Caso Monsalvez: ordenan a la Justicia Federal seguir investigando
César Monsalvez tenía 13 años. En mayo de 2013 salió de su casa de Trelew rumbo a lo de su tía. No volvieron a verlo. Tras un mes desaparecido, apareció muerto. El fuero federal consideró que era un delito provincial pero un fallo le devolvió el expediente y reactivó la pesquisa.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
El camarista Pedro de Diego decidió que el Juzgado Federal de Rawson siga investigando la desaparición y el asesinato del chico César Monsalvez, hace casi 12 años en Trelew. El juez Gustavo Lleral había argumentado que no existía un delito federal y que debía ocuparse la justicia provincial. Pero con la abogada Verónica Heredia, la familia de la víctima apeló.
Monsalvez salió de su casa el 27 de mayo de 2013 a las 10 y su cuerpo fue hallado el 8 de julio. Iba a casa de su tía. Su deceso había ocurrido entre cinco a siete días antes de ser encontrado. Era sobrino de Bruno Manuel Rodríguez Monsálvez, testigo clave y protegido del caso Almonacid, el joven violado en una Comisaría. Bruno había sido asesinado el 26 de marzo de 2012. Marta Isabel Monsálvez, abuela de César, había recibido amenazas.
Para desprenderse del caso, Lleral se había apoyado en un dictamen fiscal según el cual no hubo desaparición forzada ya que no se había hallado vinculación entre la ausencia de César con alguna acción policial. Además, los testimonios de familiares y vecinos no habían corroborado que la familia haya sido vigilada antes o después de la desaparición. Tampoco había tenido –según el dictamen- conflictos denunciados con la policía.
En otro orden, la autopsia no reveló indicios de violencia estatal o de un homicidio encubierto.
El fuero federal también argumentó que el joven “atravesaba una situación emocional compleja tras la muerte de su tío y mostraba signos de vulnerabilidad, incluyendo el consumo de sustancias, como también ciertos episodios de conducta problemática”.
Estos datos “orientan la investigación hacia hipótesis que no involucran la participación de agentes estatales. Las pericias y los testimonios indican que las condiciones de vida del menor podrían haber sido determinantes en su trágico destino, dejándose al margen, cualquier acción planificada por parte del Estado”.
Fiscalía concluyó que las autoridades actuaron de manera diligente y sin ocultamientos.
Sin embargo, De Diego consideró que estos argumentos tienen “fisuras que me impiden convalidarlo, entre las que destaco por su relevancia y gravedad institucional, que no responde a los interrogantes acerca de lo ocurrido”.
Según su análisis, este dictamen fiscal sólo se concentró en descartar la desaparición forzada pero no examinó todos los hechos ni exploró otras alternativas sobre cómo murió César. Tampoco explicó con claridad por qué al episodio debería investigarlo la justicia provincial.
“El dictamen no resulta suficientemente fundado para remitir la pesquisa hacia un tribunal distinto, luego de doce años de investigación ante el fuero federal”, dijo De Diego. Es que una investigación no se agota en confirmar o descartar una figura penal sino en esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a sus responsables.
Según la línea de tiempo, durante más de un mes César estuvo vivo y privado de su libertad en condiciones y por motivos desconocidos, hasta que fue asesinado y sus restos arrojados a un descampado. “Es sobre esta plataforma fáctica que debieron agotarse los esfuerzos investigativos en lugar de acotarse a discernir si había desaparición forzada de personas”.
Una hipótesis inicial que jamás se descartó sugiere que la desaparición de Cesar fue un modo de presionar a sus familiares, testigos en un juicio que inició el 17 de junio de 2013, mientras el chico seguía vivo.
Para el camarista, el “archivo” que propuso Fiscalía “resulta al menos prematuro, aun cuando han transcurrido 12 años de instrucción, pese a lo cual, no se ha completado”.
De Diego encomendó al Juzgado capitalino reanudar la investigación “con la apertura mental que deben asumir como principales responsables de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en la materia”.
El camarista también reflexionó sobre cómo el dictamen vinculó la muerte con “el contexto familiar y social” y la “conducta problemática” de la César. Por más de un año la pesquisa se preocupó en confeccionar una pericia psicológica para conocer la personalidad del menor. Ese informe concluyó que la víctima no presentaba indicios para explicar este desenlace. El único antecedente de interés eran que estaba afligido por la reciente muerte de su tío, una figura muy cercana, además de algún consumo problemático.
“Ninguno de estos elementos puede ser considerado como la “explicación más plausible” de por qué un menor de trece apareció muerto en un descampado luego de más de un mes de no conocerse su paradero, por lo que considero imperioso volver a dirigir el foco de la pesquisa hacia los posibles responsables de dicho suceso, en lugar de mantenerlo posado sobre la personalidad de la víctima”, se pronunció De Diego.
Cintia, la mamá de César, denunció su desaparición el 29 de mayo. Pero Fiscalía de Trelew impulsó una averiguación de paradero y no una pesquisa por desaparición forzada. Entonces comenzó un cruce de la familia con Tribunales que incluyó un hábeas corpus para que la búsqueda siguiera.
El 9 de julio de 2013 el fiscal le informó a Cintia que un día antes un vecino había encontrado el cuerpo de su hijo. Estaba en la morgue tras una autopsia sin un perito. Pidió ver el cuerpo pero le dijeron que estaba irreconocible. La Seccional 2ª entregó un cajón cerrado y un certificado de defunción N.N. En la fecha de defunción se escribió: “se ignora”. Igual Fiscalía afirmó por los medios que el cuerpo era de Monsálvez. Finalmente, a Cintia se le practicó un estudio de ADN que confirmó el hallazgo. La madre siguió reclamando que no había tenido control sobre el estudio de ADN y que no era certero que fuera su hijo.
El 10 de julio de 2013 denunció la desaparición forzada ante la Justicia Federal de Rawson, acusando al personal policial de las comisarías 2ª y 3ª y a todos los funcionarios que habían intervenido. El Juzgado se declaró incompetente. Pero en abril de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal ordenó remitir el caso al fuero federal.
El laberinto siguió entre las medidas federales y el disconformismo de la familia, que seguía sosteniendo sus dudas sobre el cuerpo y la autopsia. Consideraba que ninguna autoridad buscaba al menor; y, por lo tanto, se negaba su desaparición forzada cada vez que afirmaban que el cuerpo era de Monsálvez. Insistió en que los mismos policías sospechosos hallaron el cuerpo, y que sin control de la familia se tomaron muestras de ADN y se realizaron informes toxicológicos, histopatológicos, y psicológicos.
Ahora se abren dos opciones: el Juzgado Federal archiva la causa o se ordenan nuevas medidas para conseguir evidencias.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
El camarista Pedro de Diego decidió que el Juzgado Federal de Rawson siga investigando la desaparición y el asesinato del chico César Monsalvez, hace casi 12 años en Trelew. El juez Gustavo Lleral había argumentado que no existía un delito federal y que debía ocuparse la justicia provincial. Pero con la abogada Verónica Heredia, la familia de la víctima apeló.
Monsalvez salió de su casa el 27 de mayo de 2013 a las 10 y su cuerpo fue hallado el 8 de julio. Iba a casa de su tía. Su deceso había ocurrido entre cinco a siete días antes de ser encontrado. Era sobrino de Bruno Manuel Rodríguez Monsálvez, testigo clave y protegido del caso Almonacid, el joven violado en una Comisaría. Bruno había sido asesinado el 26 de marzo de 2012. Marta Isabel Monsálvez, abuela de César, había recibido amenazas.
Para desprenderse del caso, Lleral se había apoyado en un dictamen fiscal según el cual no hubo desaparición forzada ya que no se había hallado vinculación entre la ausencia de César con alguna acción policial. Además, los testimonios de familiares y vecinos no habían corroborado que la familia haya sido vigilada antes o después de la desaparición. Tampoco había tenido –según el dictamen- conflictos denunciados con la policía.
En otro orden, la autopsia no reveló indicios de violencia estatal o de un homicidio encubierto.
El fuero federal también argumentó que el joven “atravesaba una situación emocional compleja tras la muerte de su tío y mostraba signos de vulnerabilidad, incluyendo el consumo de sustancias, como también ciertos episodios de conducta problemática”.
Estos datos “orientan la investigación hacia hipótesis que no involucran la participación de agentes estatales. Las pericias y los testimonios indican que las condiciones de vida del menor podrían haber sido determinantes en su trágico destino, dejándose al margen, cualquier acción planificada por parte del Estado”.
Fiscalía concluyó que las autoridades actuaron de manera diligente y sin ocultamientos.
Sin embargo, De Diego consideró que estos argumentos tienen “fisuras que me impiden convalidarlo, entre las que destaco por su relevancia y gravedad institucional, que no responde a los interrogantes acerca de lo ocurrido”.
Según su análisis, este dictamen fiscal sólo se concentró en descartar la desaparición forzada pero no examinó todos los hechos ni exploró otras alternativas sobre cómo murió César. Tampoco explicó con claridad por qué al episodio debería investigarlo la justicia provincial.
“El dictamen no resulta suficientemente fundado para remitir la pesquisa hacia un tribunal distinto, luego de doce años de investigación ante el fuero federal”, dijo De Diego. Es que una investigación no se agota en confirmar o descartar una figura penal sino en esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a sus responsables.
Según la línea de tiempo, durante más de un mes César estuvo vivo y privado de su libertad en condiciones y por motivos desconocidos, hasta que fue asesinado y sus restos arrojados a un descampado. “Es sobre esta plataforma fáctica que debieron agotarse los esfuerzos investigativos en lugar de acotarse a discernir si había desaparición forzada de personas”.
Una hipótesis inicial que jamás se descartó sugiere que la desaparición de Cesar fue un modo de presionar a sus familiares, testigos en un juicio que inició el 17 de junio de 2013, mientras el chico seguía vivo.
Para el camarista, el “archivo” que propuso Fiscalía “resulta al menos prematuro, aun cuando han transcurrido 12 años de instrucción, pese a lo cual, no se ha completado”.
De Diego encomendó al Juzgado capitalino reanudar la investigación “con la apertura mental que deben asumir como principales responsables de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en la materia”.
El camarista también reflexionó sobre cómo el dictamen vinculó la muerte con “el contexto familiar y social” y la “conducta problemática” de la César. Por más de un año la pesquisa se preocupó en confeccionar una pericia psicológica para conocer la personalidad del menor. Ese informe concluyó que la víctima no presentaba indicios para explicar este desenlace. El único antecedente de interés eran que estaba afligido por la reciente muerte de su tío, una figura muy cercana, además de algún consumo problemático.
“Ninguno de estos elementos puede ser considerado como la “explicación más plausible” de por qué un menor de trece apareció muerto en un descampado luego de más de un mes de no conocerse su paradero, por lo que considero imperioso volver a dirigir el foco de la pesquisa hacia los posibles responsables de dicho suceso, en lugar de mantenerlo posado sobre la personalidad de la víctima”, se pronunció De Diego.
Cintia, la mamá de César, denunció su desaparición el 29 de mayo. Pero Fiscalía de Trelew impulsó una averiguación de paradero y no una pesquisa por desaparición forzada. Entonces comenzó un cruce de la familia con Tribunales que incluyó un hábeas corpus para que la búsqueda siguiera.
El 9 de julio de 2013 el fiscal le informó a Cintia que un día antes un vecino había encontrado el cuerpo de su hijo. Estaba en la morgue tras una autopsia sin un perito. Pidió ver el cuerpo pero le dijeron que estaba irreconocible. La Seccional 2ª entregó un cajón cerrado y un certificado de defunción N.N. En la fecha de defunción se escribió: “se ignora”. Igual Fiscalía afirmó por los medios que el cuerpo era de Monsálvez. Finalmente, a Cintia se le practicó un estudio de ADN que confirmó el hallazgo. La madre siguió reclamando que no había tenido control sobre el estudio de ADN y que no era certero que fuera su hijo.
El 10 de julio de 2013 denunció la desaparición forzada ante la Justicia Federal de Rawson, acusando al personal policial de las comisarías 2ª y 3ª y a todos los funcionarios que habían intervenido. El Juzgado se declaró incompetente. Pero en abril de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal ordenó remitir el caso al fuero federal.
El laberinto siguió entre las medidas federales y el disconformismo de la familia, que seguía sosteniendo sus dudas sobre el cuerpo y la autopsia. Consideraba que ninguna autoridad buscaba al menor; y, por lo tanto, se negaba su desaparición forzada cada vez que afirmaban que el cuerpo era de Monsálvez. Insistió en que los mismos policías sospechosos hallaron el cuerpo, y que sin control de la familia se tomaron muestras de ADN y se realizaron informes toxicológicos, histopatológicos, y psicológicos.
Ahora se abren dos opciones: el Juzgado Federal archiva la causa o se ordenan nuevas medidas para conseguir evidencias.