Comenzó el juicio contra los dos imputados por usurpar "violentamente" una casa
El ilícito se cometió dos días después de que el dueño falleciera por una enfermedad. La audiencia desarrollada este lunes contó con numerosos testimonios y se espera que más testigos hablen durante el resto del juicio.
Este lunes inició un juicio oral y público contra dos personas que usurparon violentamente una vivienda, que vendieron en el año 2017 en la localidad de Rawson, mientras la persona que cuidaba de la misma se hallaba embarcado y el dueño estaba en Misiones por una enfermedad.
La audiencia se realizó en la Ofician Judicial de la localidad capitalina, presidida por la jueza Carolina Marín. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general, Fernando Rivarola junto a la procuradora de fiscalía, Eugenia Domínguez. La defensa del imputado Alan Alberto Epes fue ejercida por el abogado Pablo Sánchez, mientras que a la imputada Julia Almada la representó el defensor oficial Damián D’antonio.
El caso
El hecho que se investiga se produjo el 25 de septiembre del 2021, dos días después de que el propietario de la vivienda usurpada falleciera en la provincia de Misiones por una grave enfermedad que padecía.
Según lo detallado, ambos imputados violentaron un candado para usurpar la casa y luego contrataron a un cerrajero para cambiar la cerradura. Además, se habrían aprovechado de que el cuidador temporario del inmueble es un marinero y, en ese momento, se hallaba embarcado.
La casa estaba totalmente amueblada, y en el interior de la misma se encontraban las pertenencias del dueño y el cuidador de la misma, además de la documentación correspondiente del inmueble. El ilícito fue observado por vecinos del domicilio, quienes darán testimonio durante el juicio.
Primera audiencia
Durante el debate de la jornada de este lunes, los funcionarios de fiscalía expresaron que probarían la responsabilidad de ambos imputados por el delito de usurpación mediante el uso de la violencia en carácter de coautores.
Por su parte, los defensores plantearon irregularidades en los plazos del proceso. Dicha postura fue rechazada por la jueza. Los abogados también anticiparon que aportarán testigos en función de los intereses de los imputados, entre los cuales mencionaron a funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda.
Los testigos de fiscalía
El primer testimonio que se escuchó fue el de la persona que estaba cuidando la casa. El marinero expresó que se hacía cargo del inmueble porque, como mencionamos previamente, el dueño se encontraba de viaje en Misiones por una enfermedad grave que padecía.
Asimismo, habló uno de los hijos del dueño de la casa, quien afirmó que su padre la compró en el año 2017 a la imputada en el caso, Julia Almada, y destacó que el pago total del inmueble fue cancelado ante el IPV. También comentó que el trámite de la sucesión correspondiente ya está concluido.
Por otro lado, declaró el abogado y amigo de la familia respecto al asesoramiento que le brindó a Guzmán, el fallecido, para la compra de la vivienda en el año 2017 como también los trámites que debía realizar ante el IPV. Reconoció luego la documentación que lo acredita como propietario de la vivienda.
Otro de los testimonios que se escuchó fue el del cerrajero contratado por Almada para el cambio de la cerradura, luego del ingreso por la fuerza a la vivienda; vecinos que sintieron ruidos al momento del ingreso a la casa y de la rotura violenta de un candado, familiares del dueño de la casa, un abogado que realizó la denuncia de la ocupación ilegal de la vivienda, policías y funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda.
Este lunes inició un juicio oral y público contra dos personas que usurparon violentamente una vivienda, que vendieron en el año 2017 en la localidad de Rawson, mientras la persona que cuidaba de la misma se hallaba embarcado y el dueño estaba en Misiones por una enfermedad.
La audiencia se realizó en la Ofician Judicial de la localidad capitalina, presidida por la jueza Carolina Marín. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general, Fernando Rivarola junto a la procuradora de fiscalía, Eugenia Domínguez. La defensa del imputado Alan Alberto Epes fue ejercida por el abogado Pablo Sánchez, mientras que a la imputada Julia Almada la representó el defensor oficial Damián D’antonio.
El caso
El hecho que se investiga se produjo el 25 de septiembre del 2021, dos días después de que el propietario de la vivienda usurpada falleciera en la provincia de Misiones por una grave enfermedad que padecía.
Según lo detallado, ambos imputados violentaron un candado para usurpar la casa y luego contrataron a un cerrajero para cambiar la cerradura. Además, se habrían aprovechado de que el cuidador temporario del inmueble es un marinero y, en ese momento, se hallaba embarcado.
La casa estaba totalmente amueblada, y en el interior de la misma se encontraban las pertenencias del dueño y el cuidador de la misma, además de la documentación correspondiente del inmueble. El ilícito fue observado por vecinos del domicilio, quienes darán testimonio durante el juicio.
Primera audiencia
Durante el debate de la jornada de este lunes, los funcionarios de fiscalía expresaron que probarían la responsabilidad de ambos imputados por el delito de usurpación mediante el uso de la violencia en carácter de coautores.
Por su parte, los defensores plantearon irregularidades en los plazos del proceso. Dicha postura fue rechazada por la jueza. Los abogados también anticiparon que aportarán testigos en función de los intereses de los imputados, entre los cuales mencionaron a funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda.
Los testigos de fiscalía
El primer testimonio que se escuchó fue el de la persona que estaba cuidando la casa. El marinero expresó que se hacía cargo del inmueble porque, como mencionamos previamente, el dueño se encontraba de viaje en Misiones por una enfermedad grave que padecía.
Asimismo, habló uno de los hijos del dueño de la casa, quien afirmó que su padre la compró en el año 2017 a la imputada en el caso, Julia Almada, y destacó que el pago total del inmueble fue cancelado ante el IPV. También comentó que el trámite de la sucesión correspondiente ya está concluido.
Por otro lado, declaró el abogado y amigo de la familia respecto al asesoramiento que le brindó a Guzmán, el fallecido, para la compra de la vivienda en el año 2017 como también los trámites que debía realizar ante el IPV. Reconoció luego la documentación que lo acredita como propietario de la vivienda.
Otro de los testimonios que se escuchó fue el del cerrajero contratado por Almada para el cambio de la cerradura, luego del ingreso por la fuerza a la vivienda; vecinos que sintieron ruidos al momento del ingreso a la casa y de la rotura violenta de un candado, familiares del dueño de la casa, un abogado que realizó la denuncia de la ocupación ilegal de la vivienda, policías y funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda.