En respuesta a lo propuesto por la fiscalía y la defensa, el juez penal Alejandro Rosales homologó la aplicación de un juicio abreviado en contra de un hombre de 51 años de edad que se encuentra imputado por tres hechos de abuso sexual simple en perjuicio de dos menores de edad en contexto de violencia familiar, por tratarse de sus sobrinas.
Las situaciones de abuso detectadas ocurrieron en febrero de 2016 en la vivienda de la madre de la víctima, donde tomaba lugar una reunión familiar en la que participaba el imputado y tío de la menor de edad abusada. Luego de que la mayoría de los integrantes del grupo se fueron del domicilio para comprar alimentos, el agresor aprovechó esa ocasión para atacar a la adolescente.
Por otro lado, el 17 de enero de 2020, el hombre acudió a la casa de su hermana. Luego, se dirigió en un camión hasta una chacra ubicada en inmediaciones del camino al lago “Musters”, acompañado de otra sobrina a la que también atacó utilizando un accionar similar al caso anterior. Asimismo, otros dos hechos de similares características ocurrieron entre el 17 y 18 de enero en la vivienda de la madre de las víctimas.
En la audiencia que presidió el juez Rosales, los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa presentaron un acuerdo de aplicación de dicha institución, en el que solicitan que el imputado se someta al cumplimiento de una serie de reglas de conducta.
Es por esto, que mientras esté vigente el plazo de la condena, deberá fijar domicilio, presentarse ante el Cuerpo de Delegados de Control cada cuatro meses, mantener su trabajo u oficio, y no establecer ningún tipo de contacto ni acercamiento personal a las víctimas ni a sus viviendas. Lo mismo se establece para los canales virtuales.
Respecto a la pena que se plantea imponer, los profesionales resaltaron que, debido a la calificación legal escogida, en caso de que el imputado reciba una sentencia condenatoria, la misma debe establecerse en un plazo de entre seis meses a cuatro años de prisión. Se tuvo en cuenta para ello que el acusado no registra antecedentes penales computables. En detalle, se solicitó que se le imponga una condena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.
La institución de juicio abreviado
A través de ese procedimiento, el acusado renuncia a su derecho de ser juzgado en un juicio oral y público. A su vez, acuerda reconocer la existencia de los hechos, su participación en los mismos, y aceptar la imposición de la pena que propongan las partes. En relación a esto, Rosales realizó las preguntas requeridas para que el imputado responda de manera efectiva sobre al acuerdo propuesto.
En respuesta a lo propuesto por la fiscalía y la defensa, el juez penal Alejandro Rosales homologó la aplicación de un juicio abreviado en contra de un hombre de 51 años de edad que se encuentra imputado por tres hechos de abuso sexual simple en perjuicio de dos menores de edad en contexto de violencia familiar, por tratarse de sus sobrinas.
Las situaciones de abuso detectadas ocurrieron en febrero de 2016 en la vivienda de la madre de la víctima, donde tomaba lugar una reunión familiar en la que participaba el imputado y tío de la menor de edad abusada. Luego de que la mayoría de los integrantes del grupo se fueron del domicilio para comprar alimentos, el agresor aprovechó esa ocasión para atacar a la adolescente.
Por otro lado, el 17 de enero de 2020, el hombre acudió a la casa de su hermana. Luego, se dirigió en un camión hasta una chacra ubicada en inmediaciones del camino al lago “Musters”, acompañado de otra sobrina a la que también atacó utilizando un accionar similar al caso anterior. Asimismo, otros dos hechos de similares características ocurrieron entre el 17 y 18 de enero en la vivienda de la madre de las víctimas.
En la audiencia que presidió el juez Rosales, los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa presentaron un acuerdo de aplicación de dicha institución, en el que solicitan que el imputado se someta al cumplimiento de una serie de reglas de conducta.
Es por esto, que mientras esté vigente el plazo de la condena, deberá fijar domicilio, presentarse ante el Cuerpo de Delegados de Control cada cuatro meses, mantener su trabajo u oficio, y no establecer ningún tipo de contacto ni acercamiento personal a las víctimas ni a sus viviendas. Lo mismo se establece para los canales virtuales.
Respecto a la pena que se plantea imponer, los profesionales resaltaron que, debido a la calificación legal escogida, en caso de que el imputado reciba una sentencia condenatoria, la misma debe establecerse en un plazo de entre seis meses a cuatro años de prisión. Se tuvo en cuenta para ello que el acusado no registra antecedentes penales computables. En detalle, se solicitó que se le imponga una condena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.
La institución de juicio abreviado
A través de ese procedimiento, el acusado renuncia a su derecho de ser juzgado en un juicio oral y público. A su vez, acuerda reconocer la existencia de los hechos, su participación en los mismos, y aceptar la imposición de la pena que propongan las partes. En relación a esto, Rosales realizó las preguntas requeridas para que el imputado responda de manera efectiva sobre al acuerdo propuesto.