La Legislatura necesita cirugía mayor
- Por Esteban Gallo
Durante su discurso de asunción, el gobernador Ignacio Torres arremetió contra los vicios de la Legislatura provincial. No fue una sorpresa porque hace un mes atrás, en conferencia de prensa, denunció públicamente una maniobra pergeñada por algunos diputados provinciales que, para sesionar, exigían el nombramiento de algunos familiares a planta permanente.
Algunas medidas fueron anunciadas y se harán efectivas inmediatamente.
Por ejemplo, Torres adelantó que no habrá vehículos oficiales para los legisladores. Es una buena decisión que esos rodados queden a disposición de la policía provincial y de las comunas rurales. A ningún diputado o diputada se le deberían caer los anillos por tener que manejarse en su auto particular o subirse a un taxi, un remise o a un colectivo. De paso, se dan un baño de realidad, que no les vendrá nada mal.
El gobernador anunció también que los diputados van a pagar un alquiler por las casas oficiales en las que residen y que con esa plata se conformará un fondo que se destinará a colaborar con instituciones de bien público.
Otra buena idea. A diputados que cobran entre pitos y flautas casi 3 millones de pesos, no le va mover la aguja pagar un alquiler como paga cualquier hijo de vecino.
APEL también tendrá que poner las barbas en remojo, si “Nacho” Torres y Gustavo Mena, presidente de la Legislatura, cumplen con la promesa de “bajarle el copete” y morigerar el poder que ostentan en la Casa de Leyes.
Mena aseveró en la misma conferencia de prensa de noviembre pasado que el gobierno de la Legislatura le corresponde a los diputados, no al gremio legislativo y que no permitirá que nadie impida la realización de las sesiones legislativas.
Parece una obviedad, pero la realidad indica que en los últimos períodos nadie le ha puesto el cascabel al gato y el gremio de Ángel Sierra, hace y deshace a su antojo.
Tal vez haya llegado la hora de que funcionarios decididos y responsables le marquen la cancha y le hagan entender que su función se circunscribe a defender los derechos de los trabajadores.
En esta cruzada que se anuncia con bombos y platillos, Torres y Mena no se pueden quedar a mitad de camino. La supervisión de tareas debería incluir la performance de los legisladores, acostumbrados a trabajar muy poco.
El slogan tan repetido durante el fin de semana por intendentes, gobernadores y presidentes electos de que “el que no trabaja no cobra” debería incluir también a los diputados de esta provincia.
Corregir el tema de los “ñoquis” en la Legislatura no debería ser un problema para las nuevas autoridades. Hay planillas y ficheros que registran quien entra y quien no entra al edificio. Debe haber un área de Recursos Humanos con toda la información que se necesita para corregir estas situaciones irregulares.
¿Por qué un diputado puede darse el lujo de cobrar íntegramente su sueldo cuando no trabaja? ¿Por qué no se le practican los descuentos que corresponden cuando no asiste a las sesiones legislativas o a las reuniones de comisión?
Esos privilegios también deben ser atacados. Y otros.
¿Sabían ustedes que cada diputado tiene dos asistentes y dos asesores?
Por lo tanto, en una Legislatura de 27 diputados, tenemos 108 personas que trabajan de asistentes y asesores.
El número es un disparate y el desvarío es mayor, porque algunos de ellos ni siquiera van a trabajar. Y no cobran dos mangos con cincuenta.
Si Mena va a ir fondo con el funcionamiento de la Legislatura deberá practicar cirugía mayor y sin anestesia. Sería un mensaje poderoso hacia adentro de la Legislatura y un soplo de aire fresco hacia fuera del terreno legislativo, a una sociedad que necesita de los gestos de la política para volver a creer en la política.
- Por Esteban Gallo
Durante su discurso de asunción, el gobernador Ignacio Torres arremetió contra los vicios de la Legislatura provincial. No fue una sorpresa porque hace un mes atrás, en conferencia de prensa, denunció públicamente una maniobra pergeñada por algunos diputados provinciales que, para sesionar, exigían el nombramiento de algunos familiares a planta permanente.
Algunas medidas fueron anunciadas y se harán efectivas inmediatamente.
Por ejemplo, Torres adelantó que no habrá vehículos oficiales para los legisladores. Es una buena decisión que esos rodados queden a disposición de la policía provincial y de las comunas rurales. A ningún diputado o diputada se le deberían caer los anillos por tener que manejarse en su auto particular o subirse a un taxi, un remise o a un colectivo. De paso, se dan un baño de realidad, que no les vendrá nada mal.
El gobernador anunció también que los diputados van a pagar un alquiler por las casas oficiales en las que residen y que con esa plata se conformará un fondo que se destinará a colaborar con instituciones de bien público.
Otra buena idea. A diputados que cobran entre pitos y flautas casi 3 millones de pesos, no le va mover la aguja pagar un alquiler como paga cualquier hijo de vecino.
APEL también tendrá que poner las barbas en remojo, si “Nacho” Torres y Gustavo Mena, presidente de la Legislatura, cumplen con la promesa de “bajarle el copete” y morigerar el poder que ostentan en la Casa de Leyes.
Mena aseveró en la misma conferencia de prensa de noviembre pasado que el gobierno de la Legislatura le corresponde a los diputados, no al gremio legislativo y que no permitirá que nadie impida la realización de las sesiones legislativas.
Parece una obviedad, pero la realidad indica que en los últimos períodos nadie le ha puesto el cascabel al gato y el gremio de Ángel Sierra, hace y deshace a su antojo.
Tal vez haya llegado la hora de que funcionarios decididos y responsables le marquen la cancha y le hagan entender que su función se circunscribe a defender los derechos de los trabajadores.
En esta cruzada que se anuncia con bombos y platillos, Torres y Mena no se pueden quedar a mitad de camino. La supervisión de tareas debería incluir la performance de los legisladores, acostumbrados a trabajar muy poco.
El slogan tan repetido durante el fin de semana por intendentes, gobernadores y presidentes electos de que “el que no trabaja no cobra” debería incluir también a los diputados de esta provincia.
Corregir el tema de los “ñoquis” en la Legislatura no debería ser un problema para las nuevas autoridades. Hay planillas y ficheros que registran quien entra y quien no entra al edificio. Debe haber un área de Recursos Humanos con toda la información que se necesita para corregir estas situaciones irregulares.
¿Por qué un diputado puede darse el lujo de cobrar íntegramente su sueldo cuando no trabaja? ¿Por qué no se le practican los descuentos que corresponden cuando no asiste a las sesiones legislativas o a las reuniones de comisión?
Esos privilegios también deben ser atacados. Y otros.
¿Sabían ustedes que cada diputado tiene dos asistentes y dos asesores?
Por lo tanto, en una Legislatura de 27 diputados, tenemos 108 personas que trabajan de asistentes y asesores.
El número es un disparate y el desvarío es mayor, porque algunos de ellos ni siquiera van a trabajar. Y no cobran dos mangos con cincuenta.
Si Mena va a ir fondo con el funcionamiento de la Legislatura deberá practicar cirugía mayor y sin anestesia. Sería un mensaje poderoso hacia adentro de la Legislatura y un soplo de aire fresco hacia fuera del terreno legislativo, a una sociedad que necesita de los gestos de la política para volver a creer en la política.