Trevelin: la Justicia rechazó la reincorporación del cartero despedido
Tres camaristas de la Justicia Laboral porteña rechazaron el pedido de José David Hughes de ser reincorporado como jefe de la Sucursal Trevelin del Correo Argentino. En abril de este año, Hughes fue notificado de su despido con un telegrama, uno más de los miles de trabajadores estatales echados por decisión del Gobierno de Javier Milei en el marco de un brutal ajuste económico.
Hughes demandó al Correo Argentino y pidió que una medida cautelar le devolviera el trabajo. Tras un primer fallo en su contra, apeló ante la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hace pocos días confirmó el rechazó a su pretensión.
El cartero despedido ingresó a la Empresa Nacional de Correo y Telégrafos el 12 de agosto de 1984, con 15 años. Primero repartió correspondencia y luego la empleadora le facilitó una vivienda contigua a la sucursal para él y su familia.
En 2020 asumió como encargado y jamás registró llamados de atención ni sanciones. En la sucursal había 3 empleados y, pese al aumento del volumen de trabajo, no se incrementó el personal. Por eso considera que no existió razón para un recorte del plantel.
Sin aviso previo, el 26 de abril de este año el Correo lo echó por razones de restructuración y reorganización interna de la empresa.
Hughes invocó su estabilidad laboral. Explicó que ingresó a trabajar cuando la empresa aún era estatal, de modo que el cambio en el estatus jurídico de la empleadora no deberían modificar su condición de empleado público ni alterar su estabilidad garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
También aseguró que su despido era un acto discriminatorio por su edad, ya que a la empresa ofreció a los otros empleados un “Retiro Voluntario” por el cual reconoció un plus del 30% sobre la liquidación legal. “Resulta evidente el tratamiento desigual en idénticas circunstancias”, dijo ante la Justicia. Hughes apuntó que era el único empleado con 55 años y es hipertenso.
En primera instancia, una jueza le respondió que aunque el Correo tiene mayoría de participación estatal, las relaciones con su personal se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y en principio, la empresa tiene potestad para despedirlo. Tampoco hay un daño irreparable ya que en todo caso aún hay tiempo de reincorporarlo.
Ya en segunda instancia, las camaristas María González, Patricia Ruso y Mónica Quispe coincidieron en que por ahora Hughes no debe ser reincorporado.
Según decidieron, si bien Correo Argentino posee mayoría de participación estatal, de acuerdo al decreto que lo constituyó como Sociedad Anónima las relaciones de trabajo con su personal se rigen por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y por los Convenios Colectivos.
Y aunque es cierto que Hughes ingresó a trabajar cuando la empresa era ENCOTEL, interpretaron que “es evidente la existencia de un complejo entramado fáctico y jurídico, que claramente requiere mayor amplitud de debate y prueba”.
En este sentido, las camaristas optaron por aguardar cómo terminará el litigio para determinar cuál parte tiene razón. “No implica sentar postura, pues la medida cautelar dispuesta puede modificarse en caso de ulteriores planteos o de incorporarse nuevos elementos”.
Tres camaristas de la Justicia Laboral porteña rechazaron el pedido de José David Hughes de ser reincorporado como jefe de la Sucursal Trevelin del Correo Argentino. En abril de este año, Hughes fue notificado de su despido con un telegrama, uno más de los miles de trabajadores estatales echados por decisión del Gobierno de Javier Milei en el marco de un brutal ajuste económico.
Hughes demandó al Correo Argentino y pidió que una medida cautelar le devolviera el trabajo. Tras un primer fallo en su contra, apeló ante la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hace pocos días confirmó el rechazó a su pretensión.
El cartero despedido ingresó a la Empresa Nacional de Correo y Telégrafos el 12 de agosto de 1984, con 15 años. Primero repartió correspondencia y luego la empleadora le facilitó una vivienda contigua a la sucursal para él y su familia.
En 2020 asumió como encargado y jamás registró llamados de atención ni sanciones. En la sucursal había 3 empleados y, pese al aumento del volumen de trabajo, no se incrementó el personal. Por eso considera que no existió razón para un recorte del plantel.
Sin aviso previo, el 26 de abril de este año el Correo lo echó por razones de restructuración y reorganización interna de la empresa.
Hughes invocó su estabilidad laboral. Explicó que ingresó a trabajar cuando la empresa aún era estatal, de modo que el cambio en el estatus jurídico de la empleadora no deberían modificar su condición de empleado público ni alterar su estabilidad garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
También aseguró que su despido era un acto discriminatorio por su edad, ya que a la empresa ofreció a los otros empleados un “Retiro Voluntario” por el cual reconoció un plus del 30% sobre la liquidación legal. “Resulta evidente el tratamiento desigual en idénticas circunstancias”, dijo ante la Justicia. Hughes apuntó que era el único empleado con 55 años y es hipertenso.
En primera instancia, una jueza le respondió que aunque el Correo tiene mayoría de participación estatal, las relaciones con su personal se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y en principio, la empresa tiene potestad para despedirlo. Tampoco hay un daño irreparable ya que en todo caso aún hay tiempo de reincorporarlo.
Ya en segunda instancia, las camaristas María González, Patricia Ruso y Mónica Quispe coincidieron en que por ahora Hughes no debe ser reincorporado.
Según decidieron, si bien Correo Argentino posee mayoría de participación estatal, de acuerdo al decreto que lo constituyó como Sociedad Anónima las relaciones de trabajo con su personal se rigen por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y por los Convenios Colectivos.
Y aunque es cierto que Hughes ingresó a trabajar cuando la empresa era ENCOTEL, interpretaron que “es evidente la existencia de un complejo entramado fáctico y jurídico, que claramente requiere mayor amplitud de debate y prueba”.
En este sentido, las camaristas optaron por aguardar cómo terminará el litigio para determinar cuál parte tiene razón. “No implica sentar postura, pues la medida cautelar dispuesta puede modificarse en caso de ulteriores planteos o de incorporarse nuevos elementos”.