Fracasa una venta de carbón tras un pedido de coima que salpica al Gobierno nacional
Una operación de venta de carbón por más de U$S 2 millones de la estatal YCRT se frustró por la exigencia de dinero extra de parte de intermediarios. Uno de ellos es amigo del interventor que puso Milei.
En junio de 2024, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) estuvo a punto de concretar una operación de venta de carbón que podría haber aliviado su difícil situación financiera. La compañía israelí TEGI Limited había propuesto adquirir 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un total de U$S 2,1 millones.
Sin embargo, la operación se paralizó debido a la intervención de intermediarios que solicitaron un pago adicional para cerrar el acuerdo. TEGI Limited, una empresa de capitales israelíes, ofreció comprar el remanente de carbón almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. El carbón, aunque de baja calidad debido a su alto porcentaje de ceniza y estado de combustión, representaba una oportunidad para YCRT, que enfrenta severas dificultades financieras.
A pesar de que el precio ofrecido por TEGI, de U$S 70 por tonelada, estaba por debajo del valor internacional, la empresa israelí estaba dispuesta a cerrar el acuerdo y contemplaba un contrato a largo plazo para adquirir hasta 700.000 toneladas anuales, lo que podría haber generado más de U$S 100 millones en los próximos dos años.
Sin embargo, un grupo de intermediarios, encabezados por Andrés Gross y Alejandro Salemme, irrumpió en la negociación exigiendo un pago adicional. El pedido de coima, según un audio al que accedió el diario Clarín, Gross y Salemme solicitaron a los representantes de TEGI un monto adicional de entre U$S 20.000 y U$S 30.000, lo que representa entre el 1% y el 1,5% del valor total de la compra.
En la grabación, Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, expresó su sorpresa y desacuerdo con la solicitud, argumentando que la empresa israelí ya tenía contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios. En la conversación, Gross se presentó como una figura clave para destrabar la negociación, pero luego admitió que su poder era limitado.
"Me fui de boca, es cierto. Pensé que Salemme tenía el respaldo necesario, pero no fue así", declaró Gross en una entrevista posterior. Además, reconoció que no tenía la influencia que insinuaba durante la negociación. Por su parte, Salemme admitió que su participación fue "infantil", aunque negó que hubiera habido algo ilegal en su accionar. Afirmó que su trabajo como broker consiste en acercar a compradores y vendedores, y que esperaba recibir una comisión por ello.
Yarke, por su parte, reiteró que TEGI no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y aclaró que la empresa ya estaba en contacto con Cancillería argentina para avanzar en la operación.
Thierry Decoud, interventor de YCRT, negó cualquier vínculo con los intermediarios y aseguró que la empresa estatal no puede pagar comisiones ni contratar brokers, ya que sería ilegal. Aunque Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, el interventor afirmó que no tuvo ningún contacto con los intermediarios durante el proceso de negociación. "Muchas personas intermediarias querían la representación comercial o la exclusividad para comercializar el carbón, pero nosotros, como empresa del Estado nacional, no podemos pagar comisiones", declaró Decoud.
En junio de 2024, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) estuvo a punto de concretar una operación de venta de carbón que podría haber aliviado su difícil situación financiera. La compañía israelí TEGI Limited había propuesto adquirir 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un total de U$S 2,1 millones.
Sin embargo, la operación se paralizó debido a la intervención de intermediarios que solicitaron un pago adicional para cerrar el acuerdo. TEGI Limited, una empresa de capitales israelíes, ofreció comprar el remanente de carbón almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. El carbón, aunque de baja calidad debido a su alto porcentaje de ceniza y estado de combustión, representaba una oportunidad para YCRT, que enfrenta severas dificultades financieras.
A pesar de que el precio ofrecido por TEGI, de U$S 70 por tonelada, estaba por debajo del valor internacional, la empresa israelí estaba dispuesta a cerrar el acuerdo y contemplaba un contrato a largo plazo para adquirir hasta 700.000 toneladas anuales, lo que podría haber generado más de U$S 100 millones en los próximos dos años.
Sin embargo, un grupo de intermediarios, encabezados por Andrés Gross y Alejandro Salemme, irrumpió en la negociación exigiendo un pago adicional. El pedido de coima, según un audio al que accedió el diario Clarín, Gross y Salemme solicitaron a los representantes de TEGI un monto adicional de entre U$S 20.000 y U$S 30.000, lo que representa entre el 1% y el 1,5% del valor total de la compra.
En la grabación, Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, expresó su sorpresa y desacuerdo con la solicitud, argumentando que la empresa israelí ya tenía contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios. En la conversación, Gross se presentó como una figura clave para destrabar la negociación, pero luego admitió que su poder era limitado.
"Me fui de boca, es cierto. Pensé que Salemme tenía el respaldo necesario, pero no fue así", declaró Gross en una entrevista posterior. Además, reconoció que no tenía la influencia que insinuaba durante la negociación. Por su parte, Salemme admitió que su participación fue "infantil", aunque negó que hubiera habido algo ilegal en su accionar. Afirmó que su trabajo como broker consiste en acercar a compradores y vendedores, y que esperaba recibir una comisión por ello.
Yarke, por su parte, reiteró que TEGI no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y aclaró que la empresa ya estaba en contacto con Cancillería argentina para avanzar en la operación.
Thierry Decoud, interventor de YCRT, negó cualquier vínculo con los intermediarios y aseguró que la empresa estatal no puede pagar comisiones ni contratar brokers, ya que sería ilegal. Aunque Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, el interventor afirmó que no tuvo ningún contacto con los intermediarios durante el proceso de negociación. "Muchas personas intermediarias querían la representación comercial o la exclusividad para comercializar el carbón, pero nosotros, como empresa del Estado nacional, no podemos pagar comisiones", declaró Decoud.