Abogacía: todavía no hay denuncias por acoso
Los fiscales de Género aguardan alguna presentación para poder investigar y ofrecen todas las garantías a las presuntas víctimas. Juan Manuel Irusta, secretario académico de la UNPSJB, dijo que hablaron con los alumnos para crear una red de confianza y que las jóvenes “se animen” a hablar.
Al cierre de esta edición en la Fiscalía de Esquel no había denuncias de víctimas del presunto acoso en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Por el caso ya hay dos profesores separados preventivamente por 90 días, con un expediente que podría elevarse a sumario, según como se desarrollen los acontecimientos.
El jueves se constituyó en Esquel una Comisión de Género ad hoc integrada por distintos claustros de Ciencias Jurídicas, creada de inmediato ante los sucesos de la Sede Esquel, que trascendieron por redes y medios.
Además de la propia comunidad universitaria que vela por la integridad de las estudiantes, dándoles contención y confianza para que declaren en Fiscalía, también se ocupa el Consejo Municipal de la Mujer con la conducción de Graciela Avilés.
Los fiscales de Género María Bottini y Carlos Richeri, pusieron a disposición todos los mecanismos para garantizar y dar seguridad a las supuestas víctimas, si decidieran radicar la denuncia, en lo que depositan muchas expectativas, y hasta el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito sigue con atención esta situación.
En este escenario, Juan Manuel Irusta, el secretario académico de la UNPSJB e integrante de la Facultad de Derecho, explicó que la Comisión de Género ya interviene generando “canales de contención» para las estudiantes.
“Si la justicia tuviera elementos ya podría actuar de oficio. Si hay pruebas que la Fiscalía pudiera intervenir. Tenemos una presunta denuncia de una alumna y una graduada, y chats” indicó en La Cien Punto Uno. No accedió a ese material y no fue aportados a la Justicia. “Vimos comentarios en Facebook pero son solamente comentarios al respecto”.
Irusta viajó a Esquel para tomar contacto con las autoridades municipales, de la Facultad y de la delegación universitaria. “Nos reunimos con el Centro de Estudiantes para ofrecer canales de comunicación y de contención a las jóvenes afectadas. Estuvimos con la secretaria de la Comisión de Género del municipio”.
Explicó que “tenemos que dar institucionalidad y continuidad a la actividad académica ya que eso, se quiera o no, afecta a los docentes, el alumnado y la sede”.
No tuvo contacto con las estudiantes. “Es lógico que necesiten un lugar de confianza y un ámbito que les permite contar lo que les sucedió. Por eso, decidimos apartar a los docentes y hablamos con alumnos de la sede para que se creen los lazos y se animen a denunciar. Al equipo interdisciplinario de la sede les pedimos que estén atentos por si se acercan. La mamá de una chica está en contacto; dejamos nuestros mails y teléfonos”.
“Las noticias que tenemos es un tuit que refiere a una alumna y a una graduada y después habría intercambios de chats con situaciones de acoso u ofrecimiento. Hasta ahí pudimos indagar. Lo que encontremos queremos llevarlo al sumario”.
Irusta reconoció que si bien es un delito de instancia privada, la Justicia podría intervenir de oficio. “Depende de las aristas y del material que haya. Escuché a alguna fiscal de Esquel que planteaba si era acoso o no; la figura está contemplada en la Ley de Violencia de Género. Si hubiera una constancia o una prueba debiera haber una denuncia judicial. Mínimamente la víctima podría pedir medidas de restricción y estarían habilitadas. Para evitar suspicacias y prevenir, tomamos estas medidas para darle confianza a las potenciales víctimas”.
“Actuamos en función de la institucionalidad y preservar a las alumnas que se denunciaron. La gravedad de las acusaciones nos llevaron a tomar medidas rápidas. Preferimos dar señales más allá de los involucrados. Nos sorprende mucho el tenor de las denuncias”, indicó.
Admitió que hay antecedentes. “La violencia de género existe y no es algo que apareció ahora con los protocolos. Muchos temas se han resuelto en la Universidad con suspensiones a docentes y retos a algunos alumnos. Tenemos la responsabilidad de actuar pero necesitamos de equipos técnicos interdisciplinarios especializados. La Ley Micaela nos ha formado pero falta mucho por hacer”.#
Al cierre de esta edición en la Fiscalía de Esquel no había denuncias de víctimas del presunto acoso en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Por el caso ya hay dos profesores separados preventivamente por 90 días, con un expediente que podría elevarse a sumario, según como se desarrollen los acontecimientos.
El jueves se constituyó en Esquel una Comisión de Género ad hoc integrada por distintos claustros de Ciencias Jurídicas, creada de inmediato ante los sucesos de la Sede Esquel, que trascendieron por redes y medios.
Además de la propia comunidad universitaria que vela por la integridad de las estudiantes, dándoles contención y confianza para que declaren en Fiscalía, también se ocupa el Consejo Municipal de la Mujer con la conducción de Graciela Avilés.
Los fiscales de Género María Bottini y Carlos Richeri, pusieron a disposición todos los mecanismos para garantizar y dar seguridad a las supuestas víctimas, si decidieran radicar la denuncia, en lo que depositan muchas expectativas, y hasta el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito sigue con atención esta situación.
En este escenario, Juan Manuel Irusta, el secretario académico de la UNPSJB e integrante de la Facultad de Derecho, explicó que la Comisión de Género ya interviene generando “canales de contención» para las estudiantes.
“Si la justicia tuviera elementos ya podría actuar de oficio. Si hay pruebas que la Fiscalía pudiera intervenir. Tenemos una presunta denuncia de una alumna y una graduada, y chats” indicó en La Cien Punto Uno. No accedió a ese material y no fue aportados a la Justicia. “Vimos comentarios en Facebook pero son solamente comentarios al respecto”.
Irusta viajó a Esquel para tomar contacto con las autoridades municipales, de la Facultad y de la delegación universitaria. “Nos reunimos con el Centro de Estudiantes para ofrecer canales de comunicación y de contención a las jóvenes afectadas. Estuvimos con la secretaria de la Comisión de Género del municipio”.
Explicó que “tenemos que dar institucionalidad y continuidad a la actividad académica ya que eso, se quiera o no, afecta a los docentes, el alumnado y la sede”.
No tuvo contacto con las estudiantes. “Es lógico que necesiten un lugar de confianza y un ámbito que les permite contar lo que les sucedió. Por eso, decidimos apartar a los docentes y hablamos con alumnos de la sede para que se creen los lazos y se animen a denunciar. Al equipo interdisciplinario de la sede les pedimos que estén atentos por si se acercan. La mamá de una chica está en contacto; dejamos nuestros mails y teléfonos”.
“Las noticias que tenemos es un tuit que refiere a una alumna y a una graduada y después habría intercambios de chats con situaciones de acoso u ofrecimiento. Hasta ahí pudimos indagar. Lo que encontremos queremos llevarlo al sumario”.
Irusta reconoció que si bien es un delito de instancia privada, la Justicia podría intervenir de oficio. “Depende de las aristas y del material que haya. Escuché a alguna fiscal de Esquel que planteaba si era acoso o no; la figura está contemplada en la Ley de Violencia de Género. Si hubiera una constancia o una prueba debiera haber una denuncia judicial. Mínimamente la víctima podría pedir medidas de restricción y estarían habilitadas. Para evitar suspicacias y prevenir, tomamos estas medidas para darle confianza a las potenciales víctimas”.
“Actuamos en función de la institucionalidad y preservar a las alumnas que se denunciaron. La gravedad de las acusaciones nos llevaron a tomar medidas rápidas. Preferimos dar señales más allá de los involucrados. Nos sorprende mucho el tenor de las denuncias”, indicó.
Admitió que hay antecedentes. “La violencia de género existe y no es algo que apareció ahora con los protocolos. Muchos temas se han resuelto en la Universidad con suspensiones a docentes y retos a algunos alumnos. Tenemos la responsabilidad de actuar pero necesitamos de equipos técnicos interdisciplinarios especializados. La Ley Micaela nos ha formado pero falta mucho por hacer”.#