Caso Colihuinca: 12 años de impunidad y abandono
- Por Esteban Gallo
El testimonio brindado la semana pasada por Herminia Colihuinca en los estudios de Cadena Tiempo, luego de que dos juezas otorgaran la prisión domiciliaria de Brian Muñoz, conmovió a la comunidad de Trelew, pero, además, colocó a fiscales y magistrados, abocados al resonante caso, en el ojo de la tormenta.
Resultó por lo menos, inusitado, que la decisión se tomara un sábado, a espaldas de la familia de la víctima y un día después de que otro juez rechazara el beneficio solicitado por los abogados defensores.
Según Herminia, se enteraron de la realización de la audiencia, 5 minutos antes, y no de la boca de los fiscales que representan sus intereses.
No estamos cuestionando la decisión de las juezas Ivana González y Carolina Marin. Sí, estamos diciendo que la familia Colihuinca, a la que la Justicia no le ha dado ninguna respuesta positiva, merece respeto y no el destrato a la que ha sido sometida durante más de una década.
La valoración que los familiares del joven asesinado efectúan de la labor del fiscal Moyano y del equipo que lo acompaña es lapidaria.
Promesas incumplidas, falta de compromiso con el caso, errores garrafales en el enfoque de la investigación, fallas cometidas en la preservación del lugar del crimen, entre otras cosas, forman parte de los cuestionamientos, que van de la mano de los magros resultados de la investigación.
“Me dicen que hay más vinculados en la causa, pero a los fiscales ya no les creo y me juego la cabeza que Moyano no tiene nada” afirmó Herminia Colihuinca, y agregó que “todos los que están involucrados, están en la causa por casualidad”.
La familia de Rodrigo considera además que a lo largo de los años se perdió material valioso, que los teléfonos de los acusados no fueron peritados correctamente, que se investigó más a las víctimas que a los supuestos victimarios, más algunos episodios disparatados, como la sugerencia que le hizo el fiscal Moyano a la tía de Rodrigo de poner un teléfono para que la gente la llame “porque en una de esas, algún anónimo te manda información valiosa”.
La película de terror que le toca vivir a los Colihuinca se inició el 15 de marzo de 2012 cuando el adolescente fue hallado descuartizado en un descampado en el barrio Malvinas Argentinas. Los desplantes de los operadores judiciales comenzaron ese mismo día. Cuando los policías dieron aviso a la fiscal de turno Mirta Moreno para que se haga presente en el lugar donde apareció el cuerpo sin vida del joven, según la familia, la representante del Ministerio Público Fiscal les habría respondido “que las circunstancias del hecho no ameritaban su presencia”.
Ocho meses después del homicidio, la Brigada de Investigaciones encontró el celular de Rodrigo, en un procedimiento realizado en el barrio Abel Amaya, a 800 metros del sitio donde fue hallado sin vida. Ninguna de las personas que vivían en los domicilios allanados donde se encontró el teléfono del joven mutilado fue indagada.
Después de 12 años, y pesar de todas las desinteligencias cometidas, los investigadores judiciales siguen en sus puestos y la ex fiscal Moreno fue premiada con un cargo de jueza, mientras los familiares de Rodrigo Colihuinca deambulan por los tribunales clamando justicia como quien pide una limosna.
Hace un tiempo atrás, el Procurador General, Jorge Miquelarena, reprendió severamente a los fiscales de la causa y les pidió que adopten las medidas necesarias para garantizar el esclarecimiento del caso.
El tirón de orejas no sirvió para nada. Pero el fracaso de la investigación no solo es el fracaso de los fiscales, sino también el fracaso del Procurador Jefe, quien no ha supervisado apropiadamente el trabajo de sus empleados.
Y no están en deuda solamente con la familia Colihuinca. Están en deuda con toda la comunidad, porque ahí afuera, en la calle, andan libres los despiadados asesinos de Rodrigo, que en cualquier momento pueden atacar a cualquiera de nosotros, a un familiar, un amigo, o un vecino de esta ciudad.
“La Justicia no es para los pobres” dice entre lágrimas, Herminda Colihuinca.
Lo expresa mientras observa como dos abogados defensores avezados logran que Brian Muñoz reciba el beneficio de la prisión domiciliaria.
A ella le toco la peor parte. Los fiscales que la representan, ni siquiera la mantienen al tanto de lo que sucede en la causa.
“Las marchas y los medios es lo único que tenemos” señala Herminda.
Y el dolor, por supuesto. El dolor lacerante y profundo, que provocan la impunidad y el abandono.
- Por Esteban Gallo
El testimonio brindado la semana pasada por Herminia Colihuinca en los estudios de Cadena Tiempo, luego de que dos juezas otorgaran la prisión domiciliaria de Brian Muñoz, conmovió a la comunidad de Trelew, pero, además, colocó a fiscales y magistrados, abocados al resonante caso, en el ojo de la tormenta.
Resultó por lo menos, inusitado, que la decisión se tomara un sábado, a espaldas de la familia de la víctima y un día después de que otro juez rechazara el beneficio solicitado por los abogados defensores.
Según Herminia, se enteraron de la realización de la audiencia, 5 minutos antes, y no de la boca de los fiscales que representan sus intereses.
No estamos cuestionando la decisión de las juezas Ivana González y Carolina Marin. Sí, estamos diciendo que la familia Colihuinca, a la que la Justicia no le ha dado ninguna respuesta positiva, merece respeto y no el destrato a la que ha sido sometida durante más de una década.
La valoración que los familiares del joven asesinado efectúan de la labor del fiscal Moyano y del equipo que lo acompaña es lapidaria.
Promesas incumplidas, falta de compromiso con el caso, errores garrafales en el enfoque de la investigación, fallas cometidas en la preservación del lugar del crimen, entre otras cosas, forman parte de los cuestionamientos, que van de la mano de los magros resultados de la investigación.
“Me dicen que hay más vinculados en la causa, pero a los fiscales ya no les creo y me juego la cabeza que Moyano no tiene nada” afirmó Herminia Colihuinca, y agregó que “todos los que están involucrados, están en la causa por casualidad”.
La familia de Rodrigo considera además que a lo largo de los años se perdió material valioso, que los teléfonos de los acusados no fueron peritados correctamente, que se investigó más a las víctimas que a los supuestos victimarios, más algunos episodios disparatados, como la sugerencia que le hizo el fiscal Moyano a la tía de Rodrigo de poner un teléfono para que la gente la llame “porque en una de esas, algún anónimo te manda información valiosa”.
La película de terror que le toca vivir a los Colihuinca se inició el 15 de marzo de 2012 cuando el adolescente fue hallado descuartizado en un descampado en el barrio Malvinas Argentinas. Los desplantes de los operadores judiciales comenzaron ese mismo día. Cuando los policías dieron aviso a la fiscal de turno Mirta Moreno para que se haga presente en el lugar donde apareció el cuerpo sin vida del joven, según la familia, la representante del Ministerio Público Fiscal les habría respondido “que las circunstancias del hecho no ameritaban su presencia”.
Ocho meses después del homicidio, la Brigada de Investigaciones encontró el celular de Rodrigo, en un procedimiento realizado en el barrio Abel Amaya, a 800 metros del sitio donde fue hallado sin vida. Ninguna de las personas que vivían en los domicilios allanados donde se encontró el teléfono del joven mutilado fue indagada.
Después de 12 años, y pesar de todas las desinteligencias cometidas, los investigadores judiciales siguen en sus puestos y la ex fiscal Moreno fue premiada con un cargo de jueza, mientras los familiares de Rodrigo Colihuinca deambulan por los tribunales clamando justicia como quien pide una limosna.
Hace un tiempo atrás, el Procurador General, Jorge Miquelarena, reprendió severamente a los fiscales de la causa y les pidió que adopten las medidas necesarias para garantizar el esclarecimiento del caso.
El tirón de orejas no sirvió para nada. Pero el fracaso de la investigación no solo es el fracaso de los fiscales, sino también el fracaso del Procurador Jefe, quien no ha supervisado apropiadamente el trabajo de sus empleados.
Y no están en deuda solamente con la familia Colihuinca. Están en deuda con toda la comunidad, porque ahí afuera, en la calle, andan libres los despiadados asesinos de Rodrigo, que en cualquier momento pueden atacar a cualquiera de nosotros, a un familiar, un amigo, o un vecino de esta ciudad.
“La Justicia no es para los pobres” dice entre lágrimas, Herminda Colihuinca.
Lo expresa mientras observa como dos abogados defensores avezados logran que Brian Muñoz reciba el beneficio de la prisión domiciliaria.
A ella le toco la peor parte. Los fiscales que la representan, ni siquiera la mantienen al tanto de lo que sucede en la causa.
“Las marchas y los medios es lo único que tenemos” señala Herminda.
Y el dolor, por supuesto. El dolor lacerante y profundo, que provocan la impunidad y el abandono.