Juicio contra un militar por acoso y maltrato
El lunes en la cordillera se inician las audiencias para juzgar al mayor Matías Castro Ramos. Le imputan conductas impropias en perjuicio de soldados voluntarias, abusando de su jerarquía militar. En su momento pidió pagarles a las víctimas para no ir a juicio, pero su intento fue rechazado.
Hay 30 testigos convocados para el juicio al oficial del Ejército Matías Castro Ramos, que comenzará el lunes 25 de septiembre en instalaciones del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional. Son soldados voluntarios, militares con grado, y la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, entre otros
Al exsegundo Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” con asiento en Esquel, lo denunció una soldado voluntario en abril de 2018. Le imputan coacción en perjuicio de dos víctimas y maltrato arbitrario valiéndose de la autoridad militar a un subordinado cometido en perjuicio de otra víctima.
El juez federal de Esquel Guido Otranto lo procesó en 2018. La Fiscalía Federal le atribuyó frases en las que anunciaba un daño futuro, buscando obligar a las víctimas a ceder a sus insinuaciones sexuales.
La investigación comenzó tras hechos denunciados en 2018 en la Comisaría de la Mujer, que adquirieron trascendencia pública.
Los episodios habrían tenido lugar en el Regimiento y tuvo como víctimas a por lo menos tres soldados voluntarias. Si bien el expediente se inició con una denuncia, la investigación halló más víctimas. La pesquisa duró un mes, además de prueba documental, informática y de fotos, se obtuvieron más de 30 declaraciones que “confirmaron los hechos”.
El juez consideró comprobado que las destinatarias de las amenazas eran soldados voluntarias que no superaban los 25 años, siendo en un caso el único sostén económico de familia, valiéndose de la superioridad jerárquica que gozaba el imputado, como segunda autoridad del Regimiento.
“Las amenazas fueron proferidas sin motivos legítimos, en forma deliberada, en un contexto de especial vulnerabilidad de las víctimas por la asimetría jerárquica por los antecedentes concretos de violencia de género materializado en insinuaciones sexuales por parte del mismo agresor, alcanzando la entidad suficiente para obligarlas como mínimo, a tolerar un alto nivel de malestar, miedo e incertidumbre en su ámbito laboral, en algunos casos incluso consecuencias perjudiciales en su estado de salud”.
Con relación al delito de maltrato arbitrario, el fallo consideró que “no caben dudas que en un control de guardia buscó aleccionar a la soldado voluntaria ordenándole en dos oportunidades un mismo ejercicio, con el objeto de demostrar mediante la práctica de su autoridad, las consecuencias negativas que implicaba negarse a mantener relaciones con él”.
El juez Otranto evaluó que “la conducta que se reprocha radica en la utilización abusiva de la autoridad, al hacer ejecutar en dos oportunidades un mismo ejercicio que la obligaba a realizar un despliegue físico simulando combate, haciéndole ver claramente que no buscaba perfeccionar la ejecución del movimiento sino para que supiera lo que implicaba que se negara a mantener relaciones sexuales con él”
Castro Ramos ofreció pagarles a las víctimas $ 30.000 y donar otros $ 10.000 a la Cooperadora del Hospital Zonal Esquel, para no ir a juicio. No le hicieron lugar. Era mayor del Ejército y vivía en el barrio de Oficiales del Regimiento de esa fuerza armada nacional, en Esquel. Está retirado pero no deja de ser funcionario público.#
Hay 30 testigos convocados para el juicio al oficial del Ejército Matías Castro Ramos, que comenzará el lunes 25 de septiembre en instalaciones del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional. Son soldados voluntarios, militares con grado, y la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, entre otros
Al exsegundo Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” con asiento en Esquel, lo denunció una soldado voluntario en abril de 2018. Le imputan coacción en perjuicio de dos víctimas y maltrato arbitrario valiéndose de la autoridad militar a un subordinado cometido en perjuicio de otra víctima.
El juez federal de Esquel Guido Otranto lo procesó en 2018. La Fiscalía Federal le atribuyó frases en las que anunciaba un daño futuro, buscando obligar a las víctimas a ceder a sus insinuaciones sexuales.
La investigación comenzó tras hechos denunciados en 2018 en la Comisaría de la Mujer, que adquirieron trascendencia pública.
Los episodios habrían tenido lugar en el Regimiento y tuvo como víctimas a por lo menos tres soldados voluntarias. Si bien el expediente se inició con una denuncia, la investigación halló más víctimas. La pesquisa duró un mes, además de prueba documental, informática y de fotos, se obtuvieron más de 30 declaraciones que “confirmaron los hechos”.
El juez consideró comprobado que las destinatarias de las amenazas eran soldados voluntarias que no superaban los 25 años, siendo en un caso el único sostén económico de familia, valiéndose de la superioridad jerárquica que gozaba el imputado, como segunda autoridad del Regimiento.
“Las amenazas fueron proferidas sin motivos legítimos, en forma deliberada, en un contexto de especial vulnerabilidad de las víctimas por la asimetría jerárquica por los antecedentes concretos de violencia de género materializado en insinuaciones sexuales por parte del mismo agresor, alcanzando la entidad suficiente para obligarlas como mínimo, a tolerar un alto nivel de malestar, miedo e incertidumbre en su ámbito laboral, en algunos casos incluso consecuencias perjudiciales en su estado de salud”.
Con relación al delito de maltrato arbitrario, el fallo consideró que “no caben dudas que en un control de guardia buscó aleccionar a la soldado voluntaria ordenándole en dos oportunidades un mismo ejercicio, con el objeto de demostrar mediante la práctica de su autoridad, las consecuencias negativas que implicaba negarse a mantener relaciones con él”.
El juez Otranto evaluó que “la conducta que se reprocha radica en la utilización abusiva de la autoridad, al hacer ejecutar en dos oportunidades un mismo ejercicio que la obligaba a realizar un despliegue físico simulando combate, haciéndole ver claramente que no buscaba perfeccionar la ejecución del movimiento sino para que supiera lo que implicaba que se negara a mantener relaciones sexuales con él”
Castro Ramos ofreció pagarles a las víctimas $ 30.000 y donar otros $ 10.000 a la Cooperadora del Hospital Zonal Esquel, para no ir a juicio. No le hicieron lugar. Era mayor del Ejército y vivía en el barrio de Oficiales del Regimiento de esa fuerza armada nacional, en Esquel. Está retirado pero no deja de ser funcionario público.#