La fiscalía rusa declara a Greenpeace organización "indeseable"
La fiscalía rusa declaró hoy a Greenpeace como una organización "indeseable" y la acusó de que sus actividades "representan una amenaza para los cimientos del orden constitucional y la seguridad", lo que de facto prohíbe sus actividades en el país.
A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que la ONG camufla con "actividades ambientales" una verdadera posición política e "intentos de interferir en los asuntos internos del Estado", con un claro objetivo de "socavar las bases económicas" de Rusia.
La Oficina del Fiscal General acusó a la organización ambientalista de lanzar campañas destinadas a difundir "una opinión negativa" y "obstruir la implementación de programas estatales rusos" que en realidad "son beneficiosos" para el país.
Asimismo, consideró que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Greenpeace difundió "propaganda antirrusa" e impulsó "un mayor aislamiento económico" y el endurecimiento de las sanciones internacionales, consignó la agencia de noticias Europa Press.
El Ministerio Público remitió esta decisión al Ministerio de Justicia de Rusia para que incluya a Greenpeace en el listado de ONG internacionales cuyas actividades son reconocidas como "indeseables" en el territorio ruso y quedan prohibidas de funcionar.
La ley rusa permite limitar e incluso prohibir las actividades de organizaciones en base a consideraciones relativas al origen de sus fondos o a la actividad que desempeñan dentro del país, especialmente si se entiende que su labor es contraria a los intereses del Estado o ponen en riesgo la seguridad nacional.
La filial rusa de Greenpeace, inaugurada en 1992, lleva a cabo operaciones en el país para concienciar sobre el cambio climático, combatir los incendios forestales, la contaminación y preservar especies animales en peligro de extinción.
Mantuvo su actividad en Rusia a pesar de la creciente represión sobre las ONG tras la invasión a Ucrania, y siguió reclamando mayores compromisos en materia medioambiental, con denuncias que, por ejemplo, tienen que ver con el estado del lago Baikal, situado en la zona de Siberia.
A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que la ONG camufla con "actividades ambientales" una verdadera posición política e "intentos de interferir en los asuntos internos del Estado", con un claro objetivo de "socavar las bases económicas" de Rusia.
La Oficina del Fiscal General acusó a la organización ambientalista de lanzar campañas destinadas a difundir "una opinión negativa" y "obstruir la implementación de programas estatales rusos" que en realidad "son beneficiosos" para el país.
Asimismo, consideró que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Greenpeace difundió "propaganda antirrusa" e impulsó "un mayor aislamiento económico" y el endurecimiento de las sanciones internacionales, consignó la agencia de noticias Europa Press.
El Ministerio Público remitió esta decisión al Ministerio de Justicia de Rusia para que incluya a Greenpeace en el listado de ONG internacionales cuyas actividades son reconocidas como "indeseables" en el territorio ruso y quedan prohibidas de funcionar.
La ley rusa permite limitar e incluso prohibir las actividades de organizaciones en base a consideraciones relativas al origen de sus fondos o a la actividad que desempeñan dentro del país, especialmente si se entiende que su labor es contraria a los intereses del Estado o ponen en riesgo la seguridad nacional.
La filial rusa de Greenpeace, inaugurada en 1992, lleva a cabo operaciones en el país para concienciar sobre el cambio climático, combatir los incendios forestales, la contaminación y preservar especies animales en peligro de extinción.
Mantuvo su actividad en Rusia a pesar de la creciente represión sobre las ONG tras la invasión a Ucrania, y siguió reclamando mayores compromisos en materia medioambiental, con denuncias que, por ejemplo, tienen que ver con el estado del lago Baikal, situado en la zona de Siberia.