La Columna del domingo
El congelamiento de tarifas se mete de lleno en la discusión política de Chubut.
"Hay cada vez menos gente que puede pagar la factura de los servicios”, dijo esta semana el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Juan Garitano, en una de las frases más fuertes de este comienzo de año que preanuncia una nueva batalla política.
Lo que dijo el jefe de Gabinete del gobernador Martín Buzzi no sólo es una advertencia a todas las cooperativas de servicios públicos para que no insistan con los pedidos de aumentos tarifarios, cuyo objetivo es tratar de controlar los enormes déficits financieros que ostentan, sino un virtual anuncio de que Chubut podría sumarse a otras provincias que ya han firmado antes del finales de año un nuevo acuerdo con Nación para congelar las tarifas por otro año más.
Según Garitano, las cooperativas de servicios púbicos de Chubut han venido haciendo permanentes ajustes de tarifas pero no en el rubro electricidad, con lo cual balancean las pérdidas que pudieran tener en esa prestación con el superávit de otras.
Antes de que el Gobierno provincial dejara entrever que sumará a las ocho provincias que ya acordaron congelar sus tarifas eléctricas durante 2015, varios municipios y cooperativas pusieron el grioto en el cielo. Entre ellos, el de Trelew, que con el secretario de Gobierno, Pablo Korn, a la cabeza, tiró una advertencia lapidaria: “Si congelan las tarifas, las cooperativas quiebran en marzo.”
En medio de este juego de frases lapidarias y admonitorias, la crisis de los servicios públicos de Chubut que se había tomado un respiro en la última parte del año pasado, vuelve ahora a la escena política de manera contundente. Y en un año electoral, esto puede ser un agravante.
La presión de Nación
Como el año pasado, el Gobierno nacional salió a meter presión para que las provincias firmen una prórroga por un año del convenio para mantener sin modificaciones sus cuadros tarifarios eléctricos.
No le fue nada mal: abrochó acuerdos con ocho provincias, entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
Para avanzar en este tema, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso a trabajar en el tema a un perro de presa, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
La extensión del convenio del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina –tal cual el extenso nombre que le han puesto al congelamiento de tarifas- es una necesidad para el Gobierno nacional en su intento por controlar la escalada de precios. A cambio, Nación se compromete a tomar a su cargo las obras de distribución eléctrica en cada distrito.
Al Gobierno le sirven todos los acuerdos que pueda firmar en este sentido, pero se garantizó que uno de los primeros en rubricar la prórroga haya sido el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, uno de los más firmes candidatos a heredar el Gobierno en las elecciones de octubre.
Scioli le metió presión a otros gobernadores que tienen intereses electorales en 2015, sobre todo a los de su mismo signo político: “Esta medida es otra referencia de que se están llevando adelante decisiones y políticas para cuidar el trabajo y el bolsillo de la gente”, dijo el bonaerense. El resto de los gobernadores kirchneristas parecen haber entendido el mensaje. Entre ellos, Martín Buzzi.
Pros y contras
El acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre comprometía a las provincias a mantener las tarifas eléctricas vigentes por un plazo de 365 días, en base a los valores de diciembre del año pasado, mientras que la Nación tomaba la responsabilidad de financiar obras de distribución eléctrica en las provincias por un monto total de al menos 4.700 millones de pesos en una primera etapa.
Tal como se precisó en la presentación del programa, la firma de los acuerdos marco tiene entre sus objetivos optimizar la capacidad productiva regionales, fortalecer el desarrollo económico y social y la competitividad de esas economías, dar señales claras de estabilidad de precios, hacer más eficientes y transparentes los costos del sector, y analizar la equidad en la aplicación de subsidios en el sector residencial.
El problema es que en el caso de Chubut, los beneficios del acuerdo no se han sentido. Las cooperativas están al borde de la quiebra y los ajustes que se vienen haciendo desde la política no son suficientes.
No es menos cierto que los ajustes tarifarios que se aprobaron el año pasado, por ejemplo en Trelew, no han servido más que para paliar parte del enorme déficit que tienen las cooperativas.
Es necesario decir también que los astronómicos agujeros financieros que tienen las cooperativas no son sólo el fruto podrido de los atrasos tarifarios, sino la consecuencia de las paupérrimas conducciones políticas que han tenido las entidades, que aún en crisis siguen siendo el botín político de diversos sectores. El caso de Trelew es un ejemplo cabal de ello, con diversos sectores del peronismo pegándose codazos de manera permanente para quedarse con el control de la empresa que, dicen, va a quebrar en marzo.
La Salud no levanta
La idea del ministro de Salud de Chubut, el pirotécnico José Manuel “Maní” Corchuelo Blasco, de reclamar una ley que prohíba la posibilidad de que haya paros u otras medidas de acción directa en los hospitales y centros de salud, reavivó el conflicto en este sector.
Los servicios esenciales de la salud, como los hospitales, cumplen una tarea de contención social para los sectores de menores recursos, que no tienen acceso a los servicios privados. Es decir: cada vez que los trabajadores de la Salud hacen paro, los únicos que se perjudican son los sectores más postergados de la sociedad. El resto sigue accediendo a las clínicas privadas como si nada pasara.
En este sentido, la postura de Corchuelo Blasco puede ser interesante, al menos, de debatir. Nadie pretende que los trabajadores de la Salud queden impedidos de realizar reclamos salariales. Pero es verdad que muchos de los últimos conflictos en el sector sanitario fueron más producto de las internas de los gremios de la Salud, que un reclamo colectivo sin disidencias.
La Justicia que funciona
Los 54 procesamientos de los cabecillas de la operación “Arenas Blancas”, más la extradición otorgada por Marruecos para que un narco español dé cuentas en la Justicia federal local sobre su participación en el intento de traficar 110 kilos de cocaína que fueron descubiertos en la firma Poseidón de Puerto Madryn, son dos claros ejemplos de que todavía existe un sector de la Justicia que trabaja como buena parte de la sociedad reclama.
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, y su par de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme –que esta semana desbarató una banda narco en la zona sur de la provincia-, son dos magistrados que siguen este camino. Y podría sumarse a este lote al fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, otro que hace lo que corresponde, pero igual vale la pena destacar.
Todos ellos sobresalen por sobre la mediocridad de otros jueces y fiscales, sobre todo del Poder Judicial de Chubut, a los que cuesta encontrarles un aspecto para destacarles.
Sastre, en particular, está a punto de llevar a juicio estas dos causas de drogas que fueron utilizadas por algunos sectores políticos para cuestionar al Gobierno provincial y al propio magistrado, vinculándolo con intereses políticos nunca explicitados.
Si finalmente las causas llegan a juicio este año y los responsables son condenados, algunos políticos deberían pedir disculpas por sembrar sospechas infundadas. Pero, ya se sabe, eso nunca ocurrirá.
"Hay cada vez menos gente que puede pagar la factura de los servicios”, dijo esta semana el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Juan Garitano, en una de las frases más fuertes de este comienzo de año que preanuncia una nueva batalla política.
Lo que dijo el jefe de Gabinete del gobernador Martín Buzzi no sólo es una advertencia a todas las cooperativas de servicios públicos para que no insistan con los pedidos de aumentos tarifarios, cuyo objetivo es tratar de controlar los enormes déficits financieros que ostentan, sino un virtual anuncio de que Chubut podría sumarse a otras provincias que ya han firmado antes del finales de año un nuevo acuerdo con Nación para congelar las tarifas por otro año más.
Según Garitano, las cooperativas de servicios púbicos de Chubut han venido haciendo permanentes ajustes de tarifas pero no en el rubro electricidad, con lo cual balancean las pérdidas que pudieran tener en esa prestación con el superávit de otras.
Antes de que el Gobierno provincial dejara entrever que sumará a las ocho provincias que ya acordaron congelar sus tarifas eléctricas durante 2015, varios municipios y cooperativas pusieron el grioto en el cielo. Entre ellos, el de Trelew, que con el secretario de Gobierno, Pablo Korn, a la cabeza, tiró una advertencia lapidaria: “Si congelan las tarifas, las cooperativas quiebran en marzo.”
En medio de este juego de frases lapidarias y admonitorias, la crisis de los servicios públicos de Chubut que se había tomado un respiro en la última parte del año pasado, vuelve ahora a la escena política de manera contundente. Y en un año electoral, esto puede ser un agravante.
La presión de Nación
Como el año pasado, el Gobierno nacional salió a meter presión para que las provincias firmen una prórroga por un año del convenio para mantener sin modificaciones sus cuadros tarifarios eléctricos.
No le fue nada mal: abrochó acuerdos con ocho provincias, entre ellas Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
Para avanzar en este tema, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso a trabajar en el tema a un perro de presa, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
La extensión del convenio del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina –tal cual el extenso nombre que le han puesto al congelamiento de tarifas- es una necesidad para el Gobierno nacional en su intento por controlar la escalada de precios. A cambio, Nación se compromete a tomar a su cargo las obras de distribución eléctrica en cada distrito.
Al Gobierno le sirven todos los acuerdos que pueda firmar en este sentido, pero se garantizó que uno de los primeros en rubricar la prórroga haya sido el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, uno de los más firmes candidatos a heredar el Gobierno en las elecciones de octubre.
Scioli le metió presión a otros gobernadores que tienen intereses electorales en 2015, sobre todo a los de su mismo signo político: “Esta medida es otra referencia de que se están llevando adelante decisiones y políticas para cuidar el trabajo y el bolsillo de la gente”, dijo el bonaerense. El resto de los gobernadores kirchneristas parecen haber entendido el mensaje. Entre ellos, Martín Buzzi.
Pros y contras
El acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre comprometía a las provincias a mantener las tarifas eléctricas vigentes por un plazo de 365 días, en base a los valores de diciembre del año pasado, mientras que la Nación tomaba la responsabilidad de financiar obras de distribución eléctrica en las provincias por un monto total de al menos 4.700 millones de pesos en una primera etapa.
Tal como se precisó en la presentación del programa, la firma de los acuerdos marco tiene entre sus objetivos optimizar la capacidad productiva regionales, fortalecer el desarrollo económico y social y la competitividad de esas economías, dar señales claras de estabilidad de precios, hacer más eficientes y transparentes los costos del sector, y analizar la equidad en la aplicación de subsidios en el sector residencial.
El problema es que en el caso de Chubut, los beneficios del acuerdo no se han sentido. Las cooperativas están al borde de la quiebra y los ajustes que se vienen haciendo desde la política no son suficientes.
No es menos cierto que los ajustes tarifarios que se aprobaron el año pasado, por ejemplo en Trelew, no han servido más que para paliar parte del enorme déficit que tienen las cooperativas.
Es necesario decir también que los astronómicos agujeros financieros que tienen las cooperativas no son sólo el fruto podrido de los atrasos tarifarios, sino la consecuencia de las paupérrimas conducciones políticas que han tenido las entidades, que aún en crisis siguen siendo el botín político de diversos sectores. El caso de Trelew es un ejemplo cabal de ello, con diversos sectores del peronismo pegándose codazos de manera permanente para quedarse con el control de la empresa que, dicen, va a quebrar en marzo.
La Salud no levanta
La idea del ministro de Salud de Chubut, el pirotécnico José Manuel “Maní” Corchuelo Blasco, de reclamar una ley que prohíba la posibilidad de que haya paros u otras medidas de acción directa en los hospitales y centros de salud, reavivó el conflicto en este sector.
Los servicios esenciales de la salud, como los hospitales, cumplen una tarea de contención social para los sectores de menores recursos, que no tienen acceso a los servicios privados. Es decir: cada vez que los trabajadores de la Salud hacen paro, los únicos que se perjudican son los sectores más postergados de la sociedad. El resto sigue accediendo a las clínicas privadas como si nada pasara.
En este sentido, la postura de Corchuelo Blasco puede ser interesante, al menos, de debatir. Nadie pretende que los trabajadores de la Salud queden impedidos de realizar reclamos salariales. Pero es verdad que muchos de los últimos conflictos en el sector sanitario fueron más producto de las internas de los gremios de la Salud, que un reclamo colectivo sin disidencias.
La Justicia que funciona
Los 54 procesamientos de los cabecillas de la operación “Arenas Blancas”, más la extradición otorgada por Marruecos para que un narco español dé cuentas en la Justicia federal local sobre su participación en el intento de traficar 110 kilos de cocaína que fueron descubiertos en la firma Poseidón de Puerto Madryn, son dos claros ejemplos de que todavía existe un sector de la Justicia que trabaja como buena parte de la sociedad reclama.
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, y su par de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme –que esta semana desbarató una banda narco en la zona sur de la provincia-, son dos magistrados que siguen este camino. Y podría sumarse a este lote al fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, otro que hace lo que corresponde, pero igual vale la pena destacar.
Todos ellos sobresalen por sobre la mediocridad de otros jueces y fiscales, sobre todo del Poder Judicial de Chubut, a los que cuesta encontrarles un aspecto para destacarles.
Sastre, en particular, está a punto de llevar a juicio estas dos causas de drogas que fueron utilizadas por algunos sectores políticos para cuestionar al Gobierno provincial y al propio magistrado, vinculándolo con intereses políticos nunca explicitados.
Si finalmente las causas llegan a juicio este año y los responsables son condenados, algunos políticos deberían pedir disculpas por sembrar sospechas infundadas. Pero, ya se sabe, eso nunca ocurrirá.