La Legislatura aprobó con los votos afirmativos de 18 diputados y con 9 votos negativos, la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La adhesión exceptúa en su artículo segundo a las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Número 68, ex 5.001. El debate duró cuatro horas e intervinieron diputados de todos los bloques.
A favor votaron el bloque oficialista Despierta Chubut más los de Mariela Williams, de Arriba Chubut, y de Daniel Casal, de Familia Chubutense; mientras que los 9 votos en contra fueron los de los restantes integrantes de la bancada Arriba Chubut más los de Andrea Toro y Marcelo Rubia (PICH) y Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda).
El diputado Luis Juncos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que el RIGI “es un marco jurídico, regulatorio, cambiario y aduanero que trabaja sobre las grandes inversiones a 30 años, y se fija que las inversiones son por encima de los 200 millones de dólares”.
Juncos habló de la importancia de contar con “seguridad jurídica” que “sirve para que no se cambien las reglas de juego en el proceso de inversión”. En este sentido puso hincapié “en el efecto multiplicador de las grandes inversiones en la economía”.
“La ley tiene 4 artículos solamente –explicó-: el primero sugiere adherir; el tercero pone en cabeza del Ministerio de la Producción la autoridad de aplicación; el cuarto invita a la adhesión a los municipios; y el n° 2 excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, hoy vigente”.
“Será otro el momento donde se pueda debatir, cambiando las cuestiones de la ley, y espero que si algún día sucede sea de cara a la gente, y no a escondidas como se hizo en su momento”, dijo.
“Necesitamos que haya trabajo y empresas que inviertan. En los últimos años se alejaron las grandes empresas que estaban en el país, muchas de las cuales eran extranjeras pero les daban trabajo a habitantes del país”, dijo Sergio Ongarato.
“Las políticas nacionales de los últimos años nos acercaron a Rusia, a Cuba, a Irán y a Venezuela, a dictaduras que violan de manera permanente los derechos humanos tanto en América como en otros continentes. Y se tienen que pagar por juicios por la privatización de YPF 16.000 millones de dólares por una empresa que vale 4.000 millones”.
“Los sueldos se caen y suben los planes sociales y la marginalidad, con los problemas que trae como narcotráfico y trata de personas. Y hay 20 millones de personas trabajando de manera informal o semi informal”, agregó.
“En ese contexto está Chubut, una provincia donde se dejaron de pagar sueldos, donde aumentó el gasto público, cuyos proveedores dejaron de pagar al Estado porque no les pagaban. Y con localidades sin servicios”, sumó, y remarcó que ese es el contexto en el que asumió el gobernador “Nacho” Torres.
Por el lado de la bancada opositora Arriba Chubut, el presidente de la misma, Juan Pais, dijo estar “a favor de los regímenes de inversiones, pero no de este”.
Agregó al respecto: “Están a punto de cometer un error histórico que hipoteca en algún punto el futuro de los chubutenses”.
Cuestionó que el RIGI “permite que el gran inversor importe y exporte sin aranceles. Eso genera una competencia desleal”, por lo que planteó “la necesidad de una ley anterior que beneficie a los empresarios locales que invierten en la cuenca y que son los que más empleo y riqueza generan en Chubut”.
Añadió que la Ley Nacional Bases “no permite obligar a que el inversor deba compartir infraestructura, ni siquiera onerosamente. Eso está mal”. Y dijo que el RIGI “habla mucho de inversiones pero poco de ambiente”, por lo que, enfatizó, “Chubut merece un régimen especial de energía eólica, y no esta adhesión nacional”.
En el mismo sentido se expresó Norma Arbilla, quien destacó el régimen de incentivo a las inversiones turísticas aprobada en la Cámara luego del tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo, así como el tratamiento del incentivo a la industria naval. “Tenemos herramientas como provincia para llevar adelante los incentivos que necesitemos”, sostuvo.
El diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, cuestionó “el rápido tratamiento en comisiones de una ley que marca condiciones de inversión por 30 años”.
Este aspecto fue mencionado también por la presidenta del bloque del PICH, Andrea Toro, quien indicó: “Es indiscutible que Argentina y Chubut necesitan atraer inversiones para el desarrollo económico, pero este RIG avasalla las autonomías provinciales”.
La Legislatura aprobó con los votos afirmativos de 18 diputados y con 9 votos negativos, la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La adhesión exceptúa en su artículo segundo a las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Número 68, ex 5.001. El debate duró cuatro horas e intervinieron diputados de todos los bloques.
A favor votaron el bloque oficialista Despierta Chubut más los de Mariela Williams, de Arriba Chubut, y de Daniel Casal, de Familia Chubutense; mientras que los 9 votos en contra fueron los de los restantes integrantes de la bancada Arriba Chubut más los de Andrea Toro y Marcelo Rubia (PICH) y Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda).
El diputado Luis Juncos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que el RIGI “es un marco jurídico, regulatorio, cambiario y aduanero que trabaja sobre las grandes inversiones a 30 años, y se fija que las inversiones son por encima de los 200 millones de dólares”.
Juncos habló de la importancia de contar con “seguridad jurídica” que “sirve para que no se cambien las reglas de juego en el proceso de inversión”. En este sentido puso hincapié “en el efecto multiplicador de las grandes inversiones en la economía”.
“La ley tiene 4 artículos solamente –explicó-: el primero sugiere adherir; el tercero pone en cabeza del Ministerio de la Producción la autoridad de aplicación; el cuarto invita a la adhesión a los municipios; y el n° 2 excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, hoy vigente”.
“Será otro el momento donde se pueda debatir, cambiando las cuestiones de la ley, y espero que si algún día sucede sea de cara a la gente, y no a escondidas como se hizo en su momento”, dijo.
“Necesitamos que haya trabajo y empresas que inviertan. En los últimos años se alejaron las grandes empresas que estaban en el país, muchas de las cuales eran extranjeras pero les daban trabajo a habitantes del país”, dijo Sergio Ongarato.
“Las políticas nacionales de los últimos años nos acercaron a Rusia, a Cuba, a Irán y a Venezuela, a dictaduras que violan de manera permanente los derechos humanos tanto en América como en otros continentes. Y se tienen que pagar por juicios por la privatización de YPF 16.000 millones de dólares por una empresa que vale 4.000 millones”.
“Los sueldos se caen y suben los planes sociales y la marginalidad, con los problemas que trae como narcotráfico y trata de personas. Y hay 20 millones de personas trabajando de manera informal o semi informal”, agregó.
“En ese contexto está Chubut, una provincia donde se dejaron de pagar sueldos, donde aumentó el gasto público, cuyos proveedores dejaron de pagar al Estado porque no les pagaban. Y con localidades sin servicios”, sumó, y remarcó que ese es el contexto en el que asumió el gobernador “Nacho” Torres.
Por el lado de la bancada opositora Arriba Chubut, el presidente de la misma, Juan Pais, dijo estar “a favor de los regímenes de inversiones, pero no de este”.
Agregó al respecto: “Están a punto de cometer un error histórico que hipoteca en algún punto el futuro de los chubutenses”.
Cuestionó que el RIGI “permite que el gran inversor importe y exporte sin aranceles. Eso genera una competencia desleal”, por lo que planteó “la necesidad de una ley anterior que beneficie a los empresarios locales que invierten en la cuenca y que son los que más empleo y riqueza generan en Chubut”.
Añadió que la Ley Nacional Bases “no permite obligar a que el inversor deba compartir infraestructura, ni siquiera onerosamente. Eso está mal”. Y dijo que el RIGI “habla mucho de inversiones pero poco de ambiente”, por lo que, enfatizó, “Chubut merece un régimen especial de energía eólica, y no esta adhesión nacional”.
En el mismo sentido se expresó Norma Arbilla, quien destacó el régimen de incentivo a las inversiones turísticas aprobada en la Cámara luego del tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo, así como el tratamiento del incentivo a la industria naval. “Tenemos herramientas como provincia para llevar adelante los incentivos que necesitemos”, sostuvo.
El diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, cuestionó “el rápido tratamiento en comisiones de una ley que marca condiciones de inversión por 30 años”.
Este aspecto fue mencionado también por la presidenta del bloque del PICH, Andrea Toro, quien indicó: “Es indiscutible que Argentina y Chubut necesitan atraer inversiones para el desarrollo económico, pero este RIG avasalla las autonomías provinciales”.