Editorial / Espejitos de colores

El Gobierno libertario ya empezó a apretar gobernadores con el RIGI en la mano. La lección que debería aprender Chubut antes de aceptar cualquier inversión.

Francos, el brazo ejecutor de Milei.
22 JUN 2024 - 13:03 | Actualizado 22 JUN 2024 - 13:43

El uso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta disciplinante empezó a aplicarse antes de lo esperado y anticipa una relación de látigo de por medio entre el Gobierno nacional y las provincias, inclusive aquellas como Chubut que aportaron sus votos en el Congreso para que salgan la Ley Bases (con el RIGI adentro) y el paquete fiscal.

La discusión sobre dónde se instalará finalmente la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que proyectan construir YPF y la malaya Petronas puso blanco sobre negro cómo el Gobierno libertario pretende manejar las decisiones sobre las distintas inversiones que se proyectan llevar a cabo.

La planta de GNL se iba a hacer en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, pero ahora el presidente de YPF, Horacio Marín, lo puso en duda e instaló como condición que el gobernador Axel Kicillof adhiera al RIGI. Si no -advirtió-, esa planta podría hacerse en Río Negro, en donde ya tiene avanzadas las conversaciones con el gobernador, el siempre zigzagueante Alberto Weretilneck.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El presidente de YPF le advirtió a Kicillof que sin RIGI no habrá GNL: “Nosotros le mandamos una carta oficial a Kicillof y a Weretilneck que tiene tres puntos que son incentivos económicos para el proyecto y cuatro puntos de ayudas en permisos. Obvio que si no adhieren al RIGI no habrá inversión. Ellos van a contestar”, explicó Marín en el canal oficialista La Nación+, con tono de patrón de estancia.

Es importante resaltar que durante la gestión nacional anterior la línea técnica de YPF y la de Petronas se inclinaron por aprovechar la infraestructura bahiense, pero ahora bajo el pie libertario, la nueva conducción de la petrolera de bandera negocia con Weretilneck para mudar la planta a cambio de respaldo político. Ya consiguió el primer gesto: la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador rionegrino, votó a favor la Ley Bases. Lo que se dice, un toma y daca de pura cepa.

Prueba de amor

Más allá de cómo termine la historia de la planta de GNL, el manejo extorsivo con el que el Gobierno nacional empezó a manejarse con las provincias -en alianza con los representantes del empresariado que ocupan cargos públicos en lugares sensibles, como el propio Marín, que antes de desembarcar en YPF trabajó 35 años en la petrolera del Grupo Techint, Tecpetrol- debería ser un llamado de atención para Chubut y el resto de las provincias patagónicas. Si bien en este tema puntual podrían aparecer como “beneficiadas”, tienen todos los boletos comprados para terminar siendo peones de un Gobierno que no sólo les vendió el RIGI, sino que ahora pretende hacerlas trabajar para ir en contra del distrito más grande de la Argentina que, oh casualidad, gobierna uno de los principales dirigentes de la oposición.

Weretilneck y Francos, en la misma sintonía.

La visita de Kicillof a Nacho Torres el 15 de mayo pasado, que incluyó gestos de convivencia política y un inusual convenio para provisión de ambulancias y colaboración en el sistema sanitario, podría quedar en la nada si el Gobierno nacional le empieza a pedir a las provincias patagónicas más pruebas de amor.

Aunque por ahora el gobernador Torres se ha mantenido al margen del tema de la planta de GNL, los empresarios locales que siempre parecen estar dispuestos a colaborar con el gobierno de turno -aunque sea por migajas- salieron desesperadamente a reclamar que la planta de GNL se instale en Río Negro. Junto a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, la Federación Empresaria del Chubut (FECh) también solicitó que el proyecto de inversión para desarrollar una planta de Gas Natural Licuado se lleve a cabo en la provincia de Río Negro.

El presidente de la FECh, el radical Carlos Lorenzo, cada vez más cercano al gobernador Torres, fue más allá: pidió “una reunión de urgencia” de los gobernadores patagónicos para reclamar esa inversión. La última vez que se juntaron los gobernadores patagónicos fue en marzo pasado, en Puerto Madryn, y fue para hacer cola para pegarle a Milei y su motosierra. Qué tiempos aquellos.

“El sur del país tiene todas las condiciones para ser la fuente de energía del futuro de la Argentina y de los países vecinos”, agregó energizado de entusiasmo Lorenzo, al que paradójicamente muchos conocen como “Lámpara”.

Hacer lobby a favor de otra provincia que no representa los intereses de la propia puede quedar en los anales de una de las pocas cámaras empresarias del país que salió a bancar el RIGI cuando buena parte de la industria nacional salió a decir que era una herramienta pensada para beneficiar a grupos internacionales y someter a las pymes locales.

No hay dudas, aunque la FECh no lo quiera ver, de que las inversiones que llegarán a Chubut tendrán la misma lógica que la planta de GNL. Habrá que entregar casi todo a cambio de casi nada, como en la época de los espejitos de colores. Y de ninguna manera la legislación provincial vigente será suficiente para ponerle límites a la voracidad del RIGI y de sus beneficiarios.

Y si, además, el Gobierno nacional -con el apoyo reptante del bloque de la UCR- decide voltear en Diputados el rechazo que tuvo en el Senado el nuevo Impuesto a las Ganancias -como se empezó a especular-, podría darse que en poco tiempo los grandes inversores del RIGI sean beneficiados con quitas de Ganancias y todo tipo de tributos, y los trabajadores patagónicos empiecen a pagar el impuesto a partir de $ 2,2 millones de ingresos mensuales.

El reino del revés.

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Francos, el brazo ejecutor de Milei.
22 JUN 2024 - 13:03

El uso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta disciplinante empezó a aplicarse antes de lo esperado y anticipa una relación de látigo de por medio entre el Gobierno nacional y las provincias, inclusive aquellas como Chubut que aportaron sus votos en el Congreso para que salgan la Ley Bases (con el RIGI adentro) y el paquete fiscal.

La discusión sobre dónde se instalará finalmente la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que proyectan construir YPF y la malaya Petronas puso blanco sobre negro cómo el Gobierno libertario pretende manejar las decisiones sobre las distintas inversiones que se proyectan llevar a cabo.

La planta de GNL se iba a hacer en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, pero ahora el presidente de YPF, Horacio Marín, lo puso en duda e instaló como condición que el gobernador Axel Kicillof adhiera al RIGI. Si no -advirtió-, esa planta podría hacerse en Río Negro, en donde ya tiene avanzadas las conversaciones con el gobernador, el siempre zigzagueante Alberto Weretilneck.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El presidente de YPF le advirtió a Kicillof que sin RIGI no habrá GNL: “Nosotros le mandamos una carta oficial a Kicillof y a Weretilneck que tiene tres puntos que son incentivos económicos para el proyecto y cuatro puntos de ayudas en permisos. Obvio que si no adhieren al RIGI no habrá inversión. Ellos van a contestar”, explicó Marín en el canal oficialista La Nación+, con tono de patrón de estancia.

Es importante resaltar que durante la gestión nacional anterior la línea técnica de YPF y la de Petronas se inclinaron por aprovechar la infraestructura bahiense, pero ahora bajo el pie libertario, la nueva conducción de la petrolera de bandera negocia con Weretilneck para mudar la planta a cambio de respaldo político. Ya consiguió el primer gesto: la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador rionegrino, votó a favor la Ley Bases. Lo que se dice, un toma y daca de pura cepa.

Prueba de amor

Más allá de cómo termine la historia de la planta de GNL, el manejo extorsivo con el que el Gobierno nacional empezó a manejarse con las provincias -en alianza con los representantes del empresariado que ocupan cargos públicos en lugares sensibles, como el propio Marín, que antes de desembarcar en YPF trabajó 35 años en la petrolera del Grupo Techint, Tecpetrol- debería ser un llamado de atención para Chubut y el resto de las provincias patagónicas. Si bien en este tema puntual podrían aparecer como “beneficiadas”, tienen todos los boletos comprados para terminar siendo peones de un Gobierno que no sólo les vendió el RIGI, sino que ahora pretende hacerlas trabajar para ir en contra del distrito más grande de la Argentina que, oh casualidad, gobierna uno de los principales dirigentes de la oposición.

Weretilneck y Francos, en la misma sintonía.

La visita de Kicillof a Nacho Torres el 15 de mayo pasado, que incluyó gestos de convivencia política y un inusual convenio para provisión de ambulancias y colaboración en el sistema sanitario, podría quedar en la nada si el Gobierno nacional le empieza a pedir a las provincias patagónicas más pruebas de amor.

Aunque por ahora el gobernador Torres se ha mantenido al margen del tema de la planta de GNL, los empresarios locales que siempre parecen estar dispuestos a colaborar con el gobierno de turno -aunque sea por migajas- salieron desesperadamente a reclamar que la planta de GNL se instale en Río Negro. Junto a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, la Federación Empresaria del Chubut (FECh) también solicitó que el proyecto de inversión para desarrollar una planta de Gas Natural Licuado se lleve a cabo en la provincia de Río Negro.

El presidente de la FECh, el radical Carlos Lorenzo, cada vez más cercano al gobernador Torres, fue más allá: pidió “una reunión de urgencia” de los gobernadores patagónicos para reclamar esa inversión. La última vez que se juntaron los gobernadores patagónicos fue en marzo pasado, en Puerto Madryn, y fue para hacer cola para pegarle a Milei y su motosierra. Qué tiempos aquellos.

“El sur del país tiene todas las condiciones para ser la fuente de energía del futuro de la Argentina y de los países vecinos”, agregó energizado de entusiasmo Lorenzo, al que paradójicamente muchos conocen como “Lámpara”.

Hacer lobby a favor de otra provincia que no representa los intereses de la propia puede quedar en los anales de una de las pocas cámaras empresarias del país que salió a bancar el RIGI cuando buena parte de la industria nacional salió a decir que era una herramienta pensada para beneficiar a grupos internacionales y someter a las pymes locales.

No hay dudas, aunque la FECh no lo quiera ver, de que las inversiones que llegarán a Chubut tendrán la misma lógica que la planta de GNL. Habrá que entregar casi todo a cambio de casi nada, como en la época de los espejitos de colores. Y de ninguna manera la legislación provincial vigente será suficiente para ponerle límites a la voracidad del RIGI y de sus beneficiarios.

Y si, además, el Gobierno nacional -con el apoyo reptante del bloque de la UCR- decide voltear en Diputados el rechazo que tuvo en el Senado el nuevo Impuesto a las Ganancias -como se empezó a especular-, podría darse que en poco tiempo los grandes inversores del RIGI sean beneficiados con quitas de Ganancias y todo tipo de tributos, y los trabajadores patagónicos empiecen a pagar el impuesto a partir de $ 2,2 millones de ingresos mensuales.

El reino del revés.


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