Editorial / La corrupción, esa lucha siempre vigente
Entre otros varios links, el año judicial 2024 terminó con cuatro datos vinculados a una lucha siempre vigente: la corrupción en el Estado provincial.
Uno: este lunes 6 de enero se discutirán las penas de la Causa Ñoquis Calientes. El fiscal Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, explicará por qué pedirá las penas más fuertes posibles contra la exministra y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros cuatro responsables del fraude a la administración pública.
Dos: en diciembre el actual fiscal de Estado Adjunto, Lucas Papini, fue seleccionado como nuevo fiscal de la Unidad que comanda Rodríguez, tras varios concursos que no habían tenido éxito para completar un área clave.
Tres: la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra Oscar “Chito” Alarcón por enriquecimiento ilícito y ahora el exjefe de Ceremonial de Mario Das Neves –que suma dos fallos en contra- piensa muy seriamente si acaso no está a un paso de la cárcel efectiva.
Cuatro: el fiscal Cristian Olazabal viró fuerte y tras cansarse de pedir la prisión preventiva común para los condenados por la Causa Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, sorpresivamente ahora solicitó y logró que todos sean liberados bajo el argumento de “controlarlos mejor”.
Es cierto que los vecinos exigen siempre castigos severísimos, más de lo que prevé la ley, con el sentido común de quien percibe que sus impuestos terminan en los bolsillos equivocados. Pero en los cuatro casos, el hilo conductor es anterior al reclamo general: la necesidad imperiosa de reforzar los controles dentro de la administración pública, provincial y municipal.
En Ñoquis Calientes, “Chechu” Torres Otarola dilapidó fondos públicos contratando asesores que no asesoraron y no conforme, les pidió la mitad de su sueldo para una caja política. Es obvio que hubo funcionarios estatales que lo sabían y no dijeron ni mu, quizás porque ahora la condenada fue ella pero su práctica la ejecutaron muchos durante muchos años y muchos gobiernos. También hace mucho ruido eso de que los asesores de los diputados no sólo embolsan cifras millonarias sino que ni tienen obligación de marcar presencia en el parlamento.
En el caso de Papini, todo es expectativa. Es sabido que “Toto” Rodríguez no da abasto con las causas de su Unidad y otro sabueso le dará ciertamente un alivio. Dependerá de la flamante incorporación responder a los contribuyentes. Y es que aunque en su entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura aseguró que no le importarán los nombres pesados que le toque investigar, en la cancha se ven los pingos. Y a veces esa cancha se embarra mucho.
El de “Chito” Alarcón bien puede ser un paradigma. En su trayectoria el Estado falló dos veces: no sólo nadie dio cuenta de que estaba cobrando doble sueldo en la Municipalidad de Trevelin y en Fontana 50, sino que tampoco nadie se preguntó cómo ocupando cargos de segundo orden financiaba el explosivo crecimiento de su patrimonio.
Otro tanto le toca al fraude que sufrió Comodoro en pleno temporal en 2017. Se pagaron trabajos que nunca se hicieron a personal que ni siquiera estaba en la ciudad. Ese dinero de la gente pasó como por un tubo y así iba a quedar si Nación no lo denunciaba. Con otro dato de color: el fiscal Olazabal reveló que los condenados eran casi dueños de la Comisaría de Sarmiento y a nadie le llamó la atención, ni siquiera a la Jefatura de la Policía para desmentirlo.
En tres de los expedientes hay fallas de control de un Estado donde paradójicamente, a veces la burocracia no impide sino más bien diluye las miradas atentas y ayuda a que las malas prácticas fluyan. Pensándolo bien, hay de todo: designaciones a dedo, pagos mal hechos, aportes clandestinos, fortunas sin lógica, áreas públicas sin el escrutinio suficiente.
La fe es mucha pero milagros no hay. La asunción de Papini reforzará la posibilidad de detectar y reprimir los delitos contra el erario, pero es todavía más imprescindible prevenir el viva la pepa. Movidas como la Ficha Limpia o el Censo Obligatorio en busca de los “ñoquis” fueron saludables para sanear el cajón antes de que la manzana podrida acabe con el resto.
La lupa debe concentrarse en los movimientos sospechosos, que lo serán aún más y quedarán en evidencia si acaso el resto es medianamente normal. De otro modo, todos los chubutenses seguiremos pagando las pequeñas y grandes fiestas ajenas.
Como alguien dijo: los hombres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores.
Entre otros varios links, el año judicial 2024 terminó con cuatro datos vinculados a una lucha siempre vigente: la corrupción en el Estado provincial.
Uno: este lunes 6 de enero se discutirán las penas de la Causa Ñoquis Calientes. El fiscal Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, explicará por qué pedirá las penas más fuertes posibles contra la exministra y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros cuatro responsables del fraude a la administración pública.
Dos: en diciembre el actual fiscal de Estado Adjunto, Lucas Papini, fue seleccionado como nuevo fiscal de la Unidad que comanda Rodríguez, tras varios concursos que no habían tenido éxito para completar un área clave.
Tres: la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra Oscar “Chito” Alarcón por enriquecimiento ilícito y ahora el exjefe de Ceremonial de Mario Das Neves –que suma dos fallos en contra- piensa muy seriamente si acaso no está a un paso de la cárcel efectiva.
Cuatro: el fiscal Cristian Olazabal viró fuerte y tras cansarse de pedir la prisión preventiva común para los condenados por la Causa Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, sorpresivamente ahora solicitó y logró que todos sean liberados bajo el argumento de “controlarlos mejor”.
Es cierto que los vecinos exigen siempre castigos severísimos, más de lo que prevé la ley, con el sentido común de quien percibe que sus impuestos terminan en los bolsillos equivocados. Pero en los cuatro casos, el hilo conductor es anterior al reclamo general: la necesidad imperiosa de reforzar los controles dentro de la administración pública, provincial y municipal.
En Ñoquis Calientes, “Chechu” Torres Otarola dilapidó fondos públicos contratando asesores que no asesoraron y no conforme, les pidió la mitad de su sueldo para una caja política. Es obvio que hubo funcionarios estatales que lo sabían y no dijeron ni mu, quizás porque ahora la condenada fue ella pero su práctica la ejecutaron muchos durante muchos años y muchos gobiernos. También hace mucho ruido eso de que los asesores de los diputados no sólo embolsan cifras millonarias sino que ni tienen obligación de marcar presencia en el parlamento.
En el caso de Papini, todo es expectativa. Es sabido que “Toto” Rodríguez no da abasto con las causas de su Unidad y otro sabueso le dará ciertamente un alivio. Dependerá de la flamante incorporación responder a los contribuyentes. Y es que aunque en su entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura aseguró que no le importarán los nombres pesados que le toque investigar, en la cancha se ven los pingos. Y a veces esa cancha se embarra mucho.
El de “Chito” Alarcón bien puede ser un paradigma. En su trayectoria el Estado falló dos veces: no sólo nadie dio cuenta de que estaba cobrando doble sueldo en la Municipalidad de Trevelin y en Fontana 50, sino que tampoco nadie se preguntó cómo ocupando cargos de segundo orden financiaba el explosivo crecimiento de su patrimonio.
Otro tanto le toca al fraude que sufrió Comodoro en pleno temporal en 2017. Se pagaron trabajos que nunca se hicieron a personal que ni siquiera estaba en la ciudad. Ese dinero de la gente pasó como por un tubo y así iba a quedar si Nación no lo denunciaba. Con otro dato de color: el fiscal Olazabal reveló que los condenados eran casi dueños de la Comisaría de Sarmiento y a nadie le llamó la atención, ni siquiera a la Jefatura de la Policía para desmentirlo.
En tres de los expedientes hay fallas de control de un Estado donde paradójicamente, a veces la burocracia no impide sino más bien diluye las miradas atentas y ayuda a que las malas prácticas fluyan. Pensándolo bien, hay de todo: designaciones a dedo, pagos mal hechos, aportes clandestinos, fortunas sin lógica, áreas públicas sin el escrutinio suficiente.
La fe es mucha pero milagros no hay. La asunción de Papini reforzará la posibilidad de detectar y reprimir los delitos contra el erario, pero es todavía más imprescindible prevenir el viva la pepa. Movidas como la Ficha Limpia o el Censo Obligatorio en busca de los “ñoquis” fueron saludables para sanear el cajón antes de que la manzana podrida acabe con el resto.
La lupa debe concentrarse en los movimientos sospechosos, que lo serán aún más y quedarán en evidencia si acaso el resto es medianamente normal. De otro modo, todos los chubutenses seguiremos pagando las pequeñas y grandes fiestas ajenas.
Como alguien dijo: los hombres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores.