Por Rolando Tobarez / @rtobarez
La Provincia deberá pagarle 184.384,58 dólares canadienses a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por una boya de investigación oceanográfica que la ciudad petrolera le cedió en comodato pero el Gobierno le devolvió destrozada. Es un fallo de primera instancia que la Cámara Civil de Apelaciones sureña confirmó.
El 31 de enero de 2014 ambos Estados firmaron un contrato por el cual la Agencia Comodoro Conocimiento entregó la boya instrumental “Comodoro I”, nueva y en perfecto estado, para usar en las investigaciones de la Campaña Oceanográfica del Coriollis II en el Golfo San Jorge. La cesión sería hasta el 15 de marzo de 2014.
Provincia se comprometió a devolverla en perfectas condiciones operativas y de comunicación. El aparato era de origen canadiense. Se instaló en una zona de 100 metros de profundidad para recoger datos.
El 5 de febrero de 2014, el ingeniero Rómulo Alcoleas, del grupo de investigación en Procesamiento de la Información y Sensores de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” -que participaba en la Campaña- advirtió en un informe un alerta por el desvío de la boya. Se había soltado del sistema de fondeo y estaba a la deriva a 21 kilómetros de su posición original. Sólo su parte electrónica funcionaba y así la ubicaron con antenas.
La rastrearon. Según un informe de la Prefectura, el pesquero “Tango I” intentó recuperarla pero el clima lo impidió. En esa maniobra frustrada de remolque, la boya golpeó contra el buque y rompió sus sensores y antenas. Cayeron sobre la cubierta. El 6 de febrero otro barco, el Coriollis II, la amarró, la izó y la llevó a puerto.
El 10 de febrero la peritó el Grupo de Investigación en Procesamiento de la Información y Sensores de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB. El aparato tenía daños graves y ya no servía.
Las 31 fotos documentaron que la boya estaba deformada, retorcida y cortada, sin los instrumentos de aire. Tenía cables cortados y faltaban dos de los tres paneles solares para carga de baterías. Nunca se determinó la causa de su deriva.
La Municipalidad la guardó en un depósito. Luego reclamó su reparación y detalló los daños.
El entonces subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia, Santiago Miguelez, alegó que Provincia estaba investigando el siniestro, evaluando los daños y averiguando el costo de la reparación y reemplazo de los componentes dañados. Pidió prorrogar el comodato y prometió mantener informado al municipio. Además pidió cotización para una boya de reemplazo.
Comodoro requirió a SYGIF, la empresa que había construido la boya, un presupuesto de los componentes dañados. Se lo envió a Provincia. Hubo tres reclamos más en septiembre y octubre de 2014, y en agosto de 2015. Nunca hubo respuesta ni reparación ni pago alguno.
El comodato lo habían firmado el gobernador Martín Buzzi y el intendente Néstor Di Pierro.
El último peritaje fue en diciembre de 2021, a cargo del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB. Concluyó que la integridad de la boya, su flotabilidad y funcionamiento nunca se comprobó porque no llegó el subsidio provincial. Y que desde marzo de 2014 nadie la había revisado nunca más y se desconocía su estado actual, por tanto no se sabe si se puede reparar. Ese informe sugirió su reemplazo.
Para evaluar los daños, la boya debió haber sido enviada a los fabricantes para su verificación, calibración y posible reparación, con gastos de transporte y seguros. Nunca se hizo. Y ese modelo de boya ya no se construye.
Sólo hubo un borrador de la carta de intención de Provincia y municipio para solucionar el caso, sea reparación o una boya nueva. Pero no se buscó la causa del siniestro. Hoy no se sabe dónde quedó el aparato.
La Justicia Civil de Comodoro hizo lugar a la demanda y por incumplir el contrato, Provincia pagará 184.384,58 dólares canadienses en concepto de materiales de reparación, mano de obra y transporte. Son poco más de $ 47 millones. La condena sumará intereses a una tasa del 7% anual desde febrero de 2014, fecha del episodio.
A la sentencia la firmaron los camaristas Ricardo Hayes, Verónica Robert y Manuel Pis Diez.#
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
La Provincia deberá pagarle 184.384,58 dólares canadienses a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por una boya de investigación oceanográfica que la ciudad petrolera le cedió en comodato pero el Gobierno le devolvió destrozada. Es un fallo de primera instancia que la Cámara Civil de Apelaciones sureña confirmó.
El 31 de enero de 2014 ambos Estados firmaron un contrato por el cual la Agencia Comodoro Conocimiento entregó la boya instrumental “Comodoro I”, nueva y en perfecto estado, para usar en las investigaciones de la Campaña Oceanográfica del Coriollis II en el Golfo San Jorge. La cesión sería hasta el 15 de marzo de 2014.
Provincia se comprometió a devolverla en perfectas condiciones operativas y de comunicación. El aparato era de origen canadiense. Se instaló en una zona de 100 metros de profundidad para recoger datos.
El 5 de febrero de 2014, el ingeniero Rómulo Alcoleas, del grupo de investigación en Procesamiento de la Información y Sensores de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” -que participaba en la Campaña- advirtió en un informe un alerta por el desvío de la boya. Se había soltado del sistema de fondeo y estaba a la deriva a 21 kilómetros de su posición original. Sólo su parte electrónica funcionaba y así la ubicaron con antenas.
La rastrearon. Según un informe de la Prefectura, el pesquero “Tango I” intentó recuperarla pero el clima lo impidió. En esa maniobra frustrada de remolque, la boya golpeó contra el buque y rompió sus sensores y antenas. Cayeron sobre la cubierta. El 6 de febrero otro barco, el Coriollis II, la amarró, la izó y la llevó a puerto.
El 10 de febrero la peritó el Grupo de Investigación en Procesamiento de la Información y Sensores de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB. El aparato tenía daños graves y ya no servía.
Las 31 fotos documentaron que la boya estaba deformada, retorcida y cortada, sin los instrumentos de aire. Tenía cables cortados y faltaban dos de los tres paneles solares para carga de baterías. Nunca se determinó la causa de su deriva.
La Municipalidad la guardó en un depósito. Luego reclamó su reparación y detalló los daños.
El entonces subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia, Santiago Miguelez, alegó que Provincia estaba investigando el siniestro, evaluando los daños y averiguando el costo de la reparación y reemplazo de los componentes dañados. Pidió prorrogar el comodato y prometió mantener informado al municipio. Además pidió cotización para una boya de reemplazo.
Comodoro requirió a SYGIF, la empresa que había construido la boya, un presupuesto de los componentes dañados. Se lo envió a Provincia. Hubo tres reclamos más en septiembre y octubre de 2014, y en agosto de 2015. Nunca hubo respuesta ni reparación ni pago alguno.
El comodato lo habían firmado el gobernador Martín Buzzi y el intendente Néstor Di Pierro.
El último peritaje fue en diciembre de 2021, a cargo del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB. Concluyó que la integridad de la boya, su flotabilidad y funcionamiento nunca se comprobó porque no llegó el subsidio provincial. Y que desde marzo de 2014 nadie la había revisado nunca más y se desconocía su estado actual, por tanto no se sabe si se puede reparar. Ese informe sugirió su reemplazo.
Para evaluar los daños, la boya debió haber sido enviada a los fabricantes para su verificación, calibración y posible reparación, con gastos de transporte y seguros. Nunca se hizo. Y ese modelo de boya ya no se construye.
Sólo hubo un borrador de la carta de intención de Provincia y municipio para solucionar el caso, sea reparación o una boya nueva. Pero no se buscó la causa del siniestro. Hoy no se sabe dónde quedó el aparato.
La Justicia Civil de Comodoro hizo lugar a la demanda y por incumplir el contrato, Provincia pagará 184.384,58 dólares canadienses en concepto de materiales de reparación, mano de obra y transporte. Son poco más de $ 47 millones. La condena sumará intereses a una tasa del 7% anual desde febrero de 2014, fecha del episodio.
A la sentencia la firmaron los camaristas Ricardo Hayes, Verónica Robert y Manuel Pis Diez.#