Luego de que el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, dijera que el Gobierno denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los jueces que “liberen delincuentes incumpliendo sus funciones”, hubo respuesta desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Con un comunicado, la entidad que preside el camarista de Esquel Claudio Petris advirtió: “Una vez más, debe salir en defensa de la independencia judicial, ante los embates del Poder Ejecutivo (a través de los medios por el Sr. Fiscal en uso de licencia y actual Ministro de Seguridad y Justicia)”.
La Asociación reclamó la intervención del Consejo de la Magistratura “a fin de que se determinen los límites que existen entre los poderes públicos, toda vez que también ha sido instituido como un organismo autónomo e independiente y garante de la independencia de jueces y juezas”.
“Uno de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura es que debe ser garantizada por el Estado –se pronunciaron-. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole deben respetar y acatar la independencia de la judicatura”.
“Los jueces y juezas estamos obligados a resolver los asuntos con imparcialidad, basándonos en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Ante las apreciaciones de Iturrioz, el organismo que agrupa a los jueces subrayó: “El modo correcto y establecido por la ley, para la crítica de una decisión judicial es que en cada caso particular y por quienes se consideren afectadas por esa decisión (Fiscalía, Defensa, persona víctima o imputada), se solicite la revisión de lo decidido ante otro tribunal compuesto por otros jueces”.
“(…) Ningún criterio judicial, salvo aquel que sea arbitrario, puede ser sometido al escrutinio de terceros ajenos al sistema. El sistema de justicia comienza a funcionar una vez que fracasó la prevención del delito”, acotaron, en referencia al área que conduce el fiscal en uso de licencia.
Luego de que el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, dijera que el Gobierno denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los jueces que “liberen delincuentes incumpliendo sus funciones”, hubo respuesta desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Con un comunicado, la entidad que preside el camarista de Esquel Claudio Petris advirtió: “Una vez más, debe salir en defensa de la independencia judicial, ante los embates del Poder Ejecutivo (a través de los medios por el Sr. Fiscal en uso de licencia y actual Ministro de Seguridad y Justicia)”.
La Asociación reclamó la intervención del Consejo de la Magistratura “a fin de que se determinen los límites que existen entre los poderes públicos, toda vez que también ha sido instituido como un organismo autónomo e independiente y garante de la independencia de jueces y juezas”.
“Uno de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura es que debe ser garantizada por el Estado –se pronunciaron-. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole deben respetar y acatar la independencia de la judicatura”.
“Los jueces y juezas estamos obligados a resolver los asuntos con imparcialidad, basándonos en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Ante las apreciaciones de Iturrioz, el organismo que agrupa a los jueces subrayó: “El modo correcto y establecido por la ley, para la crítica de una decisión judicial es que en cada caso particular y por quienes se consideren afectadas por esa decisión (Fiscalía, Defensa, persona víctima o imputada), se solicite la revisión de lo decidido ante otro tribunal compuesto por otros jueces”.
“(…) Ningún criterio judicial, salvo aquel que sea arbitrario, puede ser sometido al escrutinio de terceros ajenos al sistema. El sistema de justicia comienza a funcionar una vez que fracasó la prevención del delito”, acotaron, en referencia al área que conduce el fiscal en uso de licencia.