Editorial / Menos RIGI y más defensa de Chubut
La adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que hizo la Legislatura de Chubut implica consecuencias por ahora desconocidas. Mientras tanto, Milei se quiere quedar con la energía de Chubut y pocas voces encienden las alertas.
La Provincia del Chubut se convirtió esta semana en la cuarta en adherir al cada vez más cuestionado Régimen de Incentivopara Grandes Inversiones (RIGI), el presunto as de espadas del Gobierno de Javier Gerardo Milei para atraer inversiones a cualquier costo. De esta manera, los libertarios intentan sostener el frágil plan económico que viene ejecutando el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se basa en recortar gasto público de manera salvaje para conseguir un falso “déficit cero”; liberar las tarifas de servicios públicos; desintegrar los salarios; y potenciar los negocios financieros de los grandes grupos económicos.
Con la aprobación conseguida en la Legislatura de Chubut con 18 votos de 27, que incluyó -obviamente- el apoyo en pleno de los dieciséis integrantes del bloque oficialista de Despierta Chubut, más la sastrista madrynense Mariela Williams y el experonista, exlibertario y ahora ultranachista Daniel Casal, el gobernador Nacho Torres logró dar señales al Gobierno nacional y se sumó a las provincias de Río Negro, Jujuy y Mendoza, las otras tres que ya habían adherido.
La celeridad del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck para plegarse al RIGI, pasando sin escalas de las duras críticas a Milei a pararse en la vereda del sol libertario, no fue otra cosa que un peaje que tuvo que pagar por haber sido beneficiado por la megainversión en Gas Natural Licuado (GNL) de YPF y Petronas, que finalmente se hará en tierras rionegrinas y no en tierras bonaerenses, solamente porque quien gobierna la Provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, el principal referente de la anémica oposición peronista. En Jujuy y Mendoza, las otras dos provincias que adhirieron antes que Chubut, ya avanzan proyectos que están centrados en captar grandes inversiones mineras.
Pero en el caso de Chubut, el apuro resulta por lo menos llamativo porque no hay ni un solo proyecto en marcha, al menos que se conozca públicamente. Encima, la adhesión aprobada, elaborada por el Gobierno provincial y ratificada en las Comisiones legislativas, exceptúa en su Artículo 2° a las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Número 68, más conocida por su nomenclatura original: “La 5.001”.
La validez que esta excepción podría tener está completamente en duda. Es decir, a las leyes nacionales (superiores a cualquier norma provincial) se adhiere o no, no parece haber posibilidad de hacerlo a medias, según la conveniencia política. ¿Cómo quedaría evaluada la “seguridad jurídica” de Chubut -como les gusta reclamar a los grandes inversores, sobre todo extranjeros-, si el RIGI se puede utilizar sólo para algunas inversiones y no para otras?
Por lo pronto, aunque por ahora sólo con grupos minúsculos que incluyen a los revoltosos de siempre, los antimineros volvieron a escena gracias al apuro de los diputados provinciales por aprobar la adhesión al RIGI.
Esta misma semana, durante su exposición en el Council of Americas realizado en CABA, el gobernador Torres afirmó que “tenemos la oportunidad histórica de discutir una agenda de desarrollo mancomunado a mediano y largo plazo, alejada de las mezquindades políticas, que nos devuelva la calidad institucional que necesitamos para atraer inversiones y ser confiables, competitivos y pujantes”. Todo un desafío.
"La primera foto que aparecía cuando googleaba Chubut era la casa de gobierno prendida fuego”. El gobernador de Chubut @NachoTorresCH cuenta una anécdota sobre un empresario que quería invertir en Argentina. #CouncilArg ???? EN VIVO: https://t.co/CpozmgSY4X pic.twitter.com/ly3ok6ksfN
— Americas Society/Council of the Americas (@ASCOA) August 14, 2024
Falta energía
Sin la minería, el RIGI en Chubut podría tener algún atractivo en temas de hidrocarburos, de turismo y, casi de manera central, en cuestiones de generación de energía.
Hace pocos días, el Gobierno nacional dio una señal que pasó casi inadvertida en Chubut pero que debería alertar a muchos sectores políticos, gremiales y empresarios: el presidente Milei prorrogó por un año la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue en Neuquén, y abrió un proceso relicitatorio que pondrá -otra vez- en manos privadas el control de estas generadoras de energía.
¿Por qué esta decisión debe alertar a Chubut? A mediados de 2025 se termina la concesión de la principal generadora hidroeléctrica de Chubut, la presa de Futaleufú, que desde hace 30 años está en manos de la empresa Aluar. Si Milei y su troupe decidieron dejar afuera a la Provincia de Neuquén y definieron un esquema de reprivatización de las centrales que deberían volver a manos de las provincias, lo mismo podría ocurrir en Chubut el año próximo con Futaleufú, donde la Provincia tiene el 33,51% de las acciones.
Desde las columnas editoriales de Jornada se ha venido impulsando en los últimos años la idea de implantar una soberanía energética que le permita al Estado chubutense hacerse del control de sus recursos energéticos, claves para cualquier tipo de desarrollo económico. Al menos, que la Provincia sea partícipe de la discusión sobre el destino de un activo clave.
Sin embargo, el Gobierno libertario tiene otros planes y, por ahora, no parece haber muchas voces políticas y sectoriales chubutenses que se eleven ante un claro intento de atropello, salvo las del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el grupo Agenda Chubut, el recientemente creado Partido Integrar y el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz (IESO), entre otros.
Esta semana, el exdirector de Generación Hidroeléctrica de la Nación, el ingeniero Emanuel Sánchez, señaló que la prórroga de las concesiones hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro es una decisión “caprichosa y dogmática” y afirmó que “en treinta años de concesión se ha demostrado que no ha habido ningún beneficio para el pueblo argentino”.
En declaraciones a Cadena Tiempo, Sánchez se mostró sorprendido por la ilegalidad con la que actuó el Gobierno nacional: “El decreto no resiste valoraciones jurídicas pues se toma atribuciones que no le son propias en términos de soberanía de las provincias. Se extienden concesiones por fuera de lo escrito en los contratos originales y pasando por arriba de las normas de manejo del agua y recursos ambientales, que son propias de las jurisdicciones provinciales”.
La visión de Sánchez coincide con lo que trascendió el viernes en algunos medios porteños: por un "grave error administrativo" de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, el presidente Milei derogaría en las próximas horas el decreto 718/2024, que ordenaba la venta de cuatro hidroeléctricas claves y que fue publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y dos de sus ministros. El Gobierno volverá a redactar un documento nuevo para concesionarlas. Un papelón.
Tres décadas después, se comprueba sin matices que las privatizaciones no mejoraron el sistema hidroeléctrico y se establecieron en los años 90 sólo para instaurar un sistema neoliberal alineado a Estados Unidos, Francia o Inglaterra, que fueron los grandes beneficiados por la gestión de Carlos Saúl Menem.
Esta prórroga marca la continuidad de un sendero de dogmas anacrónicas que no representan la necesidad del país y que ni siquiera se repiten en “el mundo libre” que aman Milei y sus secuaces. Sánchez contó en la entrevista con Cadena Tiempo que, por ejemplo, Francia acaba de nacionalizar su empresa de energía eléctrica.
Chubut está a tiempo de elegir otro camino al que promueve Milei y el RIGI. Pero hay que levantar la voz ahora. O será tarde.
La Provincia del Chubut se convirtió esta semana en la cuarta en adherir al cada vez más cuestionado Régimen de Incentivopara Grandes Inversiones (RIGI), el presunto as de espadas del Gobierno de Javier Gerardo Milei para atraer inversiones a cualquier costo. De esta manera, los libertarios intentan sostener el frágil plan económico que viene ejecutando el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se basa en recortar gasto público de manera salvaje para conseguir un falso “déficit cero”; liberar las tarifas de servicios públicos; desintegrar los salarios; y potenciar los negocios financieros de los grandes grupos económicos.
Con la aprobación conseguida en la Legislatura de Chubut con 18 votos de 27, que incluyó -obviamente- el apoyo en pleno de los dieciséis integrantes del bloque oficialista de Despierta Chubut, más la sastrista madrynense Mariela Williams y el experonista, exlibertario y ahora ultranachista Daniel Casal, el gobernador Nacho Torres logró dar señales al Gobierno nacional y se sumó a las provincias de Río Negro, Jujuy y Mendoza, las otras tres que ya habían adherido.
La celeridad del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck para plegarse al RIGI, pasando sin escalas de las duras críticas a Milei a pararse en la vereda del sol libertario, no fue otra cosa que un peaje que tuvo que pagar por haber sido beneficiado por la megainversión en Gas Natural Licuado (GNL) de YPF y Petronas, que finalmente se hará en tierras rionegrinas y no en tierras bonaerenses, solamente porque quien gobierna la Provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, el principal referente de la anémica oposición peronista. En Jujuy y Mendoza, las otras dos provincias que adhirieron antes que Chubut, ya avanzan proyectos que están centrados en captar grandes inversiones mineras.
Pero en el caso de Chubut, el apuro resulta por lo menos llamativo porque no hay ni un solo proyecto en marcha, al menos que se conozca públicamente. Encima, la adhesión aprobada, elaborada por el Gobierno provincial y ratificada en las Comisiones legislativas, exceptúa en su Artículo 2° a las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Número 68, más conocida por su nomenclatura original: “La 5.001”.
La validez que esta excepción podría tener está completamente en duda. Es decir, a las leyes nacionales (superiores a cualquier norma provincial) se adhiere o no, no parece haber posibilidad de hacerlo a medias, según la conveniencia política. ¿Cómo quedaría evaluada la “seguridad jurídica” de Chubut -como les gusta reclamar a los grandes inversores, sobre todo extranjeros-, si el RIGI se puede utilizar sólo para algunas inversiones y no para otras?
Por lo pronto, aunque por ahora sólo con grupos minúsculos que incluyen a los revoltosos de siempre, los antimineros volvieron a escena gracias al apuro de los diputados provinciales por aprobar la adhesión al RIGI.
Esta misma semana, durante su exposición en el Council of Americas realizado en CABA, el gobernador Torres afirmó que “tenemos la oportunidad histórica de discutir una agenda de desarrollo mancomunado a mediano y largo plazo, alejada de las mezquindades políticas, que nos devuelva la calidad institucional que necesitamos para atraer inversiones y ser confiables, competitivos y pujantes”. Todo un desafío.
"La primera foto que aparecía cuando googleaba Chubut era la casa de gobierno prendida fuego”. El gobernador de Chubut @NachoTorresCH cuenta una anécdota sobre un empresario que quería invertir en Argentina. #CouncilArg ???? EN VIVO: https://t.co/CpozmgSY4X pic.twitter.com/ly3ok6ksfN
— Americas Society/Council of the Americas (@ASCOA) August 14, 2024
Falta energía
Sin la minería, el RIGI en Chubut podría tener algún atractivo en temas de hidrocarburos, de turismo y, casi de manera central, en cuestiones de generación de energía.
Hace pocos días, el Gobierno nacional dio una señal que pasó casi inadvertida en Chubut pero que debería alertar a muchos sectores políticos, gremiales y empresarios: el presidente Milei prorrogó por un año la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue en Neuquén, y abrió un proceso relicitatorio que pondrá -otra vez- en manos privadas el control de estas generadoras de energía.
¿Por qué esta decisión debe alertar a Chubut? A mediados de 2025 se termina la concesión de la principal generadora hidroeléctrica de Chubut, la presa de Futaleufú, que desde hace 30 años está en manos de la empresa Aluar. Si Milei y su troupe decidieron dejar afuera a la Provincia de Neuquén y definieron un esquema de reprivatización de las centrales que deberían volver a manos de las provincias, lo mismo podría ocurrir en Chubut el año próximo con Futaleufú, donde la Provincia tiene el 33,51% de las acciones.
Desde las columnas editoriales de Jornada se ha venido impulsando en los últimos años la idea de implantar una soberanía energética que le permita al Estado chubutense hacerse del control de sus recursos energéticos, claves para cualquier tipo de desarrollo económico. Al menos, que la Provincia sea partícipe de la discusión sobre el destino de un activo clave.
Sin embargo, el Gobierno libertario tiene otros planes y, por ahora, no parece haber muchas voces políticas y sectoriales chubutenses que se eleven ante un claro intento de atropello, salvo las del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el grupo Agenda Chubut, el recientemente creado Partido Integrar y el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz (IESO), entre otros.
Esta semana, el exdirector de Generación Hidroeléctrica de la Nación, el ingeniero Emanuel Sánchez, señaló que la prórroga de las concesiones hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro es una decisión “caprichosa y dogmática” y afirmó que “en treinta años de concesión se ha demostrado que no ha habido ningún beneficio para el pueblo argentino”.
En declaraciones a Cadena Tiempo, Sánchez se mostró sorprendido por la ilegalidad con la que actuó el Gobierno nacional: “El decreto no resiste valoraciones jurídicas pues se toma atribuciones que no le son propias en términos de soberanía de las provincias. Se extienden concesiones por fuera de lo escrito en los contratos originales y pasando por arriba de las normas de manejo del agua y recursos ambientales, que son propias de las jurisdicciones provinciales”.
La visión de Sánchez coincide con lo que trascendió el viernes en algunos medios porteños: por un "grave error administrativo" de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, el presidente Milei derogaría en las próximas horas el decreto 718/2024, que ordenaba la venta de cuatro hidroeléctricas claves y que fue publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y dos de sus ministros. El Gobierno volverá a redactar un documento nuevo para concesionarlas. Un papelón.
Tres décadas después, se comprueba sin matices que las privatizaciones no mejoraron el sistema hidroeléctrico y se establecieron en los años 90 sólo para instaurar un sistema neoliberal alineado a Estados Unidos, Francia o Inglaterra, que fueron los grandes beneficiados por la gestión de Carlos Saúl Menem.
Esta prórroga marca la continuidad de un sendero de dogmas anacrónicas que no representan la necesidad del país y que ni siquiera se repiten en “el mundo libre” que aman Milei y sus secuaces. Sánchez contó en la entrevista con Cadena Tiempo que, por ejemplo, Francia acaba de nacionalizar su empresa de energía eléctrica.
Chubut está a tiempo de elegir otro camino al que promueve Milei y el RIGI. Pero hay que levantar la voz ahora. O será tarde.