A 50 años de golpe en Uruguay reina "impunidad y falta justicia, verdad y memoria"

Este referente entre los politólogos, señala que "inexplicablemente" aún persisten relatos negacionistas en el país, donde "no hay voluntad política" para profundizar las acciones por la memoria histórica.

- Uruguay conmemora medio siglo del último golpe de Estado que dio paso la dictadura más dura de su historia. ¿Qué importancia tiene en la memoria de un pueblo recordar esta fecha?

En Uruguay nos vamos acercando a los 40 años de democracia ininterrumpida. Y la democracia requiere como uno de sus principales sustentos la memoria, en especial de los pasados traumáticos. Además, la dictadura que se abrió en 1973 desplegó un siniestro terrorismo de Estado, en coordinación con las otras dictaduras conosureñas dentro del Plan Cóndor. Durante su transcurso de más de una década hubo 197 detenidos desaparecidos, más de 125 asesinatos políticos, más de 9.000 presos políticos (el mayor porcentaje en relación con la población dentro de América Latina), tratados a menudo en forma inhumana.

Hubo miles de exiliados, se estableció un régimen de terror con práctica sistemática de tortura, imperó un régimen totalmente arbitrario, con censura de prensa, vulneración de las libertades, destituciones… En síntesis, una dictadura típica de las que asolaron la región por la época, con el respaldo directo de los EEUU. A 50 años del inicio formal de aquella pesadilla, en Uruguay aun reina impunidad y falta justicia, verdad y memoria.

Persisten inexplicablemente relatos negacionistas o versiones interesadas que intentan reforzar teorías como la de "los dos demonios", que lo que buscan es opacar muchas marcas y responsabilidades históricas de quienes impusieron aquella dictadura. En ese contexto, las luchas por la memoria y por la verdad en relación a estos hechos traumáticos constituyen un renovado compromiso de la gran mayoría del pueblo uruguayo con lo que ha sido su utopía histórica: la profundización de la democracia republicana como núcleo de convivencia.

- ¿Cómo cree que ha manejado este gobierno (y los últimos gobiernos) la memoria histórica del golpe de Estado?

Creo en verdad que el Estado uruguayo y los gobiernos que lo han conducido desde 1985 hasta este momento, con muy distintos desempeños, no han hecho todo lo necesario para fortalecer ese programa de justicia, verdad y memoria que se impone. Por supuesto que cabe establecer diferencias. En la presidencia de Jorge Batlle estuvo la iniciativa de la Comisión para la Paz, que si bien fue augural no culminó bien.

Durante los tres gobiernos frenteamplistas se habilitaron importantes avances en la apertura de procesos judiciales, creación de una fiscalía especializada, descubrimiento de restos, documentos, políticas de memoria.Sin embargo, tampoco Tabaré Vázquez ni José Mujica utilizaron plenamente su condición de comandantes supremos de las Fuerzas Armadas para impulsar más decididamente al menos los caminos para ir a fondo en la verdad y para reformular los planes de educación de los militares en una perspectiva sólida de derechos humanos.

El actual gobierno de (Luis) Lacalle Pou, aunque sin entusiasmo ni demasiada voluntad política, ha mantenido en general las políticas iniciadas en 2005, rechazando -hasta ahora al menos- las presiones de Cabildo Abierto (que forma parte de la coalición gobernante) y de asociaciones afines para derivas regresivas en materia de interrupción de los juicios o de liberación o concesión de prisión domiciliaria a los represores que están en prisión. Pero resulta más que claro que no hay voluntad política por profundizar las acciones en la materia.

- El reciente hallazgo en un cuartel militar de posibles restos de detenidos desaparecidos en la dictadura militar, ¿qué impacto genera en la población, teniendo en cuenta que se llevaba un buen tiempo desde la aparición de los últimos restos de desaparecidos (2019)?

Ha tenido un impacto grande. Es la confirmación sobre que los restos están y que con más voluntad política se puede avanzar sustantivamente. Debe advertirse que este hallazgo se dio sin ninguna información nueva, como consecuencia de una búsqueda sistemática pero poco menos que ciega en los predios militares cautelados. Resulta evidente que hay más información, que hay más documentos, que el pacto de omertá entre militares y civiles no termina de ser removido. Y hay que recordar una vez más que el Presidente es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas y que debería actuar con mucho más protagonismo y firmeza en el tema.

- Hay sectores políticos en Uruguay que insisten en la teoría de los dos demonios o en la equiparación del terrorismo de Estado de 1970 y 1980 con los actos de violencia de la organización guerrillera MLN. ¿Tiene sustento esa versión?

Las investigaciones históricas que siguen avanzando prueban de manera contundente que ya había golpismo militar, con apoyo de civiles de distintos ámbitos (dirigentes políticos, empresarios, intelectuales, religiosos), antes del surgimiento del MLN. Por cierto que las acciones de la guerrilla armada, sobre todo en su deriva militarista posterior a 1968, favorecieron la consumación de la coalición golpista liderada por los militares en 1973 y que hubo acciones de violencia no estatal (de izquierda y de derecha) absolutamente repudiables, inadmisibles.

Pero la profundidad y vileza del terrorismo de Estado, con los abominables delitos que albergó y promovió con la más absoluta impunidad y arbitrariedad, resultan incomparables. Las lecturas negacionistas o que buscan justificar la barbarie del régimen dictatorial carecen de sustento.

- Según las últimas mediciones de Latinobarómetro, los uruguayos muestran mayor confianza en las Fuerzas Armadas (59%) que en el Parlamento (51%). ¿Qué lectura se puede hacer de esas encuestas?

El Uruguay todavía es una democracia de partidos, lo que es un patrimonio relevante que debe cuidar, un bien cada vez más escaso en el mundo y en la región. Pero no es una isla. La visión de la "Suiza de América" es muy autocomplaciente y termina siendo negativa. Hemos podido confirmar que aquí también la "antipolítica" crece y que en esta sociedad de la desconfianza, baja el prestigio de las instituciones políticas y aumenta el de organizaciones como las Fuerzas Armadas y el de algunas iglesias. Aunque todavía el fenómeno es incipiente, es todo un signo que da para preocupar. En ningún lugar existe una isla "incontaminada" de procesos que ocurren en la región y en el mundo.

- ¿Qué valoración hace de la convocatoria de Lacalle Pou a los expresidentes Mujica, Luis Lacalle Herreray Julio María Sanguinetti al acto por los 50 años? ¿Le parece más un gesto o es realmente simbólico de la reconciliación en Uruguay?

Habrá que ver… En Uruguay los expresidentes conviven civilizadamente y eso resulta casi que exótico en América Latina. Pero el mensaje en el cincuentenario del golpe de Estado tiene que ser muy claro. La "foto de familia" no alcanza. Tiene que ser acompañada de un pronunciamiento sustantivo en una perspectiva de "Nunca Más".

- ¿Qué lectura se puede realizar de la ausencia del presidente en el acto público en el que el Estado reconoció responsabilidades en el asesinato de tres mujeres (conocidas como las Muchachas de Abril) y en otras dos desapariciones forzadas en la última dictadura cívico militar?

No solo se trata de un error político de envergadura. Es una ausencia casi que inconcebible. Cuando fue por primera vez candidato presidencial en 2014, Lacalle Pou dijo que para él "la dictadura era prehistoria" y que "había que dar vuelta la página". En la misma campaña reconoció su error, en especial en relación a las víctimas. Pero ahora, casi una década después, ya como Presidente, parece no haber aprendido. Desde su investidura, quedó nuevamente en deuda con las víctimas. Y eso es mucho más que un error político de apreciación de coyuntura.

- Recientemente hubo una sorpresiva divulgación en Internet de archivos militares con fichas de miles de uruguayos y el espionaje a partidos políticos y organizaciones sociales desde años previos a la dictadura hasta por lo menos 2004. ¿Cuál puede ser el fin de la divulgación de estos archivos?

Todo esto genera muchas sospechas. Los primeros indicios parecen referir a una acción de un grupo perteneciente a los servicios de inteligencia, en el que pueden actuar civiles y militares con móviles diversos. La ruta de un aporte genuino al avance de la verdad no surge de este tipo de actos. En el mundo civilizado la ruta es otra. Primero el Estado democrático tiene que recuperar el control civil de los documentos.

Luego debe haber una sistematización de la documentación que permita una utilización consistente, que identifique la "carne podrida" que suelen contener este tipo de fondos. Y luego se impone una protocolización seria que ordene la utilización ética de este tipo de archivos sensibles, que por ejemplo evite la divulgación de supuestas confesiones sacadas bajo tormento, bajo tortura. Todo esto es lo que se hace en el mundo democrático, no se trata de censura para evitar el espejismo de la "consulta libre" de este tipo de documentos.