y se refugió en el país del norte, donde se reconvirtió en un próspero empresario.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Por tercera vez, el Juzgado Federal de Rawson pidió la extradición del marino retirado Roberto Guillermo Bravo, considerado el cuarto fusilador de la Masacre de Trelew, ocurrida la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar. A la resolución fechada el 19 de junio la firmó el juez Guillermo Lleral.
El intento de traer a Bravo a Chubut para ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ya fracasó dos veces, en 2010 y en 2023, por la negativa de jueces de Florida.
Sin embargo, en esta ocasión el juez Lleral agregó un nuevo argumento para intentar que el exmilitar sea entregado por la Justicia de EE.UU.: la demanda civil contra Bravo de parte de algunas de las familias de las víctimas, que lograron que un jurado popular extranjero lo considerara responsable de la matanza. El actual empresario y ciudadano norteamericano perdió ese juicio y fue condenado a una indemnización multimillonaria en dólares, que todavía discute.
Según la resolución del juez de Rawson, “se han modificado las circunstancias fácticas, jurídicas y administrativas de Bravo, en su actual lugar de residencia”, en referencia a ese proceso.
Lleral ordenó librar un nuevo oficio diplomático al juez competente en la jurisdicción y de turno de los Estados Unidos de América, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. “Bravo se encuentra imputado de haber participado en la comisión de los delitos de lesa humanidad que se investigan en el marco de los presentes folios”, dice el texto.
El pedido de extradición aún debe pasar por la Cancillería y por el Poder Ejecutivo Nacional.
En el histórico juicio oral y público de 2012 en la capital chubutense, tres marinos retirados fueron condenados a perpetua por la Masacre: Luis Sosa y Emilio del Real murieron cumpliendo su pena, en tanto Carlos Marandino tiene prisión domiciliaria en Entre Ríos. Se probó que los tres acribillaron a sangre fría a 16 presos políticos alojados en la Base e hirieron de gravedad a otros tres. Era un grupo detenido tras una fuga frustrada de la Unidad 6.
Tras los fusilamientos, Bravo fue protegido por la fuerza naval y se refugió en el país del norte, donde se reconvirtió en un próspero empresario.