El diputado provincial Manuel Pagliaroni, de Juntos por el Cambio, también cuestionó los permisos derivados de la aprobación de la Ley de Pesca y su direccionamiento a empresas ligadas a la actividad en Rawson. Sobre la denuncia de posibles dádivas a legisladores que sancionaron este proyecto advirtió: “No puedo poner las cosas en duda. En mis siete años de diputado nunca vi ni presencié ni me sugirieron un interés o una dádiva para aprobar un proyecto. Si lo viera iría yo mismo a denunciarlo”.
“Decir esto es de una gravedad extrema, puedo entender que haya cuestiones políticas, que se vote con más o menos convencimiento”, planteó Pagliaroni. “Era una norma que había que seguir discutiendo. Desde el proyecto original se había modificado por pedido de la mayoría de los diputados que los permisos no fueran a perpetuidad. Había otras posibilidades, por ejemplo, licitar todos los permisos y no sólo estos seis en cuestión. Todos los anteriores no tienen una superegularidad en cuanto a su otorgamiento porque todos se entregaron a dedo en los últimos 20 años porque así la ley lo permitía. En esa materia se puede ser más exigente y de eso, no hay ninguna duda”.
Pagliaroni reconoció un incremento sustancial en la actividad pesquera y del mismo modo, asumió que la industria debería dejar un beneficio mayor a la Provincia. “Han dejado muy poco, casi nada al Estado e inclusive a las propias ciudades. Ni en Rawson, ni Camarones ni en Puerto Madryn han generado un plus o una riqueza adicional a la localidad”.
Aceptó que cuando se plantean dudas respecto a una normativa, quien se sienta afectado puede reclamar administrativamente o por la vía judicial. “Muchas veces se han corregido errores que se han cometido desde Legislatura o el Ejecutivo. Está bien que si alguien se considera perjudicado, recurra a la Justicia. Aplaudo aquel que ante una afectación, recurra a dónde deba hacerlo”.
Según Pagliaroni la Ley no requería de un tratamiento urgente ya que podría haberse aprobado en abril o en mayo de 2023 porque “no se cambiaba nada”. E insistió en la necesidad de plantear un tema de fondo, que es la licitación de la totalidad de los permisos otorgados como una forma de regularizar la actividad pesquera.
“Debe haber un aporte impositivo que no represente recargar por recargar. Los barcos pagan el dos por ciento sobre la captura y es ridículo. Las empresas se escandalizaron y terminaron no reconociendo el Fondo Ambiental, dejando de pagar $ 1.500 millones que se iban a destinar a municipios y otra parte a Provincia. Y se escudaron en los trabajadores para no pagarlo. Lo que se recauda en pesca o petróleo es para toda la provincia, no solamente para los lugares en donde se explota. Lo que cada actividad deba aportar, debe hacerlo”, remarcó en Cadena Tiempo.
El legislador reconoció que el sector privado “bien controlado” por el Estado, es eficiente. “No es que los empresarios se crean los dueños del recurso y de opinar sobre los permisos o sobre lo que ellos quieren o no pagar. El cien por ciento del recurso es el Estado y ellos por invertir, pueden llevarse una parte aunque la ecuación siempre se pone al revés”.
“Faltan controles en la pesca y a las salidas–dijo Pagliaroni- porque hasta se tiran al mar, productos ya pescados según se ve en algunos videos. Hay que hacer un sistema más completo con un rol efectivo que debe cumplir la Secretaría de Pesca que hoy es muy pobre. El actual secretario es un mal funcionario; no veo que se ocupe de los problemas del sector, ni mucho menos de proponer mejoras”.
Y propuso que las nuevas autoridades provinciales se reúnan con los trabajadores, los empresarios y el propio Estado. “Hay mucha gente comprometida con su actividad porque en muchos casos, defienden sus fuentes laborales y lograr algo conveniente para los privados porque para eso invierten entendiendo que al dueño del recurso le quede para repartir entre todos los chubutenses”, finalizó.#
El diputado provincial Manuel Pagliaroni, de Juntos por el Cambio, también cuestionó los permisos derivados de la aprobación de la Ley de Pesca y su direccionamiento a empresas ligadas a la actividad en Rawson. Sobre la denuncia de posibles dádivas a legisladores que sancionaron este proyecto advirtió: “No puedo poner las cosas en duda. En mis siete años de diputado nunca vi ni presencié ni me sugirieron un interés o una dádiva para aprobar un proyecto. Si lo viera iría yo mismo a denunciarlo”.
“Decir esto es de una gravedad extrema, puedo entender que haya cuestiones políticas, que se vote con más o menos convencimiento”, planteó Pagliaroni. “Era una norma que había que seguir discutiendo. Desde el proyecto original se había modificado por pedido de la mayoría de los diputados que los permisos no fueran a perpetuidad. Había otras posibilidades, por ejemplo, licitar todos los permisos y no sólo estos seis en cuestión. Todos los anteriores no tienen una superegularidad en cuanto a su otorgamiento porque todos se entregaron a dedo en los últimos 20 años porque así la ley lo permitía. En esa materia se puede ser más exigente y de eso, no hay ninguna duda”.
Pagliaroni reconoció un incremento sustancial en la actividad pesquera y del mismo modo, asumió que la industria debería dejar un beneficio mayor a la Provincia. “Han dejado muy poco, casi nada al Estado e inclusive a las propias ciudades. Ni en Rawson, ni Camarones ni en Puerto Madryn han generado un plus o una riqueza adicional a la localidad”.
Aceptó que cuando se plantean dudas respecto a una normativa, quien se sienta afectado puede reclamar administrativamente o por la vía judicial. “Muchas veces se han corregido errores que se han cometido desde Legislatura o el Ejecutivo. Está bien que si alguien se considera perjudicado, recurra a la Justicia. Aplaudo aquel que ante una afectación, recurra a dónde deba hacerlo”.
Según Pagliaroni la Ley no requería de un tratamiento urgente ya que podría haberse aprobado en abril o en mayo de 2023 porque “no se cambiaba nada”. E insistió en la necesidad de plantear un tema de fondo, que es la licitación de la totalidad de los permisos otorgados como una forma de regularizar la actividad pesquera.
“Debe haber un aporte impositivo que no represente recargar por recargar. Los barcos pagan el dos por ciento sobre la captura y es ridículo. Las empresas se escandalizaron y terminaron no reconociendo el Fondo Ambiental, dejando de pagar $ 1.500 millones que se iban a destinar a municipios y otra parte a Provincia. Y se escudaron en los trabajadores para no pagarlo. Lo que se recauda en pesca o petróleo es para toda la provincia, no solamente para los lugares en donde se explota. Lo que cada actividad deba aportar, debe hacerlo”, remarcó en Cadena Tiempo.
El legislador reconoció que el sector privado “bien controlado” por el Estado, es eficiente. “No es que los empresarios se crean los dueños del recurso y de opinar sobre los permisos o sobre lo que ellos quieren o no pagar. El cien por ciento del recurso es el Estado y ellos por invertir, pueden llevarse una parte aunque la ecuación siempre se pone al revés”.
“Faltan controles en la pesca y a las salidas–dijo Pagliaroni- porque hasta se tiran al mar, productos ya pescados según se ve en algunos videos. Hay que hacer un sistema más completo con un rol efectivo que debe cumplir la Secretaría de Pesca que hoy es muy pobre. El actual secretario es un mal funcionario; no veo que se ocupe de los problemas del sector, ni mucho menos de proponer mejoras”.
Y propuso que las nuevas autoridades provinciales se reúnan con los trabajadores, los empresarios y el propio Estado. “Hay mucha gente comprometida con su actividad porque en muchos casos, defienden sus fuentes laborales y lograr algo conveniente para los privados porque para eso invierten entendiendo que al dueño del recurso le quede para repartir entre todos los chubutenses”, finalizó.#