Enriquecimiento: tres juezas suspendieron un juicio para evitar un “escándalo jurídico”
Imputado por la Unidad Anticorrupción, Leonardo Aquilanti había sido absuelto. Pero el Superior anuló ese juicio y este lunes se debía iniciar otro proceso. Ahora un tribunal lo frenó hasta que la Corte Suprema decida sobre un recurso de la defensa.
Por Rolando Tobarez/Redacción Jornada
El nuevo juicio oral y público por el presunto enriquecimiento ilícito contra Leonardo Aquilanti se quedó sin fecha. Las audiencias debían comenzar este lunes a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson, pero las juezas Ivana González, Eve Ponce y Laura Martini suspendieron el debate a pedido de la defensa.
Cuando el Superior Tribunal de Justicia anuló la primera absolución de Aquilanti y ordenó un nuevo juicio, su defensor José Manuel Pendón interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pendón explicó que hay que aguardar esta decisión ya que la Corte podría revocar el fallo del STJ, confirmar la inocencia de su cliente y dejar sin sentido un segundo proceso.
Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, se opuso a la suspensión invocando jurisprudencia según la cual una queja ante la Corte no suspende el trámite. Y que si el STJ ya declaró inadmisible el recurso extraordinario federal, una condena puede ejecutarse.
La defensa de Aquilanti respondió que si el nuevo juicio comienza, se viola el principio de no juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho.
Al decidir, las juezas consideraron que la jurisprudencia que refirió Fiscalía sólo es válida cuando se trata de una condena, “situación muy diferente al caso en análisis”.
Si Aquilanti es sometido a un nuevo debate y en simultáneo la Corte está discutiendo su queja, “se violaría el principio ne bis in idem y la presunción de inocencia”. Si además en pleno juicio el máximo tribunal confirma la absolución original se generaría “un dispendio y escándalo jurídico”.
Se sabe que con su ritmo de trabajo, la decisión de la Corte podría demorar al menos un par de años.
Al exfuncionario le adjudican inmuebles, inversiones financieras, vehículos y viajes que no pudo haber sostenido con los sueldos que ganó en su paso por distintos cargos de la administración pública.
Por Rolando Tobarez/Redacción Jornada
El nuevo juicio oral y público por el presunto enriquecimiento ilícito contra Leonardo Aquilanti se quedó sin fecha. Las audiencias debían comenzar este lunes a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson, pero las juezas Ivana González, Eve Ponce y Laura Martini suspendieron el debate a pedido de la defensa.
Cuando el Superior Tribunal de Justicia anuló la primera absolución de Aquilanti y ordenó un nuevo juicio, su defensor José Manuel Pendón interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pendón explicó que hay que aguardar esta decisión ya que la Corte podría revocar el fallo del STJ, confirmar la inocencia de su cliente y dejar sin sentido un segundo proceso.
Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, se opuso a la suspensión invocando jurisprudencia según la cual una queja ante la Corte no suspende el trámite. Y que si el STJ ya declaró inadmisible el recurso extraordinario federal, una condena puede ejecutarse.
La defensa de Aquilanti respondió que si el nuevo juicio comienza, se viola el principio de no juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho.
Al decidir, las juezas consideraron que la jurisprudencia que refirió Fiscalía sólo es válida cuando se trata de una condena, “situación muy diferente al caso en análisis”.
Si Aquilanti es sometido a un nuevo debate y en simultáneo la Corte está discutiendo su queja, “se violaría el principio ne bis in idem y la presunción de inocencia”. Si además en pleno juicio el máximo tribunal confirma la absolución original se generaría “un dispendio y escándalo jurídico”.
Se sabe que con su ritmo de trabajo, la decisión de la Corte podría demorar al menos un par de años.
Al exfuncionario le adjudican inmuebles, inversiones financieras, vehículos y viajes que no pudo haber sostenido con los sueldos que ganó en su paso por distintos cargos de la administración pública.