Tras la marcha a Fiscalía de policías y familiares que protestaron por la condena de cuatro años por vejaciones contra dos agentes durante un procedimiento barrial en 2016, la fiscal del caso en Trelew, Julieta Gamarra, dijo que los involucrados tienen “derecho a manifestarse” pero aclaró que circula información tergiversada sobre el episodio donde intervinieron Adrián Rojas y Walter Méndez.
“No hay ninguna cuestión personal con la Policía, al contrario. Siempre trabajo codo a codo con comisarías, División Investigaciones o Científica. Esto ocurrió en diciembre de 2016 y fue un delito ya que se cometió con abuso de funciones y por eso se decidió llevar a juicio y una juez consideró que todo había ocurrido tal cual lo planteó la Fiscalía”.
Cabe recordar que el jefe de Policía César Brandt como su sucesor, Adrián García, rechazaron el fallo. “Hay desinformación del entorno policial de los detalles y la gravedad del hecho. Por eso me extrañó la situación. Policía tiene que ejercer sus funciones pero nunca el Ministerio Público Fiscal va a permitir ilegalidades o abusos”, dijo en Fuera de Hora, por Cadena Tiempo.
“No hay ninguna intención de limitarlos en su actuación, ni ninguna cuestión particular con la Policía. Al contrario. Estas dos personas cometieron un delito. Valoro y respeto la actuación policial. Pero no esto. Esto jamás”, enfatizó la investigadora ante la consulta periodística.
“No había ningún robo previo, lo que se probó en el juicio fue que existió un conflicto entre familias. Lo declararon la víctima y los testigos, lo mismo que dijeron del “bando contrario”, que se había suscitado un conflicto de familias; que la policía intervino aunque nunca se pudo corroborar que la víctima del hecho haya portado un arma o hubiera disparado”. Ningún testigo lo dijo.
A la víctima se le disparó con la escopeta antitumulto cuando ya estaba reducida y esposada, tirada en el piso. “Abusando de la condición policial disparan a muy corta distancia con una arma cuyos cartuchos tienen perdigones que se dispersan. Dispararon sin necesidad de utilizarla y no había ninguna peligrosidad, ni situación que persuadir con esa violencia”, describió.
Según Gamarra, “es importante informar que de las declaraciones de los testigos de Fiscalía como de la defensa no surgió que la víctima haya disparado”. El afectado tenía 19 años y sufrió lesiones graves. “Fue lesionado en su pierna izquierda, le llevó mucho tiempo curarse por la pérdida de tejidos y fue herido en sus genitales. Todavía tiene perdigones en su cuerpo”.
Rojas y Méndez “habían realizado el curso de escopeteros y conocen cómo deben usar ese tipo de armas y que puede ser letal a corta distancia“.
Sin verdad
“En el juicio hicieron referencia a que debían actuar para persuadir. Dieron una versión para beneficiar su situación procesal. La sentencia de la juez Carolina Marín confirma que faltaron a la verdad en su declaración. Dijeron que habían disparado en el exterior del domicilio que era precario con una superficie de 3x4 metros y de la misma declaración incluso de otros policías, surgió que a la víctima le habían disparado dentro de ese pequeño inmueble. Hay que hacer saber a la sociedad qué se resolvió y los detalles para que la información que llegue sea de valor. No es lo que se dice en los medios”.
Gamarra asumió que ningún fiscal dejaría pasar una situación de ilegalidad.
“Como perseguimos la condena de una persona en un barrio marginal, lo mismo tenemos que hacer en el caso de que el que cometa un delito sea un policía. El delito es un delito para un policía como para cualquier otra persona”.
“Un policía tiene que brindarle seguridad a la sociedad y si comete semejante conducta, el reproche es mayor. Por eso, el Código establece penas altas y de ejecución condicional”, concluyó.#
Tras la marcha a Fiscalía de policías y familiares que protestaron por la condena de cuatro años por vejaciones contra dos agentes durante un procedimiento barrial en 2016, la fiscal del caso en Trelew, Julieta Gamarra, dijo que los involucrados tienen “derecho a manifestarse” pero aclaró que circula información tergiversada sobre el episodio donde intervinieron Adrián Rojas y Walter Méndez.
“No hay ninguna cuestión personal con la Policía, al contrario. Siempre trabajo codo a codo con comisarías, División Investigaciones o Científica. Esto ocurrió en diciembre de 2016 y fue un delito ya que se cometió con abuso de funciones y por eso se decidió llevar a juicio y una juez consideró que todo había ocurrido tal cual lo planteó la Fiscalía”.
Cabe recordar que el jefe de Policía César Brandt como su sucesor, Adrián García, rechazaron el fallo. “Hay desinformación del entorno policial de los detalles y la gravedad del hecho. Por eso me extrañó la situación. Policía tiene que ejercer sus funciones pero nunca el Ministerio Público Fiscal va a permitir ilegalidades o abusos”, dijo en Fuera de Hora, por Cadena Tiempo.
“No hay ninguna intención de limitarlos en su actuación, ni ninguna cuestión particular con la Policía. Al contrario. Estas dos personas cometieron un delito. Valoro y respeto la actuación policial. Pero no esto. Esto jamás”, enfatizó la investigadora ante la consulta periodística.
“No había ningún robo previo, lo que se probó en el juicio fue que existió un conflicto entre familias. Lo declararon la víctima y los testigos, lo mismo que dijeron del “bando contrario”, que se había suscitado un conflicto de familias; que la policía intervino aunque nunca se pudo corroborar que la víctima del hecho haya portado un arma o hubiera disparado”. Ningún testigo lo dijo.
A la víctima se le disparó con la escopeta antitumulto cuando ya estaba reducida y esposada, tirada en el piso. “Abusando de la condición policial disparan a muy corta distancia con una arma cuyos cartuchos tienen perdigones que se dispersan. Dispararon sin necesidad de utilizarla y no había ninguna peligrosidad, ni situación que persuadir con esa violencia”, describió.
Según Gamarra, “es importante informar que de las declaraciones de los testigos de Fiscalía como de la defensa no surgió que la víctima haya disparado”. El afectado tenía 19 años y sufrió lesiones graves. “Fue lesionado en su pierna izquierda, le llevó mucho tiempo curarse por la pérdida de tejidos y fue herido en sus genitales. Todavía tiene perdigones en su cuerpo”.
Rojas y Méndez “habían realizado el curso de escopeteros y conocen cómo deben usar ese tipo de armas y que puede ser letal a corta distancia“.
Sin verdad
“En el juicio hicieron referencia a que debían actuar para persuadir. Dieron una versión para beneficiar su situación procesal. La sentencia de la juez Carolina Marín confirma que faltaron a la verdad en su declaración. Dijeron que habían disparado en el exterior del domicilio que era precario con una superficie de 3x4 metros y de la misma declaración incluso de otros policías, surgió que a la víctima le habían disparado dentro de ese pequeño inmueble. Hay que hacer saber a la sociedad qué se resolvió y los detalles para que la información que llegue sea de valor. No es lo que se dice en los medios”.
Gamarra asumió que ningún fiscal dejaría pasar una situación de ilegalidad.
“Como perseguimos la condena de una persona en un barrio marginal, lo mismo tenemos que hacer en el caso de que el que cometa un delito sea un policía. El delito es un delito para un policía como para cualquier otra persona”.
“Un policía tiene que brindarle seguridad a la sociedad y si comete semejante conducta, el reproche es mayor. Por eso, el Código establece penas altas y de ejecución condicional”, concluyó.#