Viales rechazan acuerdo por viáticos irregulares
El Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut en conferencia de prensa mostró malestar con la resolución de la justicia respecto a la denuncia penal presentada en 2018 por irregularidades en el pago de adicionales sin cumplir.
Las maniobras involucraban al entonces jefe del organismo y un grupo de trabajadores que reconoció el delito y abonó 198 mil pesos para no ir a juicio.
“Vialidad Provincial recuperó casi 200 mil pesos por la denuncia de la compañera y el sindicato, porque muchos dirían que en una denuncia penal que hicimos nosotros los involucrados fueron sobreseídos”, expresó Carlos Milani, secretario general.
La audiencia de conciliación fue objetada por la conducción del gremio, que lamentó no haber podido constituirse como querellantes: no habrían aceptado el acuerdo que, además, da continuidad laboral a los involucrados.
Durante la audiencia de conciliación el juez Daniel Yangüela expuso que la defensa solicitaba la aplicación del artículo 47; el fiscal Fernando Rivarola expresó que había consentimiento de Vialidad para la audiencia. Rivarola dijo que “se comprobó el delito de estafa común contra la administración pública, figura que no requiere delito especial para el delito y que por economía judicial la fiscalía entiende aceptable la aplicación del artículo 47 del Código Procesal”. Planteó que “el juicio sería más costoso que lo demandado y que por economía judicial la fiscalía aceptó la audiencia de conciliación previo deposito de 198.209,88 pesos”.
El SITRAVICh cuestionó que “no haya condena”. Con el acuerdo y el pago “quedan sobreseídos”. Las 5 personas “siguen perteneciendo a Vialidad y el principal responsable de esta situación, Vicente Martín, que era el jefe de zona, continuó cobrando en el cargo y lo sigue haciendo casi como un premio”, dijo Milani.
El gremio advirtió que “resulta inaceptable que la única perjudicada es la persona que denunció. La compañera fue corrida del lugar donde trabajaba, le sacaron la computadora, tuvo presiones laborales de todo tipo y aún no fue reintegrada a su trabajo”. Según Milani, “lo sorprendente fue que Vialidad no se constituyó como querellante pese a ser la perjudicada ante la posibilidad de comprobarse las irregularidades en la liquidación de los viáticos”, dijo Milani.
En respuesta al presidente del organismo, Nicolás Cittadini, que habló de una aceptación del gremio, aclaró que “no fuimos aceptados como querellantes por el juez Yangüela”. En el supuesto que hubieran sido como querellantes “no habríamos aceptado la audiencia de conciliación; es lamentable el mensaje que la administración y la justicia dan. Parece que dijeran ´Podés cometer un delito, devolvés el dinero y seguís trabajando´. Lo peor es no hagas ninguna denuncia porque el único perjudicado será quién la hace”.
Las maniobras involucraban al entonces jefe del organismo y un grupo de trabajadores que reconoció el delito y abonó 198 mil pesos para no ir a juicio.
“Vialidad Provincial recuperó casi 200 mil pesos por la denuncia de la compañera y el sindicato, porque muchos dirían que en una denuncia penal que hicimos nosotros los involucrados fueron sobreseídos”, expresó Carlos Milani, secretario general.
La audiencia de conciliación fue objetada por la conducción del gremio, que lamentó no haber podido constituirse como querellantes: no habrían aceptado el acuerdo que, además, da continuidad laboral a los involucrados.
Durante la audiencia de conciliación el juez Daniel Yangüela expuso que la defensa solicitaba la aplicación del artículo 47; el fiscal Fernando Rivarola expresó que había consentimiento de Vialidad para la audiencia. Rivarola dijo que “se comprobó el delito de estafa común contra la administración pública, figura que no requiere delito especial para el delito y que por economía judicial la fiscalía entiende aceptable la aplicación del artículo 47 del Código Procesal”. Planteó que “el juicio sería más costoso que lo demandado y que por economía judicial la fiscalía aceptó la audiencia de conciliación previo deposito de 198.209,88 pesos”.
El SITRAVICh cuestionó que “no haya condena”. Con el acuerdo y el pago “quedan sobreseídos”. Las 5 personas “siguen perteneciendo a Vialidad y el principal responsable de esta situación, Vicente Martín, que era el jefe de zona, continuó cobrando en el cargo y lo sigue haciendo casi como un premio”, dijo Milani.
El gremio advirtió que “resulta inaceptable que la única perjudicada es la persona que denunció. La compañera fue corrida del lugar donde trabajaba, le sacaron la computadora, tuvo presiones laborales de todo tipo y aún no fue reintegrada a su trabajo”. Según Milani, “lo sorprendente fue que Vialidad no se constituyó como querellante pese a ser la perjudicada ante la posibilidad de comprobarse las irregularidades en la liquidación de los viáticos”, dijo Milani.
En respuesta al presidente del organismo, Nicolás Cittadini, que habló de una aceptación del gremio, aclaró que “no fuimos aceptados como querellantes por el juez Yangüela”. En el supuesto que hubieran sido como querellantes “no habríamos aceptado la audiencia de conciliación; es lamentable el mensaje que la administración y la justicia dan. Parece que dijeran ´Podés cometer un delito, devolvés el dinero y seguís trabajando´. Lo peor es no hagas ninguna denuncia porque el único perjudicado será quién la hace”.