“La cárcel es violencia pura y no funciona ni para los adultos”
Jueces, camaristas, defensores y profesores debatieron en la sede Trelew de la UNPSJB sobre la responsabilidad penal de los menores de 18 años que delinquen y reflexionaron sobre la baja de la edad de imputabilidad.
“Un chico de 14 años no se puede ir a la casa sin reparar desde lo social y lo familiar el daño que hace”. Lo advirtió Elbio Ramos, profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad Abierta Interamericana y juez de Menores de Berazategui.
El experto cerró un panel de debate sobre la responsabilidad penal de los menores y la baja de la edad de imputabilidad. Fue el jueves en una repleta aula 27 de la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Ramos recordó que esta discusión se repite desde el alfonsinismo. “Es la noticia inaugural de cada gobierno –graficó-. Pero a los menores hay que sacarlos de la agenda de la seguridad y buscar un nuevo sistema de respuesta para ellos y para las víctimas. La intervención penal y el encierro no dan ninguna respuesta”.
El magistrado atribuyó las conductas violentas de los menores a su “naturaleza adolescente, de un ser en formación que aún tiene respuestas más emotivas que racionales. Y ni hablar del consumo de estupefacientes”. Pero aún así “esto no lo exime de responder por lo que hace. Deben asumir las consecuencias para poder pedir perdón transmitiendo convicción”.
En 2023 en la provincia de Buenos Aires se registró poco más de un millón de casos penales. El 2 % fueron delitos menores protagonizados por menores. “¿Esto justifica la alarma de legisladores y ministros?”.
El especialista admitió la necesidad de discutir un esquema para que los menores de 14 años infractores deban someterse a una medida socioeducativa obligatoria. “Tienen muchas debilidades y déficits personales y la mayoría dejó la escuela secundaria, que ahora te la piden hasta para meter una hamburguesa entre dos panes. Y acuden a estrategias de supervivencia como el cartoneo”.
Ramos advirtió sobre “la maldición del juicio abreviado” donde los imputados aceptan una condena sin debatir pruebas. Y repasó que en el Congreso de la Nación “hay 7 trámites por la baja de la imputabilidad pero 9 trámites por las apuestas online de los jóvenes. O sea que no están tan preocupados por el tema”.
“No hay que meter a los menores en la agenda de la seguridad; si no, no aprendimos nada. Una discusión seria no es sólo para los especialistas”, explicó Ramos, que ironizó sobre la frecuente propuesta de las granjas juveniles. “Piensan que las granjas los recuperan. Pero los chicos urbanos no quieren ir al campo, quieren quedarse en su barrio. La sociedad nos pide `Hagan algo´”.
Minatta, duro
El más vehemente de los mensajes fue de Florencio Minatta, penalista, excamaristas y profesor de Derecho Penal en la UNPSJB. Aunque tenía un texto preparado, casi que improvisó. “Las palabras `Menor´y `Penal´ son universos absolutamente diferentes. No tienen nada que ver, se dan de bruces. No existe un régimen penal de la minoridad, eso una ficción, un delirio y un disparate. A los menores hay que extirparlos de cualquier concepto penal y el Poder Judicial no tiene nada que ver con la prevención”.
Subrayó que los menores son una franja vulnerable como las personas con problemas de salud mental y los pobres. “En la Justicia trabajamos con la cárcel, que es el instrumento más violento, el peor de todos, es un nicho de violación de los derechos. Es violencia pura. No funciona ni para los adultos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo seguiremos con esta lógica?”.
Según Minatta, en los medios y la política ocurren “ataques espasmódicos de Derecho” y se hace “criminología mediática usando un caso de esta semana y si no hay, de la semana pasada. Invitan a jueces, policías, fiscales, que no son criminólogos ni de cerca. La teoría social trabaja con regularidades, no con un caso”.
Insistió con que los menores de 14 años “aún están en formación. Hay que ofrecerles igualdad de trato sin discriminar. La cárcel genera deterioro físico y mental. Es violencia sistemática y planificada y les amputa su proyecto de vida. Saquemos al menor del Derecho Penal”.
El excamarista reclamó una “política de gestión de la conflictividad. El Estado debe absorber el conflicto”. De lo contrario el futuro será “imputar a un bebé porque nos pateó el ojo cuando le cambiábamos el pañal”.
“¿Cómo abordas a un chico de 15 años que está loco por un celular? Lo bombardeamos con que ese teléfono es lo mejor. ¿Y luego qué? La responsabilidad penal no tiene nada que ver con los menores”, subrayó.
Minatta destacó la legislación sobre minoridad de Chubut: “Hay 2 millones de instrumentos y de medidas que no son la cárcel”. E hizo fuerte hincapié en que aunque las leyes de fondo son nacionales, el formato de su aplicación es responsabilidad provincial.
“Pedimos tanta seguridad que ojo cuando te toquen a un familiar, porque ahí vas a querer garantías. Estamos todos monitoreados. Antes de mover la lengua hay que mover el cerebro”, cerró.
Participantes
También habló Lucas Agustín Papini, fiscal de Estado Adjunto de Chubut. Explicó que mientras en Argentina la edad de imputabilidad arranca a los 16 años, en Uruguay, Brasil y Chile es desde los 18, con sistemas para las infracciones por debajo de esa franja.
Reclamó un debate “desligado de sesos ideológicos” aunque advirtió que la discusión es necesaria porque la legislación actual data de los 80 y quedó desfasada por un contexto muy distinto. “Hay que debatir no sólo desde la criminalidad sino desde la educación, la desigualdad y la chance de reinserción social”.
Papini graficó que, por ejemplo, UNICEF pide que la imputabilidad “no sea de menos de 14 años porque más abajo que eso no es un factor determinante para mejorar la inseguridad”.
A su turno, Lucio Brondes, jefe de la Defensa Pública de Puerto Madryn, advirtió que pese al pedido de Papini, “no existen discursos neutros ni despojados del contexto”. Pidió respetar los 16 años como edad de imputabilidad y estar atentos a los
evolución psicológica de niños y adolescentes. “Es una etapa ultratraumática esa etapa y hay que poner el acento en la faz cognitiva, sin reformas esperpénticas. En esto los especialistas son lapidarios”.
Brondes reclamó “dejar de lado el cinismo y la hipocresía; el camino son las medidas políticas porque someterlos al control social no es la solución”.
También intervino Julián Jalil, camarista civil de Puerto Madryn, que abordó en detalle el tema "Acciones de Daños y Perjuicios contra las Personas Menores de Edad que Cometen Delitos y contra sus Progenitores".
Y participó Mariela Panigadi, jueza de Familia, que compartió su perspectiva sobre "La Participación de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Proceso Civil".
“Un chico de 14 años no se puede ir a la casa sin reparar desde lo social y lo familiar el daño que hace”. Lo advirtió Elbio Ramos, profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad Abierta Interamericana y juez de Menores de Berazategui.
El experto cerró un panel de debate sobre la responsabilidad penal de los menores y la baja de la edad de imputabilidad. Fue el jueves en una repleta aula 27 de la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Ramos recordó que esta discusión se repite desde el alfonsinismo. “Es la noticia inaugural de cada gobierno –graficó-. Pero a los menores hay que sacarlos de la agenda de la seguridad y buscar un nuevo sistema de respuesta para ellos y para las víctimas. La intervención penal y el encierro no dan ninguna respuesta”.
El magistrado atribuyó las conductas violentas de los menores a su “naturaleza adolescente, de un ser en formación que aún tiene respuestas más emotivas que racionales. Y ni hablar del consumo de estupefacientes”. Pero aún así “esto no lo exime de responder por lo que hace. Deben asumir las consecuencias para poder pedir perdón transmitiendo convicción”.
En 2023 en la provincia de Buenos Aires se registró poco más de un millón de casos penales. El 2 % fueron delitos menores protagonizados por menores. “¿Esto justifica la alarma de legisladores y ministros?”.
El especialista admitió la necesidad de discutir un esquema para que los menores de 14 años infractores deban someterse a una medida socioeducativa obligatoria. “Tienen muchas debilidades y déficits personales y la mayoría dejó la escuela secundaria, que ahora te la piden hasta para meter una hamburguesa entre dos panes. Y acuden a estrategias de supervivencia como el cartoneo”.
Ramos advirtió sobre “la maldición del juicio abreviado” donde los imputados aceptan una condena sin debatir pruebas. Y repasó que en el Congreso de la Nación “hay 7 trámites por la baja de la imputabilidad pero 9 trámites por las apuestas online de los jóvenes. O sea que no están tan preocupados por el tema”.
“No hay que meter a los menores en la agenda de la seguridad; si no, no aprendimos nada. Una discusión seria no es sólo para los especialistas”, explicó Ramos, que ironizó sobre la frecuente propuesta de las granjas juveniles. “Piensan que las granjas los recuperan. Pero los chicos urbanos no quieren ir al campo, quieren quedarse en su barrio. La sociedad nos pide `Hagan algo´”.
Minatta, duro
El más vehemente de los mensajes fue de Florencio Minatta, penalista, excamaristas y profesor de Derecho Penal en la UNPSJB. Aunque tenía un texto preparado, casi que improvisó. “Las palabras `Menor´y `Penal´ son universos absolutamente diferentes. No tienen nada que ver, se dan de bruces. No existe un régimen penal de la minoridad, eso una ficción, un delirio y un disparate. A los menores hay que extirparlos de cualquier concepto penal y el Poder Judicial no tiene nada que ver con la prevención”.
Subrayó que los menores son una franja vulnerable como las personas con problemas de salud mental y los pobres. “En la Justicia trabajamos con la cárcel, que es el instrumento más violento, el peor de todos, es un nicho de violación de los derechos. Es violencia pura. No funciona ni para los adultos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo seguiremos con esta lógica?”.
Según Minatta, en los medios y la política ocurren “ataques espasmódicos de Derecho” y se hace “criminología mediática usando un caso de esta semana y si no hay, de la semana pasada. Invitan a jueces, policías, fiscales, que no son criminólogos ni de cerca. La teoría social trabaja con regularidades, no con un caso”.
Insistió con que los menores de 14 años “aún están en formación. Hay que ofrecerles igualdad de trato sin discriminar. La cárcel genera deterioro físico y mental. Es violencia sistemática y planificada y les amputa su proyecto de vida. Saquemos al menor del Derecho Penal”.
El excamarista reclamó una “política de gestión de la conflictividad. El Estado debe absorber el conflicto”. De lo contrario el futuro será “imputar a un bebé porque nos pateó el ojo cuando le cambiábamos el pañal”.
“¿Cómo abordas a un chico de 15 años que está loco por un celular? Lo bombardeamos con que ese teléfono es lo mejor. ¿Y luego qué? La responsabilidad penal no tiene nada que ver con los menores”, subrayó.
Minatta destacó la legislación sobre minoridad de Chubut: “Hay 2 millones de instrumentos y de medidas que no son la cárcel”. E hizo fuerte hincapié en que aunque las leyes de fondo son nacionales, el formato de su aplicación es responsabilidad provincial.
“Pedimos tanta seguridad que ojo cuando te toquen a un familiar, porque ahí vas a querer garantías. Estamos todos monitoreados. Antes de mover la lengua hay que mover el cerebro”, cerró.
Participantes
También habló Lucas Agustín Papini, fiscal de Estado Adjunto de Chubut. Explicó que mientras en Argentina la edad de imputabilidad arranca a los 16 años, en Uruguay, Brasil y Chile es desde los 18, con sistemas para las infracciones por debajo de esa franja.
Reclamó un debate “desligado de sesos ideológicos” aunque advirtió que la discusión es necesaria porque la legislación actual data de los 80 y quedó desfasada por un contexto muy distinto. “Hay que debatir no sólo desde la criminalidad sino desde la educación, la desigualdad y la chance de reinserción social”.
Papini graficó que, por ejemplo, UNICEF pide que la imputabilidad “no sea de menos de 14 años porque más abajo que eso no es un factor determinante para mejorar la inseguridad”.
A su turno, Lucio Brondes, jefe de la Defensa Pública de Puerto Madryn, advirtió que pese al pedido de Papini, “no existen discursos neutros ni despojados del contexto”. Pidió respetar los 16 años como edad de imputabilidad y estar atentos a los
evolución psicológica de niños y adolescentes. “Es una etapa ultratraumática esa etapa y hay que poner el acento en la faz cognitiva, sin reformas esperpénticas. En esto los especialistas son lapidarios”.
Brondes reclamó “dejar de lado el cinismo y la hipocresía; el camino son las medidas políticas porque someterlos al control social no es la solución”.
También intervino Julián Jalil, camarista civil de Puerto Madryn, que abordó en detalle el tema "Acciones de Daños y Perjuicios contra las Personas Menores de Edad que Cometen Delitos y contra sus Progenitores".
Y participó Mariela Panigadi, jueza de Familia, que compartió su perspectiva sobre "La Participación de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Proceso Civil".