Cierre de Pardelas: pescadores y vecinos recurrieron a la Defensora del Pueblo
Piden que se investigue la inacción del Ministerio de Turismo y que se lo exhorte a retirar todo obstáculo que impide el acceso a la playa. La funcionaria presentará un pedido de informes.
Un grupo de vecinos chubutenses que reclaman la reapertura de Punta Pardelas, pidieron formalmente la intervención de la Defensora del Pueblo, Claudia Bard. El pedido cuenta con el aval de 1.200 firmas de ciudadanos de toda la provincia.
Además, representantes de los Pescadores Artesanales y directivos de los clubes de pesca de la comarca mantuvieron una extensa reunión con la Defensora en la oficina ubicada en la Legislatura Provincial.
En la nota, los firmantes sostienen que el Ministerio de Turismo de la Provincia no hizo lo insuficiente para evitar el cierre de Playa Pardelas que en la actualidad está cerrada con tranquera y candado.
Los vecinos hacen mención a leyes nacionales y provinciales que indican que los caminos de utilidad pública no se pueden cerrar y que los propietarios de los campos no deben obstaculizar el acceso de los ciudadanos a las playas.
Puntualmente, los firmantes solicitan en el petitorio que se investigue quienes fueron los autores y/o partícipes del cierre del camino a Punta Pardelas, la inactividad y/o gestión ineficaz de la autoridad de aplicación relacionada con el cierre del camino y el mantenimiento de los obstáculos de ingreso y que se exhorte a la autoridad de aplicación a cumplir con la ley, retirando todo obstáculo que impida el ingreso a la Playa de Punta Pardelas.
Compromiso de Bard
La Defensora del Pueblo informó que, en los próximos días, presentará un pedido de informes al Ministerio de Turismo para que explicite la fecha de cierre de la playa, los fundamentos por los cuales se cerró y las acciones realizadas para que la situación vuelva al estado anterior.
Bard indicó que “apelamos a la posibilidad de una comunicación entre las partes involucradas con el objetivo de llegar a una solución que contenga a los sectores”.
La funcionaria aclaró que “tenemos competencia sobre el accionar del Estado, no del privado” y reveló que en el caso de que se comprobara que las autoridades provinciales están incumpliendo leyes provinciales y nacionales, está facultada para pedir la intervención del Procurador General y solicitar una la investigación penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un grupo de vecinos chubutenses que reclaman la reapertura de Punta Pardelas, pidieron formalmente la intervención de la Defensora del Pueblo, Claudia Bard. El pedido cuenta con el aval de 1.200 firmas de ciudadanos de toda la provincia.
Además, representantes de los Pescadores Artesanales y directivos de los clubes de pesca de la comarca mantuvieron una extensa reunión con la Defensora en la oficina ubicada en la Legislatura Provincial.
En la nota, los firmantes sostienen que el Ministerio de Turismo de la Provincia no hizo lo insuficiente para evitar el cierre de Playa Pardelas que en la actualidad está cerrada con tranquera y candado.
Los vecinos hacen mención a leyes nacionales y provinciales que indican que los caminos de utilidad pública no se pueden cerrar y que los propietarios de los campos no deben obstaculizar el acceso de los ciudadanos a las playas.
Puntualmente, los firmantes solicitan en el petitorio que se investigue quienes fueron los autores y/o partícipes del cierre del camino a Punta Pardelas, la inactividad y/o gestión ineficaz de la autoridad de aplicación relacionada con el cierre del camino y el mantenimiento de los obstáculos de ingreso y que se exhorte a la autoridad de aplicación a cumplir con la ley, retirando todo obstáculo que impida el ingreso a la Playa de Punta Pardelas.
Compromiso de Bard
La Defensora del Pueblo informó que, en los próximos días, presentará un pedido de informes al Ministerio de Turismo para que explicite la fecha de cierre de la playa, los fundamentos por los cuales se cerró y las acciones realizadas para que la situación vuelva al estado anterior.
Bard indicó que “apelamos a la posibilidad de una comunicación entre las partes involucradas con el objetivo de llegar a una solución que contenga a los sectores”.
La funcionaria aclaró que “tenemos competencia sobre el accionar del Estado, no del privado” y reveló que en el caso de que se comprobara que las autoridades provinciales están incumpliendo leyes provinciales y nacionales, está facultada para pedir la intervención del Procurador General y solicitar una la investigación penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.