Otro revés para la jueza enjuiciada por besarse con un condenado
La magistrada de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez había denunciado a policías y penitenciarios por divulgar imágenes de su encuentro dentro de la cárcel de Trelew con Cristina “Mai” Bustos, en diciembre de 2021. El caso había sido archivado. Ella pidió el desarchivo. Fue rechazado.
La jueza de Trelew Ivana González rechazó un pedido de desarchivo de una causa a instancias de otra jueza, la comodorense Mariel Suárez, que se hizo conocida a nivel nacional como “la jueza que se besó con un condenado a cadena perpetua”, en relación a un extraño encuentro que tuvo la magistrada con el condenado Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew en diciembre de 2021.
Ese escandaloso caso se comenzaría a dilucidar en agosto próximo en un juicio politico, pero tuvo otras instancias judiciales relacionadas, como la denuncia de Suárez en contra de policías y empleados penitenciarios, a quienes acusó de haber filtrado las imágenes de ella y “Mai” Bustos en un salón del IPP. El caso fue archivado en su momento, pero Suárez insistió y este martes su exigencia fue rechazada.
Todo se dio en el marco de una audiencia especial desarrollada en la Oficina Judicial en los Tribunales de Trelew, en donde el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Gustavo Núñez y el Dr. Diego Moya, argumentó acerca del archivo de una causa impulsada por la Suárez, quien participó de este evento de manera virtual desde Comodoro Rivadavia; mientras que la jueza González lo hizo con la misma modalidad y debió resolver sobre la situación planteada.
La cuestión se relaciona a una denuncia efectuada por Suárez contra el personal policial tras los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2021, en oportunidad que la mencionada, entre las 16:30 y las 19, concurrió al Instituto Penitenciario Provincial a visitar al interno Bustos. La entrevista se llevó a cabo en un aula de ese lugar y de allí posteriormente trascendieron públicamente imágenes por las cuales hoy se llevan adelante otras investigaciones.
#Exclusivo El #video que elevaron las autoridades penitenciarias a la Justicia de #Chubut en el que se ve a la jueza y al condenado dentro de un aula de la cárcel de #Trelew https://t.co/7zPqst2Hdr pic.twitter.com/4rUqU1HIQK
— Diario Jornada (@JornadaWeb) January 3, 2022
El 11 de mayo de 2022 se abrió una causa con la denuncia formulada por Suárez y Ana Marisol Ramírez, en su carácter de presidenta de la asociación sin fines de lucro “Mujeres Activistas del Sur C.R.” contra dos policías y personal del IPP de Trelew. La denunciante dijo entonces que el encuentro se desarrolló en una sala que cuenta con una cámara, la cuál no videogrababa y cuyo objetivo era mantener la seguridad de los visitantes. Asimismo, manifestó que un agente, con su celular personal, grabó las imágenes que emitía el monitor del circuito de seguridad, registrando “sin autorización” -según la jueza Suárez- lo que ocurría entre ella y Bustos. Por último, mencionó que las imágenes fueron enviadas de forma ilegal a portales periodísticos, viralizadas y luego utilizadas como sustento probatorio en el sumario iniciado en contra de Suárez.
El fiscal Núñez, en cambio, llegó a la conclusión de disponer el archivo de las actuaciones en contra del personal policial, tras lo cuál la denunciante decidió solicitar se ordene el desarchivo de las mismas por entender que existían elementos suficientes para continuar la investigación penal, sugiriendo la pérdida de objetividad del fiscal interviniente y solicitando la designación de otro funcionario en el caso.
Durante la audiencia de este martes, luego de escuchar las argumentaciones de Suárez, el fiscal Núñez dio a conocer cada uno de los procedimientos efectuados para arribar a la determinación comunicada oportunamente. Entre ellos, se puso en conocimiento de la visita realizada al propio IPP constatando las instalaciones y los medios utilizados, se hizo de las actuaciones relacionadas al hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2021, se solicitó copia del sumario instruido por el Superior Tribunal de Justicia ante el Consejo de la Magistratura, se autorizó un allanamiento al domicilio del policía involucrado a los fines de proceder al secuestro de un teléfono celular personal y otras diligencias llevadas adelante.
El fiscal, sin embargo, consideró que efectuado un análisis pormenorizado de los elementos aludidos, “no se vislumbra la existencia de otras medidas por realizar que puedan ser conducentes al esclarecimiento del hecho que se investiga y lo cierto es que todo lo colectado no resulta suficiente como para endilgar su comisión a personas determinadas”.
Destacó -además- que “no se puede pasar por alto que la finalidad del circuito cerrado de video filmación es la de controlar la seguridad de las personas, resultando razonable y necesario que, ante situaciones anómalas e irregulares como las mencionadas, el personal policial presente grabe con sus celulares para que quede el archivo en algún lado, y así tener alguna prueba de lo que está pasando, en atención a que por problemas técnicos o por el motivo que fuera, la cámara en cuestión no almacena registro alguno”.
El fiscal resalto que no se afectó el derecho a la intimidad como argumentaba la jueza Suárez, como así también sostuvo haber realizado todas las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad, no existiendo por ende afectación alguna al deber de objetividad. Ante esto, solicitó la confirmación del archivo de las actuaciones.
Luego de escuchar a las partes, la jueza González aseguró que lo actuado por el Ministerio Público Fiscal ha sido “preciso, correcto y exhaustive”, valorando sus argumentaciones y rechazando la solicitud de Mariel Alejandra Suárez, por lo que procedió a confirmar el archivo correspondiente de la causa que dispusiera el fiscal.
(Fuente: Ministerio Público Fiscal Trelew)
La jueza de Trelew Ivana González rechazó un pedido de desarchivo de una causa a instancias de otra jueza, la comodorense Mariel Suárez, que se hizo conocida a nivel nacional como “la jueza que se besó con un condenado a cadena perpetua”, en relación a un extraño encuentro que tuvo la magistrada con el condenado Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew en diciembre de 2021.
Ese escandaloso caso se comenzaría a dilucidar en agosto próximo en un juicio politico, pero tuvo otras instancias judiciales relacionadas, como la denuncia de Suárez en contra de policías y empleados penitenciarios, a quienes acusó de haber filtrado las imágenes de ella y “Mai” Bustos en un salón del IPP. El caso fue archivado en su momento, pero Suárez insistió y este martes su exigencia fue rechazada.
Todo se dio en el marco de una audiencia especial desarrollada en la Oficina Judicial en los Tribunales de Trelew, en donde el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Gustavo Núñez y el Dr. Diego Moya, argumentó acerca del archivo de una causa impulsada por la Suárez, quien participó de este evento de manera virtual desde Comodoro Rivadavia; mientras que la jueza González lo hizo con la misma modalidad y debió resolver sobre la situación planteada.
La cuestión se relaciona a una denuncia efectuada por Suárez contra el personal policial tras los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2021, en oportunidad que la mencionada, entre las 16:30 y las 19, concurrió al Instituto Penitenciario Provincial a visitar al interno Bustos. La entrevista se llevó a cabo en un aula de ese lugar y de allí posteriormente trascendieron públicamente imágenes por las cuales hoy se llevan adelante otras investigaciones.
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El 11 de mayo de 2022 se abrió una causa con la denuncia formulada por Suárez y Ana Marisol Ramírez, en su carácter de presidenta de la asociación sin fines de lucro “Mujeres Activistas del Sur C.R.” contra dos policías y personal del IPP de Trelew. La denunciante dijo entonces que el encuentro se desarrolló en una sala que cuenta con una cámara, la cuál no videogrababa y cuyo objetivo era mantener la seguridad de los visitantes. Asimismo, manifestó que un agente, con su celular personal, grabó las imágenes que emitía el monitor del circuito de seguridad, registrando “sin autorización” -según la jueza Suárez- lo que ocurría entre ella y Bustos. Por último, mencionó que las imágenes fueron enviadas de forma ilegal a portales periodísticos, viralizadas y luego utilizadas como sustento probatorio en el sumario iniciado en contra de Suárez.
El fiscal Núñez, en cambio, llegó a la conclusión de disponer el archivo de las actuaciones en contra del personal policial, tras lo cuál la denunciante decidió solicitar se ordene el desarchivo de las mismas por entender que existían elementos suficientes para continuar la investigación penal, sugiriendo la pérdida de objetividad del fiscal interviniente y solicitando la designación de otro funcionario en el caso.
Durante la audiencia de este martes, luego de escuchar las argumentaciones de Suárez, el fiscal Núñez dio a conocer cada uno de los procedimientos efectuados para arribar a la determinación comunicada oportunamente. Entre ellos, se puso en conocimiento de la visita realizada al propio IPP constatando las instalaciones y los medios utilizados, se hizo de las actuaciones relacionadas al hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2021, se solicitó copia del sumario instruido por el Superior Tribunal de Justicia ante el Consejo de la Magistratura, se autorizó un allanamiento al domicilio del policía involucrado a los fines de proceder al secuestro de un teléfono celular personal y otras diligencias llevadas adelante.
El fiscal, sin embargo, consideró que efectuado un análisis pormenorizado de los elementos aludidos, “no se vislumbra la existencia de otras medidas por realizar que puedan ser conducentes al esclarecimiento del hecho que se investiga y lo cierto es que todo lo colectado no resulta suficiente como para endilgar su comisión a personas determinadas”.
Destacó -además- que “no se puede pasar por alto que la finalidad del circuito cerrado de video filmación es la de controlar la seguridad de las personas, resultando razonable y necesario que, ante situaciones anómalas e irregulares como las mencionadas, el personal policial presente grabe con sus celulares para que quede el archivo en algún lado, y así tener alguna prueba de lo que está pasando, en atención a que por problemas técnicos o por el motivo que fuera, la cámara en cuestión no almacena registro alguno”.
El fiscal resalto que no se afectó el derecho a la intimidad como argumentaba la jueza Suárez, como así también sostuvo haber realizado todas las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad, no existiendo por ende afectación alguna al deber de objetividad. Ante esto, solicitó la confirmación del archivo de las actuaciones.
Luego de escuchar a las partes, la jueza González aseguró que lo actuado por el Ministerio Público Fiscal ha sido “preciso, correcto y exhaustive”, valorando sus argumentaciones y rechazando la solicitud de Mariel Alejandra Suárez, por lo que procedió a confirmar el archivo correspondiente de la causa que dispusiera el fiscal.
(Fuente: Ministerio Público Fiscal Trelew)