De boca en boca y #DesdeElTwitter

Al final, Carla Sánchez Galindo renunció en DD.HH.. Oscar Petersen le cambió el nombre a su partido. El fiscal Rivarola deberá esperar. La polémica jueza Mariel Suárez quiere pasar a la Justicia Federal. Y más.

Zoom. Abajo en la captura de pantalla, Mariel Suárez contesta las preguntas para intentar ser jueza federal.
11 JUN 2023 - 18:26 | Actualizado 11 JUN 2023 - 19:48

Hace dos semanas contamos en esta misma sección las aventuras de Gabriela Carla Sánchez Galindo, la funcionaria del Gobierno de Chubut que aparecía en la lista de diputados provinciales del mayor opositor al actual gobernador Mariano Arcioni, el senador Ignacio Torres.

Desde entonces hubo muchos rumores pero pocas definiciones públicas. De la propia Sánchez Galindo o de algún funcionario provincial que explicar cómo se puede ser integrante de un Gabinete y participar en una lista electoral que está en la vereda de enfernte.

La cuestión es que aunque no fue oficializada, la renuncia de Sánchez Galindo a su cargo, posterior a la publicación de Jornada que daba cuenta de su candidatura por Juntos por el Cambio, ya fue aceptada por el gobernador. Aunque trascendió que una dirigente peronista de Rawson asumiría el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos que dejó vacante la ahora candidata de Torres, por ahora no fue confirmado y la dependencia se encuentra acéfala.

Sánchez Galindo no abrió la boca desde entonces pero tuvo una confirmación en estos días: el Boletin Oficial de la República Argentina publicó la resolución de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Chubut, a cargo del juez federal Hugo Ricardo Sastre, que le otorgó nuevamente “la personería jurídico política en forma definitiva” al Partido Acción Chubutense (PACh), en la cual Sánchez Galindo figura como presidenta.

Los otros cargos que figuran en la disposición judicial los ocupan Raúl Omar Puccio (secretario general) y Claudia Bonavía (tesorera). En tanto, la Junta Electoral partidaria la integran Sandra Velásquez Arriagada, Leonardo Adrián Llancaman, Lidia Mabel Anhorn, como titulares; y Carlos Maggiorino Resmussi y Noche Benedicta Manriquez, como suplentes. El Tribunal de Conducta quedó a cargo de Nelson Diego Villa, Elbo Noemí Otarola, Yamile Judith Sarmiento (titulares) y Rubén Alberto Rogers, Laura Graciela Resmussi, José Miguel Otarola (suplentes).

Mientras que los apoderados son la propia Sánchez Galindo y el políticamente inextinguible Sixto Osvaldo Bermejo, también candidato a diputado provincial en la lista de Juntos por el Cambio.

Gen Petersen

La rehabilitación del PACh no fue lo único que informó la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Chubut. También aprobó el cambio de nombre del partido “Movimiento Polo Social Chubut” por la denominación “GEN” y su integración permanente al partido GEN que a nivel nacional lidera la legisladora Margarita Stolbizer.

Petersen, otro “Highlander” de la política chubutense, que ha sido aliado del peronismo, del socialismo, del dasnevismo y muchos otros “ismos”, y más recientemente del radicalismo y del macrismo en Chubut (formó parte de Juntos por el Cambi0 en las elecciones de Trelew pero no en las provinciales), vuelve a cambiar el nombre de su sello electoral que tanto resultados y recursos económicos le ha dado.

Rivarola debe esperar

La semana pasada se realizó en el Superior Tribunal de Justicia en Rawson una audiencia preliminar en el marco de dos denuncias en contra del fiscal de Rawson Fernando Rivarola, acusado por presunto mal desempeño en una causa en la que un médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense se lo investigó por tenencia de material sobre abuso sexual a infancias, y otra por la presunta comisión de violencia laboral y de género contra una colega.

El martes pasado, tras la audiencia, el Pleno del Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por el ministro del Superior Daniel Esteban Báez, los abogados Miguel Ángel Barletta y María Florencia Góngora, y las diputadas provinciales Claudia Mariela Williams y Selva Mónica Saso, pasó a un cuarto intermedio hasta una resolución.

En la audiencia, el defensor público de Rivarola, el Dr. Jorge Fabricio Benesperi, presentó un escrito mediante el cual denunció una “violación del debido proceso legal”, pidiendo declarar la nulidad del proceso y el archivo de las actuaciones contra de Rivarola. Esto generó un contrapunto con la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura, integrada por la Dra. Sonia Haydée Donati, la Dra. Mirta Pacheco y el Dr. Mariano Jalón, que estaban presentes y pidieron rechazar la nulidad intentada por el acusado.

Donati explicó que el plena del Consejo de la Magistratura, a través de sendas acordadas concluyó de manera diferente a los instructores que proponían archivar las denuncias y resolvió elevar al Tribunal de Enjuiciamiento las actuaciones para su juzgamiento.

El viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un resolución en la que se indica que “puestos a decidir sobre el planteo central, este Tribunal entiende pertinente diferir la cuestión definitiva para la oportunidad prevista por el art. 295 del CPPCH y el 51 de la Ley N° V-80, dado que indefectiblemente los agravios planteados y respondidos involucran asuntos fácticos que este Tribunal deberá analizar en dicha oportunidad, sin perjuicio de tener presentes los planteos y réplicas formulados por las partes”.
Es decir, se pateó todo para adelante.

Demanda de policías

En 2015 seis policías demandaron a la Provincia por la mala liquidación del concepto “Antigüedad” en sus recibos de sueldo. Desde entonces hubo juicios similares que el Estado fue pagando muy paulatinamente, con sumas que fueron de los 20 a los $ 400 mil.

Sin embargo, el incendio en el Superior Tribunal de Justicia planteó un serio problema: se quemaron expedientes que contenían recibos de sueldo de 2010 y 2011, imprescindibles para la liquidación final. El material original ya no se puede recuperar ya que por imperio legal, Finanzas de la Policía ya eliminó esos recibos de sus sistemas.

Los estudios de abogados de Chubut que patrocinan a los uniformados debieron salir a pedir a sus clientes que busquen esos papeles para armar nuevas liquidaciones en nuevos expedientes, pero no todos los guardaron. En rigor, esos sueldos de hace más de una década se pueden certificar con una planilla de cómputos, pero el trámite se extenderá mucho más.

Por lo pronto se sabe que hay cientos de policías afectados esperando cobrar con retroactivo su deuda por “Antigüedad”. Un problema adicional es que cada expediente incluye más de un uniformado, y si falta un solo papel, no se le puede pagar a ninguno de esa carpeta. Y el temor mayor, por supuesto, es que quedan pocos meses de la gestión provincial y no se sabe qué hará con este tema el gobierno que llegue.

Otro problemita que dejó aquel incendio todavía impune.

¿A la Justicia Federal?

El 7 de junio, en coincidencia con el Día del Periodista, algunos de esos mismos que ella tanto cuestionó por haber publicado que había visitado a un condenado que ella misma había juzgado, en una situación que todavía espera una resolución judicial, la jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez participó de las entrevistas personales citadas por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación destinado a cubrir dos cargos de juez o jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

Es decir, la misma jueza que aguarda una resolución sobre su situación y hasta fue suspendida en el Poder Judicial de Chubut, ahora tiene intenciones de pegar el salto a la Justicia Federal.

El acto fue presidido por el consejero Alberto Agustín Lugones, y participaron también los consejeros Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Jimena De la Torre, Roxana Reyes y Rodolfo Tailhade.
Durante la entrevista en modo virtual, el Dr. Lugones y la consejera Reyes (legisladora nacional por Santa Cruz) le pidió precisiones sobre la situación generada por la visita de la jueza Suárez al condenado “Mai” Bustos en un centro de detención ubicado en Trelew. Suárez dijo que todo se trató de un “Vínculo académico” y le aclaró a la Comisión que “no tuve la oportunidad de excusarme oportunamente”, aceptando que fue a visitar de manera amigable a Bustos cuando todavía había instancias judiciales en curso que la involucraban como parte del tribunal que lo había juzgado.

Suárez no es la única cnadidata a ser jueza de cámara: también dieron su entrevista Leandro Agustín Gómez Constenla, Pablo Javier Flores, Ángela Cecilia Pagano Mata, Carlos Ezequiel Oneto, Sebastián Pedro Ruiz, Mabel Elena Castelnuovo, Alejandro Gabriel Soñis, Sofía Chiambretto, Andrea Viviana Vázquez, Federico José Iuspa y Lucía Romina Orsetti.#

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Satirita
Por Descartes

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11 JUN 2023 - 18:26

Hace dos semanas contamos en esta misma sección las aventuras de Gabriela Carla Sánchez Galindo, la funcionaria del Gobierno de Chubut que aparecía en la lista de diputados provinciales del mayor opositor al actual gobernador Mariano Arcioni, el senador Ignacio Torres.

Desde entonces hubo muchos rumores pero pocas definiciones públicas. De la propia Sánchez Galindo o de algún funcionario provincial que explicar cómo se puede ser integrante de un Gabinete y participar en una lista electoral que está en la vereda de enfernte.

La cuestión es que aunque no fue oficializada, la renuncia de Sánchez Galindo a su cargo, posterior a la publicación de Jornada que daba cuenta de su candidatura por Juntos por el Cambio, ya fue aceptada por el gobernador. Aunque trascendió que una dirigente peronista de Rawson asumiría el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos que dejó vacante la ahora candidata de Torres, por ahora no fue confirmado y la dependencia se encuentra acéfala.

Sánchez Galindo no abrió la boca desde entonces pero tuvo una confirmación en estos días: el Boletin Oficial de la República Argentina publicó la resolución de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Chubut, a cargo del juez federal Hugo Ricardo Sastre, que le otorgó nuevamente “la personería jurídico política en forma definitiva” al Partido Acción Chubutense (PACh), en la cual Sánchez Galindo figura como presidenta.

Los otros cargos que figuran en la disposición judicial los ocupan Raúl Omar Puccio (secretario general) y Claudia Bonavía (tesorera). En tanto, la Junta Electoral partidaria la integran Sandra Velásquez Arriagada, Leonardo Adrián Llancaman, Lidia Mabel Anhorn, como titulares; y Carlos Maggiorino Resmussi y Noche Benedicta Manriquez, como suplentes. El Tribunal de Conducta quedó a cargo de Nelson Diego Villa, Elbo Noemí Otarola, Yamile Judith Sarmiento (titulares) y Rubén Alberto Rogers, Laura Graciela Resmussi, José Miguel Otarola (suplentes).

Mientras que los apoderados son la propia Sánchez Galindo y el políticamente inextinguible Sixto Osvaldo Bermejo, también candidato a diputado provincial en la lista de Juntos por el Cambio.

Gen Petersen

La rehabilitación del PACh no fue lo único que informó la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Chubut. También aprobó el cambio de nombre del partido “Movimiento Polo Social Chubut” por la denominación “GEN” y su integración permanente al partido GEN que a nivel nacional lidera la legisladora Margarita Stolbizer.

Petersen, otro “Highlander” de la política chubutense, que ha sido aliado del peronismo, del socialismo, del dasnevismo y muchos otros “ismos”, y más recientemente del radicalismo y del macrismo en Chubut (formó parte de Juntos por el Cambi0 en las elecciones de Trelew pero no en las provinciales), vuelve a cambiar el nombre de su sello electoral que tanto resultados y recursos económicos le ha dado.

Rivarola debe esperar

La semana pasada se realizó en el Superior Tribunal de Justicia en Rawson una audiencia preliminar en el marco de dos denuncias en contra del fiscal de Rawson Fernando Rivarola, acusado por presunto mal desempeño en una causa en la que un médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense se lo investigó por tenencia de material sobre abuso sexual a infancias, y otra por la presunta comisión de violencia laboral y de género contra una colega.

El martes pasado, tras la audiencia, el Pleno del Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por el ministro del Superior Daniel Esteban Báez, los abogados Miguel Ángel Barletta y María Florencia Góngora, y las diputadas provinciales Claudia Mariela Williams y Selva Mónica Saso, pasó a un cuarto intermedio hasta una resolución.

En la audiencia, el defensor público de Rivarola, el Dr. Jorge Fabricio Benesperi, presentó un escrito mediante el cual denunció una “violación del debido proceso legal”, pidiendo declarar la nulidad del proceso y el archivo de las actuaciones contra de Rivarola. Esto generó un contrapunto con la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura, integrada por la Dra. Sonia Haydée Donati, la Dra. Mirta Pacheco y el Dr. Mariano Jalón, que estaban presentes y pidieron rechazar la nulidad intentada por el acusado.

Donati explicó que el plena del Consejo de la Magistratura, a través de sendas acordadas concluyó de manera diferente a los instructores que proponían archivar las denuncias y resolvió elevar al Tribunal de Enjuiciamiento las actuaciones para su juzgamiento.

El viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un resolución en la que se indica que “puestos a decidir sobre el planteo central, este Tribunal entiende pertinente diferir la cuestión definitiva para la oportunidad prevista por el art. 295 del CPPCH y el 51 de la Ley N° V-80, dado que indefectiblemente los agravios planteados y respondidos involucran asuntos fácticos que este Tribunal deberá analizar en dicha oportunidad, sin perjuicio de tener presentes los planteos y réplicas formulados por las partes”.
Es decir, se pateó todo para adelante.

Demanda de policías

En 2015 seis policías demandaron a la Provincia por la mala liquidación del concepto “Antigüedad” en sus recibos de sueldo. Desde entonces hubo juicios similares que el Estado fue pagando muy paulatinamente, con sumas que fueron de los 20 a los $ 400 mil.

Sin embargo, el incendio en el Superior Tribunal de Justicia planteó un serio problema: se quemaron expedientes que contenían recibos de sueldo de 2010 y 2011, imprescindibles para la liquidación final. El material original ya no se puede recuperar ya que por imperio legal, Finanzas de la Policía ya eliminó esos recibos de sus sistemas.

Los estudios de abogados de Chubut que patrocinan a los uniformados debieron salir a pedir a sus clientes que busquen esos papeles para armar nuevas liquidaciones en nuevos expedientes, pero no todos los guardaron. En rigor, esos sueldos de hace más de una década se pueden certificar con una planilla de cómputos, pero el trámite se extenderá mucho más.

Por lo pronto se sabe que hay cientos de policías afectados esperando cobrar con retroactivo su deuda por “Antigüedad”. Un problema adicional es que cada expediente incluye más de un uniformado, y si falta un solo papel, no se le puede pagar a ninguno de esa carpeta. Y el temor mayor, por supuesto, es que quedan pocos meses de la gestión provincial y no se sabe qué hará con este tema el gobierno que llegue.

Otro problemita que dejó aquel incendio todavía impune.

¿A la Justicia Federal?

El 7 de junio, en coincidencia con el Día del Periodista, algunos de esos mismos que ella tanto cuestionó por haber publicado que había visitado a un condenado que ella misma había juzgado, en una situación que todavía espera una resolución judicial, la jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez participó de las entrevistas personales citadas por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación destinado a cubrir dos cargos de juez o jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

Es decir, la misma jueza que aguarda una resolución sobre su situación y hasta fue suspendida en el Poder Judicial de Chubut, ahora tiene intenciones de pegar el salto a la Justicia Federal.

El acto fue presidido por el consejero Alberto Agustín Lugones, y participaron también los consejeros Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Jimena De la Torre, Roxana Reyes y Rodolfo Tailhade.
Durante la entrevista en modo virtual, el Dr. Lugones y la consejera Reyes (legisladora nacional por Santa Cruz) le pidió precisiones sobre la situación generada por la visita de la jueza Suárez al condenado “Mai” Bustos en un centro de detención ubicado en Trelew. Suárez dijo que todo se trató de un “Vínculo académico” y le aclaró a la Comisión que “no tuve la oportunidad de excusarme oportunamente”, aceptando que fue a visitar de manera amigable a Bustos cuando todavía había instancias judiciales en curso que la involucraban como parte del tribunal que lo había juzgado.

Suárez no es la única cnadidata a ser jueza de cámara: también dieron su entrevista Leandro Agustín Gómez Constenla, Pablo Javier Flores, Ángela Cecilia Pagano Mata, Carlos Ezequiel Oneto, Sebastián Pedro Ruiz, Mabel Elena Castelnuovo, Alejandro Gabriel Soñis, Sofía Chiambretto, Andrea Viviana Vázquez, Federico José Iuspa y Lucía Romina Orsetti.#

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