Hoy a las 9 será la audiencia donde se definirá si van a juicio oral y público la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y los integrantes del Comité de Intervención de Alpesca, Héctor Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda. Están acusados por presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los barcos de Alpesca. La causa surgió a partir de la denuncia del diputado Jerónimo García, de Chubut Somos Todos.
Los fiscales sostienen que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal del 7 de abril del año pasado y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha.
“Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaron tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad”, afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La audiencia será en la Sala 3 de Tribunales y la presidirá el juez Marcelo Orlando. La instancia judicial se denomina “audiencia preliminar” y es la etapa donde se discute la calificación legal y las pruebas para determinar si el caso va a juicio. Los imputados serán defendidos por Fabián Gabalachis y el fiscal será Jorge Bugueño.
Los fiscales acusan a los funcionarios de ser responsables, en calidad de administradores de los bienes de la empresa, de no haber implementado las medidas mínimas de seguridad correspondientes para evitar que los barcos soltaran sus amarras en el muelle Almirante Storni y sufrieran averías producto de golpes.
En marzo de 2014 fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento: carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.
La acusación incluye las citaciones a prestar declaración a 31 testigos, entre los que figura el gobernador Martín Buzzi, funcionarios provinciales, personal jerárquico de la empresa Alpesca, oficiales de Prefectura Naval y el denunciante, Jerónimo García.
Un informe pericial señala que las pérdidas económicas ocasionadas por los daños de los cinco barcos asciende a más cinco millones de dólares, más 800 mil pesos que le costó a la Administración Portuaria preservar los barcos y reparar el muelle.
Según el decreto de ocupación, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.
El Comité está a cargo de la administración de los bienes, barcos San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Bahía Dos Marías, Promarsa I, II y III, entre otros.
Hoy a las 9 será la audiencia donde se definirá si van a juicio oral y público la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y los integrantes del Comité de Intervención de Alpesca, Héctor Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda. Están acusados por presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los barcos de Alpesca. La causa surgió a partir de la denuncia del diputado Jerónimo García, de Chubut Somos Todos.
Los fiscales sostienen que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal del 7 de abril del año pasado y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha.
“Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaron tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad”, afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La audiencia será en la Sala 3 de Tribunales y la presidirá el juez Marcelo Orlando. La instancia judicial se denomina “audiencia preliminar” y es la etapa donde se discute la calificación legal y las pruebas para determinar si el caso va a juicio. Los imputados serán defendidos por Fabián Gabalachis y el fiscal será Jorge Bugueño.
Los fiscales acusan a los funcionarios de ser responsables, en calidad de administradores de los bienes de la empresa, de no haber implementado las medidas mínimas de seguridad correspondientes para evitar que los barcos soltaran sus amarras en el muelle Almirante Storni y sufrieran averías producto de golpes.
En marzo de 2014 fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento: carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.
La acusación incluye las citaciones a prestar declaración a 31 testigos, entre los que figura el gobernador Martín Buzzi, funcionarios provinciales, personal jerárquico de la empresa Alpesca, oficiales de Prefectura Naval y el denunciante, Jerónimo García.
Un informe pericial señala que las pérdidas económicas ocasionadas por los daños de los cinco barcos asciende a más cinco millones de dólares, más 800 mil pesos que le costó a la Administración Portuaria preservar los barcos y reparar el muelle.
Según el decreto de ocupación, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.
El Comité está a cargo de la administración de los bienes, barcos San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Bahía Dos Marías, Promarsa I, II y III, entre otros.