Tsipras vuelve a pedir una quita en la deuda griega
A tres meses de aprobar un nuevo ajuste en medio de protestas populares, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, volvió hoy a pedirle a sus acreedores europeos en Bruselas que acepten una quita de la deuda externa de su país para hacerla "sostenible" y que reduzcan los objetivos macroeconómicos para que Atenas pueda salir de la crisis.
En una entrevista publicada por el diario local Real, Tsipras intentó nuevamente convencer a las instituciones de la Unión Europea (UE) que controlan el destino económico de Grecia cedan en sus reclamos y se muestren más flexibles luego de más de ocho años de crisis económica.
La llamada troika de acreedores -la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE)- le impusieron a Grecia el objetivo de un superávit primario del 3,5% del PIB para el año 2018, una meta que hoy parece imposible, dado que el gobierno griego continúa achicando su gasto, social y productivo, y privatizando sectores y empresas que daban ganancias.
Grecia recibió desde 2010 más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales y a cambio de ello aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.
A comienzos de 2015, el actual partido gubernamental, Syriza, con Tsipras a la cabeza fue electo para poner fin a ese ajuste feroz.
Sin embargo, después de unos ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el actual premier cedió a los reclamos de los acreedores internacionales y continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.
La popularidad de Tsipras y de su gobierno se ha desplomado, prueba de lo cual son las encuestas electorales, que ya muestran amplias ventajas en intención de voto del principal partido de la oposición, los conservadores de Nueva Democracia, en caso de celebrarse elecciones anticipadas.
Una encuesta del instituto demoscópico ALCO, publicada en junio pasado, antes del comienzo de la parálisis política de las vacaciones de verano que terminan la semana próxima, sostenía que ocho de cada 10 griegos no creen que el gobierno de Tsipras pueda sacar al país de la crisis.
El sondeo reveló que el 63% de los votantes de Syriza y el 61% de los de su socio de coalición, los nacionalistas Griegos Independientes (Anel), ya no consideran capaz al gobierno de dirigir el país hacia una salida de la recesión.
Muchos ciudadanos está preocupados, además, por la serie de reformas laborales que se prevén a partir del último trimestre de este año.
El próximo 9 de septiembre Atenas será la sede de una cumbre de países del sur de Europa. Sólo cinco países están invitados: Chipre, Francia, Malta, Italia, Portugal y España.
La cumbre fue interpretada por medios de los países más ricos de la Unión Europea, como Alemania, como un levantamiento de la periferia más pobre del bloque, que intenta romper con la visión dominante de austeridad que imponen Berlín y Bruselas, principalmente.
Tsipras aclaró hoy en la entrevista que no intentan "construir un bloque propio", pero que quieren "hablar de la necesidad de la cohesión social y de iniciativas de transferencia de fondos de emergencia a la región para volver al crecimiento y combatir el desempleo".
En una entrevista publicada por el diario local Real, Tsipras intentó nuevamente convencer a las instituciones de la Unión Europea (UE) que controlan el destino económico de Grecia cedan en sus reclamos y se muestren más flexibles luego de más de ocho años de crisis económica.
La llamada troika de acreedores -la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE)- le impusieron a Grecia el objetivo de un superávit primario del 3,5% del PIB para el año 2018, una meta que hoy parece imposible, dado que el gobierno griego continúa achicando su gasto, social y productivo, y privatizando sectores y empresas que daban ganancias.
Grecia recibió desde 2010 más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales y a cambio de ello aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.
A comienzos de 2015, el actual partido gubernamental, Syriza, con Tsipras a la cabeza fue electo para poner fin a ese ajuste feroz.
Sin embargo, después de unos ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el actual premier cedió a los reclamos de los acreedores internacionales y continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.
La popularidad de Tsipras y de su gobierno se ha desplomado, prueba de lo cual son las encuestas electorales, que ya muestran amplias ventajas en intención de voto del principal partido de la oposición, los conservadores de Nueva Democracia, en caso de celebrarse elecciones anticipadas.
Una encuesta del instituto demoscópico ALCO, publicada en junio pasado, antes del comienzo de la parálisis política de las vacaciones de verano que terminan la semana próxima, sostenía que ocho de cada 10 griegos no creen que el gobierno de Tsipras pueda sacar al país de la crisis.
El sondeo reveló que el 63% de los votantes de Syriza y el 61% de los de su socio de coalición, los nacionalistas Griegos Independientes (Anel), ya no consideran capaz al gobierno de dirigir el país hacia una salida de la recesión.
Muchos ciudadanos está preocupados, además, por la serie de reformas laborales que se prevén a partir del último trimestre de este año.
El próximo 9 de septiembre Atenas será la sede de una cumbre de países del sur de Europa. Sólo cinco países están invitados: Chipre, Francia, Malta, Italia, Portugal y España.
La cumbre fue interpretada por medios de los países más ricos de la Unión Europea, como Alemania, como un levantamiento de la periferia más pobre del bloque, que intenta romper con la visión dominante de austeridad que imponen Berlín y Bruselas, principalmente.
Tsipras aclaró hoy en la entrevista que no intentan "construir un bloque propio", pero que quieren "hablar de la necesidad de la cohesión social y de iniciativas de transferencia de fondos de emergencia a la región para volver al crecimiento y combatir el desempleo".