Emergencia Climática: “Acá faltan acusados de las más altas esferas”
Comenzaron los alegatos finales en el juicio por la causa de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, que seguirán este jueves 13 con todas las defensas. El fiscal Cristian Olazabal consideró acreditada la responsabilidad de todos los imputados y pidió al tribunal declarar culpables de fraude a la administración pública a Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas.
“Para poder cometer esta conducta fraudulenta en perjuicio del municipio local contaron con la participación necesaria, con el aporte esencial e indispensables de quienes cumplieron la tarea de supervisores, en el marco de la Emergencia Climática, ya que certificaron trabajos que no se realizaron, horas de más, maquinarias que nunca existieron; al certificar esto permitieron que los empresarios obtengan la declaración de acreencia de legítimo usuario por parte del Ejecutivo municipal, el cual no era ajeno a estas conductas”, dijo el investigador, según el parte de prensa.
El fiscal Olazabal sostuvo en su alegato final que “como conclusión de este juicio faltan personas sentadas en calidad de acusados. Porque este fraude a la administración municipal no sólo lo cometieron ellos, faltan personas de las más altas esferas que estén sentadas en esta audiencia”.
El comunicado recordó que luego de que el Concejo Deliberante aprobara la Ordenanza de Emergencia Climática facultando al intendente a hacer contrataciones directas para hacer trabajos de remediación, el Ejecutivo Municipal delega en sus secretarios de entonces Boyero y Palomeque. A los 10 días comienzan los trabajos y se dicta un Memorándum para controlarlos. El 5 de octubre el Concejo por Ordenanza incorpora los requisitos del Memorándum para facturar trabajos. Llamativamente el Ejecutivo de entonces la vetó.
Los trabajos en un principio eran solidarios y posteriormente surgió que se iban a abonar. “Había un fin colectivo con beneficio propio” continuó el fiscal. Seguidamente el Estado Nacional que había realizado adelantos del Tesoro por 62 millones, advirtió inconsistencias.
Fernando Álvarez de Celis, en ese momento funcionario nacional, advierte que no adelanten más fondos para Comodoro porque los números no cerraban. A su vez el Tribunal de Cuentas Municipal advirtió y observó irregularidades que presentaban los expedientes.
Había personas que certificaban trabajos por 24 horas y eso es imposible. Alguien falsificó firma de los trabajadores en los partes diarios. Por ejemplo, una persona jubilada que dejó de percibir su salario porque figuraba que trabajaba en Brother Truck.
El defensor de Astiz y Monasterolo sostuvo en su alegato que la fiscalía no ha podido probar la responsabilidad penal de sus asistidos. “Astiz no tuvo ninguna vinculación con el hecho respaldado en sólida prueba, ya que el socio gerente de Astoil no es Julián Astiz. Era necesaria una pericia caligráfica y otra contable. Igual para Golfo San Jorge de Monasterolo. Concluyendo que hubo irregularidades, sí, pero no se traducen en delito por carencia de medios probatorios idóneos”. Solicitó la absolución de sus dos defendidos.
Comenzaron los alegatos finales en el juicio por la causa de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, que seguirán este jueves 13 con todas las defensas. El fiscal Cristian Olazabal consideró acreditada la responsabilidad de todos los imputados y pidió al tribunal declarar culpables de fraude a la administración pública a Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas.
“Para poder cometer esta conducta fraudulenta en perjuicio del municipio local contaron con la participación necesaria, con el aporte esencial e indispensables de quienes cumplieron la tarea de supervisores, en el marco de la Emergencia Climática, ya que certificaron trabajos que no se realizaron, horas de más, maquinarias que nunca existieron; al certificar esto permitieron que los empresarios obtengan la declaración de acreencia de legítimo usuario por parte del Ejecutivo municipal, el cual no era ajeno a estas conductas”, dijo el investigador, según el parte de prensa.
El fiscal Olazabal sostuvo en su alegato final que “como conclusión de este juicio faltan personas sentadas en calidad de acusados. Porque este fraude a la administración municipal no sólo lo cometieron ellos, faltan personas de las más altas esferas que estén sentadas en esta audiencia”.
El comunicado recordó que luego de que el Concejo Deliberante aprobara la Ordenanza de Emergencia Climática facultando al intendente a hacer contrataciones directas para hacer trabajos de remediación, el Ejecutivo Municipal delega en sus secretarios de entonces Boyero y Palomeque. A los 10 días comienzan los trabajos y se dicta un Memorándum para controlarlos. El 5 de octubre el Concejo por Ordenanza incorpora los requisitos del Memorándum para facturar trabajos. Llamativamente el Ejecutivo de entonces la vetó.
Los trabajos en un principio eran solidarios y posteriormente surgió que se iban a abonar. “Había un fin colectivo con beneficio propio” continuó el fiscal. Seguidamente el Estado Nacional que había realizado adelantos del Tesoro por 62 millones, advirtió inconsistencias.
Fernando Álvarez de Celis, en ese momento funcionario nacional, advierte que no adelanten más fondos para Comodoro porque los números no cerraban. A su vez el Tribunal de Cuentas Municipal advirtió y observó irregularidades que presentaban los expedientes.
Había personas que certificaban trabajos por 24 horas y eso es imposible. Alguien falsificó firma de los trabajadores en los partes diarios. Por ejemplo, una persona jubilada que dejó de percibir su salario porque figuraba que trabajaba en Brother Truck.
El defensor de Astiz y Monasterolo sostuvo en su alegato que la fiscalía no ha podido probar la responsabilidad penal de sus asistidos. “Astiz no tuvo ninguna vinculación con el hecho respaldado en sólida prueba, ya que el socio gerente de Astoil no es Julián Astiz. Era necesaria una pericia caligráfica y otra contable. Igual para Golfo San Jorge de Monasterolo. Concluyendo que hubo irregularidades, sí, pero no se traducen en delito por carencia de medios probatorios idóneos”. Solicitó la absolución de sus dos defendidos.