El Gobierno derogó la Unidad Especial de Desaparición de Niños en la dictadura
El Gobierno de Javier Milei oficializó hoy la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, y justificó esa decisión en que el rol de ese organismo "violaba la división de poderes".
Esta Unidad del Poder Ejecutivo, creada en 2004 en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, con archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El decreto argumentó que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se señaló que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
"Violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba porque llevaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y violaba atrozmente el derecho a la intimidad de los argentinos", sostuvo al respecto el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Y remarcó que "La existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional".
El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.
A la vez, se subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.
"Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir más nunca más bajo este Gobierno. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial", insistió la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Y señaló que "a su vez, gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas", completó.
Esta Unidad del Poder Ejecutivo, creada en 2004 en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, con archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El decreto argumentó que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se señaló que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
"Violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba porque llevaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y violaba atrozmente el derecho a la intimidad de los argentinos", sostuvo al respecto el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Y remarcó que "La existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional".
El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.
A la vez, se subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.
"Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir más nunca más bajo este Gobierno. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial", insistió la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Y señaló que "a su vez, gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas", completó.