El fallo para no extraditar a Bravo no se puede apelar pero aún queda una chance para juzgarlo

El fallo del juez de EE.UU. Edwin Torres, que rechazó la extradición del teniente retirado Roberto Bravo para ser juzgado en Rawson por la Masacre de Trelew, es inapelable. El dato lo confirmó Eduardo Hualpa, quien fuera abogado de la querella que representó a las víctimas en el juicio en 2012.

“Lo que resolvió el juez de Miami que tenía la extradición es el rechazo a este pedido y no se puede plantear ningún recurso contra eso, lo que implica que no vamos a poder obligar a Bravo a estar en Rawson, respondiendo por los crímenes del 72. Esto era largamente esperado por las familias y es una mala noticia”, dijo en Cadena Tiempo.

Aclaró que tal decisión no resulta “recurrible” en ningún caso aunque quedan abiertas otras instancias legales. “El año pasado estuvimos en Miami junto al equipo de la CJA y el CELS trabajando una demanda civil contra Bravo, que sería una forma de responsabilizarlo, y fue condenado aunque están pendientes algunas instancias de revisión de su condena civil”.

Por otro lado, en la propia sentencia del juez Torres, de 80 páginas y en inglés, “se menciona que Bravo podría ser juzgado penalmente en Estado Unidos, cosa que no hemos estudiado todavía. Parece novedoso lo que plantea y vamos a trabajar para evaluar esa posibilidad también”, dijo el abogado de Trelew.

“Torres analizó la prueba y los hechos y a diferencia de la primera extradición, donde consideraban que no había causa probable, acá si la consideraban. Después avanzaron sobre la interpretación que hay en EE.UU. respecto de otro requisito, interpretaciones muy limitadas del tratado de extradición que hay con Argentina. Y esto tiene que ver con una política de limitar las extradiciones de sus connacionales”.

Según Hualpa, el juez en su fallo “no tomó en cuenta los argumentos, las pruebas y condenas, pero hay que aceptar que ésta es la decisión y que no hay otra oportunidad para plantearlo. Torres manifiesta su empatía con las víctimas, reconociendo la gravedad de los hechos y el sufrimiento, hay un esfuerzo para explicar por qué pese a todo, no hizo lugar a la extradición”, explicó el abogado.

Respecto al juicio civil contra Bravo para lograr una indemnización a algunos de los familiares, recordó que “el jurado popular lo encontró responsable de los hechos y se lo condenó a pagar alrededor de 20 millones de dólares y eso todavía está en una instancia de apelación de parte de la sentencia”.

El teniente Bravo era un oficial de alta jerarquía, encargado de la vigilancia de los detenidos en el calabozo de la Base Almirante Zar en 1972. Diecinueve militantes que habían intentado fugarse del penal federal de Rawson fueron apresados y llevados a la Base. El teniente tenía responsabilidad sobre los presos y según quedó probado, efectuó los tiros de remate en la madrugada del 22 de agosto y participó de la balacera que derivó en las heridas graves de los tres sobrevivientes.

Ante la Justicia estadounidense, Bravo sostuvo la teoría de un intento de fuga que hubo que sofocar. “Esto quedó completamente desacreditado por parte del Tribunal popular de EE.UU. Él reconoció por primera vez en la audiencia en Miami que disparó contra los detenidos y lo contó como un intento de reprimir esa fuga. Eso se consideró inverosímil y en cambio cobró fuerza que había una decisión de dar una señal con los asesinatos por parte de un gobierno que había quedado muy expuesto por esa fuga. Una especie de revancha y demostración de fortaleza”, reconoció Hualpa.

“La esperanza de que fuera extraditado era real. Había expectativa porque las pruebas eran importantes. También se sabía que es un tribunal de otro país, que tiene otro marco para decir”, agregó.

Hualpa cuestionó los tiempos que se tomaron para decidir y la demora del juez en sentenciar. “Los familiares supieron que estaban las dos posibilidades. La esperanza no se pierde, porque todavía quedan caminos para intentar traer a Bravo a Argentina o para evaluar su juzgamiento en Estados Unidos”.

Respecto a esta posibilidad, implicaría declaraciones hechas por Bravo al gestionar su ingreso al país como ciudadano norteamericano donde omitió reconocer en el formulario que “era perseguido penalmente y dijo que no tenía ninguna cuenta pendiente con la Justicia de Argentina”.

“Eso se le pregunta a todas las personas y podría ser un causal para revisar su pertenencia. Es un resorte que puede trabajar el Departamento de Estado”.

Hualpa explicó que el juicio de Miami lo “expuso” ante la Justicia de EE.UU. y se logró “sacarlo de las sombras”, mostrando su cara tras vivir 50 años sin inconvenientes a pesar de las cuentas pendientes en la Argentina.

Bravo recibió protección desde 1973 hasta la fecha. “Fundó una empresa con la que vendía insumos médicos al Departamento de Estado y al Área de Defensa. Con eso se hizo millonario aunque en el juicio trató de mostrar que tenía una pyme. No cualquiera vende a estos organismos, lo que demuestra el nivel y el peso de sus contactos. Hay sospechas de que algunos militares aportaron sus conocimientos para instruir en interrogatorios a fuerzas militares de otros países”, explicó.

Hualpa recordó que en el juicio civil en Miami percibió al militar retirado como “imperturbable y completamente insensible” ante el llanto de los testigos. “En ningún momento notamos un gesto o una mueca. Estaba como anestesiado, no sé si era su estrategia o su propio carácter. Durante los cinco días del juicio compartimos espacios, el baño y el salón cuando había un cuarto intermedio; entrábamos y salíamos por la misma puerta. Eso era fuerte para Raquel y Eduardo Capello, dos familiares que hicieron el juicio. Bravo cumplió 80 años pero no tiene la postura de un abuelito” describió.#