Dictaron la falta de mérito a Rafael Williams en una causa federal
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de más de 40 intendentes por administración fraudulenta en una causa por el uso de fondos del GIRSU entre 2013 y 2015. También Gabriel Salazar, exjefe comunal de Río Mayo fue beneficiado por la resolución.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvió confirmar el procesamiento de más de 40 intendentes en el marco de una causa que investiga delitos por administración fraudulenta en perjuidicio de la administración pública.
Se trata de una causa vinculada a los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos por la que más de 90 intendentes fueron procesados, pero al tiempo que se confirmó el procesamiento de varios de los imputados, también se declaró la falta de mérito para una cantidad similar.
Entre los dirigentes a los cuales se les dictó la falta de mérito en esta causa está el exintendente de Esquel y diputado provincial electo Rafael Williams.
En los considerandos de la resolución adoptada por los jueces de la Cámara Federal, se señala que “En Esquel los auditores corroboraron el avance de las obras, pero el juez entendió como gastos ajenos al acuerdo, y en consecuencia, como desvíos delictivos, a las inversiones en un acoplado, en materiales de embalaje, en elementos de cocina –cuyo incremento fue justificado en el mayor empleo de mano de obra-, en fletes y en el alquiler de una retro-pala”.
Williams y otros 91 intendentes fueron procesados en febrero de este año por el Juez Claudio Bonadio, como integrantes de un esquema delictivo a que dieron lugar los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos–PMGIRSU-.
La decisión fue recurrida por los abogados de distintos imputados y ahora se resolvió confirmar de manera parcial el procesamiento de 40 imputados y declarar la falta de mérito para una cantidad similar
En el tercer punto de la parte resolutiva, los camaristas decidieron “revocar parcialmente el punto dispositivo I de la misma decisión en cuanto ordenó los procesamientos” de un grupo de 43 intendentes, entre los que se encuentran Rafael Williams (Esquel) y Pablo Gabriel Salazar (Río Mayo).
La causa instruida por Bonadío comenzó con una denuncia en el año 2016 del Ministerio de Medio Ambiente que conducía Bergman tras una auditoría sobre los fondos del programa GIRSU, que determinó que entre el 2013 y 2015 el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”, según se expresa.
La denuncia original se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa.
En ese marco se pidió el relevamiento del resto de los expedientes y así fue como el análisis alcanzó a 120 municipios y de acuerdo a los datos conocidos de la investigación, alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un “mapa crítico” para identificar lugares “vulnerables”; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvió confirmar el procesamiento de más de 40 intendentes en el marco de una causa que investiga delitos por administración fraudulenta en perjuidicio de la administración pública.
Se trata de una causa vinculada a los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos por la que más de 90 intendentes fueron procesados, pero al tiempo que se confirmó el procesamiento de varios de los imputados, también se declaró la falta de mérito para una cantidad similar.
Entre los dirigentes a los cuales se les dictó la falta de mérito en esta causa está el exintendente de Esquel y diputado provincial electo Rafael Williams.
En los considerandos de la resolución adoptada por los jueces de la Cámara Federal, se señala que “En Esquel los auditores corroboraron el avance de las obras, pero el juez entendió como gastos ajenos al acuerdo, y en consecuencia, como desvíos delictivos, a las inversiones en un acoplado, en materiales de embalaje, en elementos de cocina –cuyo incremento fue justificado en el mayor empleo de mano de obra-, en fletes y en el alquiler de una retro-pala”.
Williams y otros 91 intendentes fueron procesados en febrero de este año por el Juez Claudio Bonadio, como integrantes de un esquema delictivo a que dieron lugar los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos–PMGIRSU-.
La decisión fue recurrida por los abogados de distintos imputados y ahora se resolvió confirmar de manera parcial el procesamiento de 40 imputados y declarar la falta de mérito para una cantidad similar
En el tercer punto de la parte resolutiva, los camaristas decidieron “revocar parcialmente el punto dispositivo I de la misma decisión en cuanto ordenó los procesamientos” de un grupo de 43 intendentes, entre los que se encuentran Rafael Williams (Esquel) y Pablo Gabriel Salazar (Río Mayo).
La causa instruida por Bonadío comenzó con una denuncia en el año 2016 del Ministerio de Medio Ambiente que conducía Bergman tras una auditoría sobre los fondos del programa GIRSU, que determinó que entre el 2013 y 2015 el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”, según se expresa.
La denuncia original se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa.
En ese marco se pidió el relevamiento del resto de los expedientes y así fue como el análisis alcanzó a 120 municipios y de acuerdo a los datos conocidos de la investigación, alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un “mapa crítico” para identificar lugares “vulnerables”; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.