La estrategia del “Mala Mía y siga la joda” en la Justicia de Chubut
Por Esteban Gallo
En Chubut el concepto de reparación del daño está muy distorsionado. Se supone que las personas que se benefician de esta figura que está contemplada en el Código Penal ofrecen un resarcimiento acorde al delito que han cometido.
Como no es lo mismo darle una bofetada a una persona que matarla, tampoco es igual robar una gallina que prender fuego un edificio público.
Lamentablemente en Chubut se ha hecho una costumbre la estrategia del “Mala Mía y siga la joda” que no es ni más ni menos que resolver las causas de incendios, destrozos y daños a los bienes del Estado con un pedido de disculpas, algunos comestibles y unos pocos pesos.
Si no, no se explica, que la jueza María Laura Martini haya decidido que 5 individuos acusados de provocar gravísimos daños en 2021 a la Casa de Gobierno, la Legislatura, la Comisaria de Rawson, el Ministerio Publico Fiscal, el Juzgado Federal, SEROS, el Ministerio de Educación y otros organismos del Estado, resuelvan su pleito ante la Justicia a cambio de 6 bolsas de fideos, trabajos comunitarios y sumas irrisorias se dinero.
Ya hemos señalado en editoriales anteriores que los daños en Casa de Gobierno se calculan en más de mil millones de pesos. Lo insólito es que en esta provincia los autores del desastre no solo no van presos, sino que, además, zafan del juicio con unos paquetes de tallarines y una cantidad de plata ridícula.
Quiero dejar de lado el tema de los fideos y detenerme en dos de las causas que se hicieron públicas y que guardan relación con los destrozos provocados en el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia.
Tenemos el caso de Brian Osvaldo Díaz, imputado de daño agravado, para quien la fiscal Florencia Gómez pidió una pena de tres años y ocho meses de prisión. Pero la jueza, que ese día se levantó compasiva, aceptó la propuesta de pagar 250 mil pesos para la reparación de los edificios o para donar a una entidad de bien público.
De igual manera, la funcionaria judicial aceptó la reparación propuesta por Gastón Velázquez, imputado por daño y hurto agravado, perpetrados contra los edificios públicos ya señalados. Ofreció 200.000 pesos bajo el mismo concepto y asunto terminado. Otro caso de “Mala mía y siga la joda”.
Miren que fácil se resuelve la historia para los acusados y como contrapartida, qué enorme ha sido el daño que sufrieron los edificios donde funciona el corazón de la Justicia de Chubut.
El Ministerio Público Fiscal se tuvo que ir de ese lugar porque el inmueble fue totalmente destruido por el fuego. Y no solamente se vinieron abajo las paredes y las oficinas, también se quemaron expedientes muy sensibles para los chubutenses, muchos de los cuales no se pudieron reconstruir.
Un impacto similar provocaron los destrozos de 2021 en las instalaciones del Superior Tribunal de Justicia.
Si hacemos un poco de memoria, después de prender fuego el Ministerio Público Fiscal, los vándalos apedrearon autos de la Corte provincial, se metieron al edificio por la puerta principal, llegaron hasta las oficinas donde funciona la Secretaría Contencioso Administrativo, rompieron todos los vidrios y también quemaron expedientes importantes.
El incendio de la Procuración que funcionaba debajo del Superior Tribunal destrozó los despachos de los ministros. Se quemaron los techos, la oficina de reuniones, la sala de acuerdos, se tuvieron que colocar columnas de hierro para apuntalar la estructura del inmueble. Todavía hay sectores del edificio judicial que están tapiados.
Se calcula que arreglar todos los daños le va a costar al Poder Judicial entre 350 y 400 millones. Pero para la jueza María Laura Martini esto se soluciona con 450 mil pesos.
Tal vez, si se hubiese tomado el tiempo de recorrer los lugares devastados por el incendio o hubiese conversado con funcionarios y empleados judiciales, habría tomado verdadera dimensión de la gravedad del asunto.
Pero es una magistrada muy distraída. Tan dispersa es, que olvida que hay sobrada jurisprudencia y recomendaciones específicas del Superior Tribunal en el sentido de que, para otorgar una suspensión de juicio a prueba, es vinculante la opinión de la fiscalía.
En este caso, lo que propuso la fiscal Gómez, le entró por una oreja y le salió por la otra.
Un dato para el final. La Dra. Martini es la jueza que concursó para ocupar el cargo en Comodoro Rivadavia, pero luego pidió el traslado a Rawson, por cuestiones personales, lo que despertó un severo cuestionamiento de diputados provinciales.
Dicen que escoba nueva barre bien. Pero hay excepciones. Esta escoba vino con los cepillos gastados.
Por Esteban Gallo
En Chubut el concepto de reparación del daño está muy distorsionado. Se supone que las personas que se benefician de esta figura que está contemplada en el Código Penal ofrecen un resarcimiento acorde al delito que han cometido.
Como no es lo mismo darle una bofetada a una persona que matarla, tampoco es igual robar una gallina que prender fuego un edificio público.
Lamentablemente en Chubut se ha hecho una costumbre la estrategia del “Mala Mía y siga la joda” que no es ni más ni menos que resolver las causas de incendios, destrozos y daños a los bienes del Estado con un pedido de disculpas, algunos comestibles y unos pocos pesos.
Si no, no se explica, que la jueza María Laura Martini haya decidido que 5 individuos acusados de provocar gravísimos daños en 2021 a la Casa de Gobierno, la Legislatura, la Comisaria de Rawson, el Ministerio Publico Fiscal, el Juzgado Federal, SEROS, el Ministerio de Educación y otros organismos del Estado, resuelvan su pleito ante la Justicia a cambio de 6 bolsas de fideos, trabajos comunitarios y sumas irrisorias se dinero.
Ya hemos señalado en editoriales anteriores que los daños en Casa de Gobierno se calculan en más de mil millones de pesos. Lo insólito es que en esta provincia los autores del desastre no solo no van presos, sino que, además, zafan del juicio con unos paquetes de tallarines y una cantidad de plata ridícula.
Quiero dejar de lado el tema de los fideos y detenerme en dos de las causas que se hicieron públicas y que guardan relación con los destrozos provocados en el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia.
Tenemos el caso de Brian Osvaldo Díaz, imputado de daño agravado, para quien la fiscal Florencia Gómez pidió una pena de tres años y ocho meses de prisión. Pero la jueza, que ese día se levantó compasiva, aceptó la propuesta de pagar 250 mil pesos para la reparación de los edificios o para donar a una entidad de bien público.
De igual manera, la funcionaria judicial aceptó la reparación propuesta por Gastón Velázquez, imputado por daño y hurto agravado, perpetrados contra los edificios públicos ya señalados. Ofreció 200.000 pesos bajo el mismo concepto y asunto terminado. Otro caso de “Mala mía y siga la joda”.
Miren que fácil se resuelve la historia para los acusados y como contrapartida, qué enorme ha sido el daño que sufrieron los edificios donde funciona el corazón de la Justicia de Chubut.
El Ministerio Público Fiscal se tuvo que ir de ese lugar porque el inmueble fue totalmente destruido por el fuego. Y no solamente se vinieron abajo las paredes y las oficinas, también se quemaron expedientes muy sensibles para los chubutenses, muchos de los cuales no se pudieron reconstruir.
Un impacto similar provocaron los destrozos de 2021 en las instalaciones del Superior Tribunal de Justicia.
Si hacemos un poco de memoria, después de prender fuego el Ministerio Público Fiscal, los vándalos apedrearon autos de la Corte provincial, se metieron al edificio por la puerta principal, llegaron hasta las oficinas donde funciona la Secretaría Contencioso Administrativo, rompieron todos los vidrios y también quemaron expedientes importantes.
El incendio de la Procuración que funcionaba debajo del Superior Tribunal destrozó los despachos de los ministros. Se quemaron los techos, la oficina de reuniones, la sala de acuerdos, se tuvieron que colocar columnas de hierro para apuntalar la estructura del inmueble. Todavía hay sectores del edificio judicial que están tapiados.
Se calcula que arreglar todos los daños le va a costar al Poder Judicial entre 350 y 400 millones. Pero para la jueza María Laura Martini esto se soluciona con 450 mil pesos.
Tal vez, si se hubiese tomado el tiempo de recorrer los lugares devastados por el incendio o hubiese conversado con funcionarios y empleados judiciales, habría tomado verdadera dimensión de la gravedad del asunto.
Pero es una magistrada muy distraída. Tan dispersa es, que olvida que hay sobrada jurisprudencia y recomendaciones específicas del Superior Tribunal en el sentido de que, para otorgar una suspensión de juicio a prueba, es vinculante la opinión de la fiscalía.
En este caso, lo que propuso la fiscal Gómez, le entró por una oreja y le salió por la otra.
Un dato para el final. La Dra. Martini es la jueza que concursó para ocupar el cargo en Comodoro Rivadavia, pero luego pidió el traslado a Rawson, por cuestiones personales, lo que despertó un severo cuestionamiento de diputados provinciales.
Dicen que escoba nueva barre bien. Pero hay excepciones. Esta escoba vino con los cepillos gastados.