El Gobierno termina el año enfrentado a la CGT

Durante el inicio de la gestión de Javier Milei, el triunvirato rechazó las políticas económicas con un paro general el 24 de enero en contra del DNU 70/23 y la Ley ómnibus presentada en el Congreso de la Nación.

Sin poder llegar a acuerdos, y con un diálogo cada vez más acotado, la central obrera volvió a tomar una medida de fuerza a nivel nacional, el 9 de mayo, y contó con la adhesión de las dos CTA. Según la CGT el Gobierno estaba llevando a varios sectores a un terreno donde "difícilmente" se pudieran recuperar económica, productiva y laboralmente.

Dos meses después, el Consejo Directivo de la CGT entabló una reunión, donde se encontraron los sectores dialoguistas y opositores, con el fin de acordar qué acciones llevarían a cabo, luego de que el Presidente introdujera cambios propios de una "reforma laboral" en la Ley Bases.

De esa manera, la central obrera decidió retirarse de la mesa de diálogo con el Ejecutivo Nacional, situación que impulsó al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, a pedirles que "reflexionen", al mismo tiempo en que aseguró que "siempre estarán abiertos" a debatir con todos.

"Ojalá reflexionen sobre esta posición. Debemos avanzar en normativas y consensos que son esenciales para una Argentina que convierta en realidad sus propios sueños de grandeza. Es tiempo de deponer los intereses sectoriales en pos del bien común y el diálogo es el camino", aseguró, por aquellos días, el funcionario.

Lejos de acercarse, la CGT decidió ponerse más firme en su decisión y retirarse del "diálogo social" no sólo con el Gobierno, sino también con el sector empresarial, que había sido promovido en el marco del Consejo de Mayo.

Desde la central aseguraron que Milei, junto a su Gabinete, avanzó con la reglamentación del Impuesto a las Ganancias y la nueva figura de colabores independientes para que las empresas puedan tomar hasta tres trabajadores bajo el sistema de monotributo, ambas decisiones incluidas en la Ley Bases.

Paralelamente, Daer afirmó la disconformidad respecto a que el Gobierno Nacional no retirara la apelación que hizo al amparo presentado por la CGT para declarar "ilegal" el capítulo de reformas laborales contenidas en el DNU.

"Habíamos quedado con el Gobierno en que íbamos a discutir la reglamentación, sin embargo, Nación reglamentó varios aspectos nocivos de la Ley de Bases", añadió el cegetista.

Al mes siguiente, desde el Ejecutivo Nacional intentaron volver al diálogo y realizaron una invitación para que la central obrera forme parte del Consejo de Mayo, que reunió también a muchos gobernadores.

Según declaraciones a Noticias Argentinas, funcionarios de Casa Rosada aseguraron que Cordero era quien estaba detrás de esa "invitación" porque mantenía "diálogo constante con la CGT".

A pesar de la insistencia, no hubo conciliación posible y, paralelamente, aparecieron las conversaciones del Gobierno con el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri; el titular de la Unión Ferroviaria y de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Sergio Sasia, y Sergio Romero, líder de la Unión de Docentes Argentinos, tres figuras enfrentadas con las ideas de Daer, Acuña y Moyano.

Entrando en el último trimestre del año, la CGT participó de la movilización llevada a cabo en el Congreso de la Nación, en rechazo al veto de la reforma jubilatoria que impulsó Milei (y que implicaba anular un aumento de 18 mil pesos en los haberes) y también a sus políticas económicas.

"Ojalá podamos concientizar a los diputados y senadores, a los que aún les quede algo de lucidez. Debemos rechazar cualquier intento de obstruir el nuevo presupuesto universitario, y seguiremos en la calle para resistir a los embates del FMI y de este gobierno cachivache", aseguró Moyano, quien todavía formaba parte del triunvirato cegetista.

A pesar de la tensión, a finales de septiembre, el Gobierno Nacional y la central obrera lograron acordar la creación de una comisión para debatir temas referidos a la reforma laboral que generaron el corte de diálogo entre ambas partes.

"Hay una preocupación por un artículo de la Ley de Bases que modifica el artículo 242 de despido con causa de la Ley de Contrato de trabajo. Tiene una mala redacción, fue agregado en el Senado, y necesita una reglamentación que pueda corregir esto.

Para eso habrá una mesa con la Secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial para darle precisión a esto tan importante de las tomas totales o parciales", remarcó Daer luego de la reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La relación amigable duró muy poco: al mes siguiente, Pablo Moyano indicó que el sindicalismo debía "confrontar" con el Gobierno de Milei y apoyó, de forma contundente, el paro de transporte del 30 de octubre, decretado por la Mesa Nacional del Transporte, al mismo tiempo que comenzó a rumorearse su salida de la central de trabajadores.

Antes de que se hiciera efectiva la medida de fuerza, la CGT junto a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), reclamó la reactivación de la obra pública, tanto a través del aporte de fondos privados, como de la inversión por parte del Estado, porque "la infraestructura es clave" para el desarrollo de Argentina y " para generar justicia social".

Pocos días después, y por pedido de la central obrera, suspendieron la reunión con el Gobierno Nacional en donde se iban a discutir los puntos que integraba la reforma laboral presentada en la Ley Bases.

El Ejecutivo había convocado el encuentro para consensuar la reglamentación de la penalización a los bloqueos gremiales, ítem que la CGT consideraba, debía mejorarse.

"Debido a cuestiones de agenda de la Confederación General del Trabajo confirmamos la postergación hasta nuevo aviso de la Mesa de Diálogo Técnico Tripartito", informaron desde la central.

Como broche final, y para terminar el año, días atrás la CGT volvió a expresarse en contra del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la resolución 57/2024 (la cual habilita la desregulación del transporte automotor de pasajeros) es "peligrosamente irregular" y "perjudica" el sistema de transporte; asimismo, indicó que esta medida busca "degradar los derechos, no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino también de las y los usuarios del sistema".