“Fueron conscientes de su conducta ilegal y actuaron con toda libertad”
En su alegato final, Fiscalía consideró probado el rol de Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo para generar intencionalmente el fuego en Rawson. La defensa habló de una zona liberada por la cúpula de la Policía.
La fiscal Florencia Gómez consideró probado el rol del exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, en los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno los días 17 y 18 de septiembre de 2019 en Rawson. Y deslizó que en cambio, Mariana Castro y Marcela Ancaleo tuvieron una participación secundaria.
En todos los casos, los tres imputados “fueron conscientes de su accionar ilegal y sus consecuencias y actuaron con libertad para llevar adelante sus conductas”. Para Gómez es “poco creíble” que hayan trasladado cubiertas para “calefaccionarse”.
Ayer se conocieron los alegatos finales en el juicio oral y público contra los tres dirigentes en la capital ante la jueza María Tolomei.
Según el parte de prensa de la Procuración General, tuvieron especial relevancia los peritos policiales y de los bomberos. Y también los testigos -especialmente policías- afectados por el espeso humo y las llamas dentro y fuera de los edificios.
Fiscalía destacó los dichos del periodista de Canal 12 Augusto Rakijar, quien describió una situación de “trabajadores contra trabajadores” en alusión a las llamas avivadas por manifestantes docentes que afectaban a policías que intentaban salvaguardar edificios públicos.
“Los materiales afectados por el incendio, como mampostería, vidrios y perfiles de aluminio, fueron a consecuencia de un incendio de combustión libre, de fuego sin control”, alegó Gómez . Las cubiertas, en gran cantidad, eran un material altamente inflamable, peligroso y difícil de apagar. “La evidencia indica que pocas cosas o materiales presentan tanta idoneidad para la propagación de un foco ígneo como las cubiertas. Entre los componentes está el caucho sintético, altamente inflamable, material usado para avivar y mantener el fuego; es un agente eficaz de propagación dada la magnitud que alcanzaron las llamas”.
Según el alegato, ese humo es “altamente contaminante y se creó un peligro para la seguridad pública, que los imputados difícilmente pudieron ignorar”.
Para los investigadores, el juicio acreditó que las conductas de los imputados crearon un peligro común para bienes y personas. “Su acción derivó en una situación de peligro concreto para el edificio de la Legislatura y para todo el personal policial que, cumpliendo su función de evitar el ingreso de los manifestantes al interior del edificio, quedó expuesto a la inhalación de monóxido de carbono, viendo afectada su salud, efectos que se manifestaron con tos, mareos, ardor de ojos, y falta de aire”.
El alegato destacó la magnitud de los daños acreditado por peritos en arquitectura e ingeniería, que dieron cuenta de los daños en la mampostería, vidrios, aberturas y mobiliario por efecto de las llamas y el calor. Y se tuvieron en cuenta los efectos del espeso humo que ganó el acceso a la Legislatura y la puerta dos de la Casa de Gobierno, con consecuencias en los empleados y el normal funcionamiento de esos lugares.
Respecto de la Legislatura, el costo de los daños en ese edificio, fueron valuados en $ 12 millones a 2019.
Para la fiscal Gómez hubo intencionalidad en provocar los delitos ya que los acusados “fueron conscientes que el accionar que desplegaron y realizaron, era ilegal”. Los testigos coincidieron en ver a Goodman trasladando y arrojando cubiertas al fuego y él mismo lo admitió.
No se probó que el exlíder del gremio docente haya actuado bajo “amenazas”, tal manifestaron imputados y algunos testigos de la defensa considerados de dudosa credibilidad, ya que son delegados del mismo gremio que conducía Goodman.
“La hipótesis acusatoria fue concreta, clara y precisa y debidamente acreditada”, manifestó Martín Castro, el abogado querellante que representa al Estado provincial, la víctima y principal afectado por los hechos investigados.
Castro consideró que se trató de un “incendio peligroso e incontrolable, únicamente controlable por personal y equipamiento idóneo”
En la Oficina Judicial de Rawson, los defensores Sergio Miranda, por Castro y Goodman, y Miguel Moyano, por Ancaleo, pidieron el sobreseimiento.
“Valoro los testimonios de los periodistas porque era la única manera de saber qué sucedió. Por eso consideramos acreditados los hechos tal como fueron descriptos por la Fiscalía”, alegó Miranda, quien sin embargo pidió tener muy en cuenta el contexto económico y social en ese momento en Chubut. “El reclamo no era de ese día, sino que era de varios meses por los incumplimientos del Estado en sus promesas salariales, que se plasmaron en la realización de un plenario, ese día”, en alusión a los dichos de docentes testigos de la defensa. “Había no solo angustia, sino que también había mucha bronca. Y Goodman no era ajeno a este estado de ánimo”, dijo Miranda.
Para Miranda, el subjefe de la Policía entonces, Néstor Gómez Ocampo, “liberó la zona” al mandar al jefe de Infantería y sus hombres a la Casa de Gobierno, “porque la situación estaba controlada”, para luego darles franco a los efectivos. “La policía se encargó más de levantar información que a participar en evitar los incendios”.
Respecto de la motivación de Goodman, “no quedan dudas de que actuó con su libertad condicionada”, en alusión a los dichos del mismo Goodman y de Castro. Es que Goodman habría sido amenazado de muerte por docentes de Comodoro Rivadavia para endurecer la protesta frente a la Legislatura.
Se refirió también a las filmaciones de las cámaras de seguridad y de los medios que registraron que la Policía no resguardó debidamente ambos edificios, que sus clientes no iniciaron el fuego ni arrojaron piedras y que las llamas nunca estuvieron descontroladas.
Por su parte, Moyano calificó de “imprecisa y enmarañada” la investigación de la fiscal Gómez. Dijo que Ancaleo fue sometida a juicio sobre la base de “especulaciones” y que debió estar desvinculada porque “existe una duda razonable a su favor, porque nunca hubo elementos de cargo en su contra; se la imputó arbitrariamente por bajar una cubierta de un vehículo”. Destacó que “nunca corrieron riesgo las estructuras de los edificios y la salud de los policías” y que las llamas “pudieron haber sido sofocadas a tiempo”. Según Moyano, ningún testigo vio a Ancaleo incentivar el fuego.#
La fiscal Florencia Gómez consideró probado el rol del exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, en los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno los días 17 y 18 de septiembre de 2019 en Rawson. Y deslizó que en cambio, Mariana Castro y Marcela Ancaleo tuvieron una participación secundaria.
En todos los casos, los tres imputados “fueron conscientes de su accionar ilegal y sus consecuencias y actuaron con libertad para llevar adelante sus conductas”. Para Gómez es “poco creíble” que hayan trasladado cubiertas para “calefaccionarse”.
Ayer se conocieron los alegatos finales en el juicio oral y público contra los tres dirigentes en la capital ante la jueza María Tolomei.
Según el parte de prensa de la Procuración General, tuvieron especial relevancia los peritos policiales y de los bomberos. Y también los testigos -especialmente policías- afectados por el espeso humo y las llamas dentro y fuera de los edificios.
Fiscalía destacó los dichos del periodista de Canal 12 Augusto Rakijar, quien describió una situación de “trabajadores contra trabajadores” en alusión a las llamas avivadas por manifestantes docentes que afectaban a policías que intentaban salvaguardar edificios públicos.
“Los materiales afectados por el incendio, como mampostería, vidrios y perfiles de aluminio, fueron a consecuencia de un incendio de combustión libre, de fuego sin control”, alegó Gómez . Las cubiertas, en gran cantidad, eran un material altamente inflamable, peligroso y difícil de apagar. “La evidencia indica que pocas cosas o materiales presentan tanta idoneidad para la propagación de un foco ígneo como las cubiertas. Entre los componentes está el caucho sintético, altamente inflamable, material usado para avivar y mantener el fuego; es un agente eficaz de propagación dada la magnitud que alcanzaron las llamas”.
Según el alegato, ese humo es “altamente contaminante y se creó un peligro para la seguridad pública, que los imputados difícilmente pudieron ignorar”.
Para los investigadores, el juicio acreditó que las conductas de los imputados crearon un peligro común para bienes y personas. “Su acción derivó en una situación de peligro concreto para el edificio de la Legislatura y para todo el personal policial que, cumpliendo su función de evitar el ingreso de los manifestantes al interior del edificio, quedó expuesto a la inhalación de monóxido de carbono, viendo afectada su salud, efectos que se manifestaron con tos, mareos, ardor de ojos, y falta de aire”.
El alegato destacó la magnitud de los daños acreditado por peritos en arquitectura e ingeniería, que dieron cuenta de los daños en la mampostería, vidrios, aberturas y mobiliario por efecto de las llamas y el calor. Y se tuvieron en cuenta los efectos del espeso humo que ganó el acceso a la Legislatura y la puerta dos de la Casa de Gobierno, con consecuencias en los empleados y el normal funcionamiento de esos lugares.
Respecto de la Legislatura, el costo de los daños en ese edificio, fueron valuados en $ 12 millones a 2019.
Para la fiscal Gómez hubo intencionalidad en provocar los delitos ya que los acusados “fueron conscientes que el accionar que desplegaron y realizaron, era ilegal”. Los testigos coincidieron en ver a Goodman trasladando y arrojando cubiertas al fuego y él mismo lo admitió.
No se probó que el exlíder del gremio docente haya actuado bajo “amenazas”, tal manifestaron imputados y algunos testigos de la defensa considerados de dudosa credibilidad, ya que son delegados del mismo gremio que conducía Goodman.
“La hipótesis acusatoria fue concreta, clara y precisa y debidamente acreditada”, manifestó Martín Castro, el abogado querellante que representa al Estado provincial, la víctima y principal afectado por los hechos investigados.
Castro consideró que se trató de un “incendio peligroso e incontrolable, únicamente controlable por personal y equipamiento idóneo”
En la Oficina Judicial de Rawson, los defensores Sergio Miranda, por Castro y Goodman, y Miguel Moyano, por Ancaleo, pidieron el sobreseimiento.
“Valoro los testimonios de los periodistas porque era la única manera de saber qué sucedió. Por eso consideramos acreditados los hechos tal como fueron descriptos por la Fiscalía”, alegó Miranda, quien sin embargo pidió tener muy en cuenta el contexto económico y social en ese momento en Chubut. “El reclamo no era de ese día, sino que era de varios meses por los incumplimientos del Estado en sus promesas salariales, que se plasmaron en la realización de un plenario, ese día”, en alusión a los dichos de docentes testigos de la defensa. “Había no solo angustia, sino que también había mucha bronca. Y Goodman no era ajeno a este estado de ánimo”, dijo Miranda.
Para Miranda, el subjefe de la Policía entonces, Néstor Gómez Ocampo, “liberó la zona” al mandar al jefe de Infantería y sus hombres a la Casa de Gobierno, “porque la situación estaba controlada”, para luego darles franco a los efectivos. “La policía se encargó más de levantar información que a participar en evitar los incendios”.
Respecto de la motivación de Goodman, “no quedan dudas de que actuó con su libertad condicionada”, en alusión a los dichos del mismo Goodman y de Castro. Es que Goodman habría sido amenazado de muerte por docentes de Comodoro Rivadavia para endurecer la protesta frente a la Legislatura.
Se refirió también a las filmaciones de las cámaras de seguridad y de los medios que registraron que la Policía no resguardó debidamente ambos edificios, que sus clientes no iniciaron el fuego ni arrojaron piedras y que las llamas nunca estuvieron descontroladas.
Por su parte, Moyano calificó de “imprecisa y enmarañada” la investigación de la fiscal Gómez. Dijo que Ancaleo fue sometida a juicio sobre la base de “especulaciones” y que debió estar desvinculada porque “existe una duda razonable a su favor, porque nunca hubo elementos de cargo en su contra; se la imputó arbitrariamente por bajar una cubierta de un vehículo”. Destacó que “nunca corrieron riesgo las estructuras de los edificios y la salud de los policías” y que las llamas “pudieron haber sido sofocadas a tiempo”. Según Moyano, ningún testigo vio a Ancaleo incentivar el fuego.#