Ley Ómnibus: en el sector pesquero hablan de "groseros cambios" en el Régimen Federal
Muchas de las modificaciones propuesta en el proyecto de Milei exponen los recursos del mar argentino al mejor postor. El clúster pesquero argentino en pie de guerra.
El sector pesquero nacional salió en las últimas horas a hablar de "groseros cambios" en el Régimen Federal de Pesca a partir de la Ley Ómnibus presentada este miércoles por el Gobierno nacional,
Según un informe de la revista Pescare, una de las más influyentes del sector, los cambios propuestos por Milei perjudican los intereses de armadores, gremios, autoridades, artesanales y gran altura, flota colorada y amarilla, fresco y congeladores, en el norte y en el sur. Según todos estos sectores, se trata de una vulneración de derechos, imprevisibilidad de grupos económicos, peligro de fuentes de trabajo de las industrias procesadoras y personal de alistamiento de buques en puertos argentinos, eliminación de un plumazo de permisos de pesca irrestrictos y cuotas. De este modo, los gremios de marinería, máquinas y personal de puente quedan expuestos a la competencia internacional con mano de obra extranjera, por ejemplo.
Según Pescare, entre las modificaciones más cuestionables se encuentran la cancelación de la ponderación de la cantidad de mano de obra nacional ocupada a bordo de los buques; las inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y la cantidad de productos pesqueros elaborados por buque, como la capacidad instalada de procesado en tierra a la basura.
Desde ahora, los recursos del mar argentino quedarán expuestos a licitaciones internacionales, habrá permeabilidad de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) a flotas extranjeras; libre albedrío de puertos nacionales y/o extranjeros; imprevisibilidad de la sostenibilidad de los recursos marinos argentinos, biomasa y medio ambiente expuestos a flotas sin interés en cuidar los recursos naturales del caladero como su salud.
Si la Ley Ómnibus avanza en el Parlamento, se trataría de unverdadero descalabro para el sector pesquero nacional, nunca antes visto. Recordemos que se trata de unas 80.000 familias vinculadas de manera directa e indirecta con la industria pesquera en los distintos clúster pesqueros del país, aportando este año cerca de U$S 1.800 millones, con rentabilidades negativas.
En diálogo con el diario La Capital de Mar del Plata, el Dr. Fernando Rivera, presidente de CAIPA, manifestó que hay una “profunda preocupación” del sector pesquero ante el proyecto de Ley Ómnibus que elevó el Ejecutivo Nacional: “Lamentablemente, nunca fuimos consultados sobre este proyecto”, aseguró. Según Rivera, la iniciativa del Gobierno nacional “cambia parámetros fundamentales” de la Ley Federal de Pesca. “El artículo 27 plantea que para las cuotas de captura se debían valorar las inversiones de las empresas, el personal ocupado, las exportaciones y el historial de captura. Ahora todo eso se deja de lado: cualquier empresa que gane la licitación puede quedarse con la cuota”, explicó.
El empresario consideró que la gestión encabezada por Javier Milei no tuvo en cuenta “las consecuencias” de esta serie de medidas. “¿Qué puede pasar con empresas con 500 o 600 personas ocupadas si en una licitación internacional se quedan sin la cuota de pesca? Son cambios muy profundos que podrían afectar las fuentes de trabajo”, advirtió.
El nuevo proyecto implica un cambio muy profundo en el actual régimen jurídico de administración de los recursos vivos de origen marino, evalúa un abogado especializado en el sector, citado por Pescare. El abogado, especializado en derecho pesquero, sostiene que la reforma implica cambios significativos en el sistema actual, tanto en su arquitectura como en su funcionamiento.
El sistema actual se sostiene a fundamentos en base a principios y valores, ya que otorga importancia a criterios como la sostenibilidad de los recursos, la historia de captura y la mano de obra ocupada. En cambio, el proyecto de reforma privilegia un enfoque economicista, basado en la asignación de cuotas a través de licitaciones internacionales. Solamente persigue un interés de origen financiero, monetario.
El proyecto de reforma también implica cambios significativos en el funcionamiento. En primer lugar, traslada las funciones del Consejo Federal Pesquero CFP a la Autoridad de Aplicación (hoy Secretaría de Bioeconomía o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). En segundo lugar, simplifica la asignación de permisos de pesca y cuotas de captura, eliminando los criterios de sostenibilidad y valorización.
Los cambios tendrán un impacto negativo en la actividad pesquera argentina. En primer lugar, la simplificación de la asignación de permisos y cuotas de captura podría conducir a una sobrepesca y a la disminución de los recursos. En segundo lugar, la eliminación de los criterios de sustentabilidad y valorización podría perjudicar a los armadores y empresas que han realizado inversiones recientes a largo plazo en la actividad.
El proyecto de enmienda del Régimen es una iniciativa de carácter centralista y de trasfondo recaudatorio, que no tiene en cuenta los intereses de los armadores, empresas y trabajadores de la pesca, como gremios implicados y los soberanos intereses dentro de la ZEEA, a futuro, posiblemente invadida por flotas extranjeras.
De aprobarse en el Congreso de la Nación, podría tener un impacto negativo en la actividad pesquera argentina, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los recursos y el desarrollo futuro de la industria, ademas de la desinversión de empresas radicadas en Argentina golpeadas a los embates de empresas subsidiadas o con otra estructura de costos entre sus filas.
Habraía, además, un aumento de la concentración de la actividad pesquera en manos de grandes empresas extranjeras. Una disminución de la participación de las provincias en la administración de la actividad pesquera. Y un aumento de la incertidumbre jurídica para los actores de la actividad pesquera.
El sector pesquero nacional salió en las últimas horas a hablar de "groseros cambios" en el Régimen Federal de Pesca a partir de la Ley Ómnibus presentada este miércoles por el Gobierno nacional,
Según un informe de la revista Pescare, una de las más influyentes del sector, los cambios propuestos por Milei perjudican los intereses de armadores, gremios, autoridades, artesanales y gran altura, flota colorada y amarilla, fresco y congeladores, en el norte y en el sur. Según todos estos sectores, se trata de una vulneración de derechos, imprevisibilidad de grupos económicos, peligro de fuentes de trabajo de las industrias procesadoras y personal de alistamiento de buques en puertos argentinos, eliminación de un plumazo de permisos de pesca irrestrictos y cuotas. De este modo, los gremios de marinería, máquinas y personal de puente quedan expuestos a la competencia internacional con mano de obra extranjera, por ejemplo.
Según Pescare, entre las modificaciones más cuestionables se encuentran la cancelación de la ponderación de la cantidad de mano de obra nacional ocupada a bordo de los buques; las inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y la cantidad de productos pesqueros elaborados por buque, como la capacidad instalada de procesado en tierra a la basura.
Desde ahora, los recursos del mar argentino quedarán expuestos a licitaciones internacionales, habrá permeabilidad de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) a flotas extranjeras; libre albedrío de puertos nacionales y/o extranjeros; imprevisibilidad de la sostenibilidad de los recursos marinos argentinos, biomasa y medio ambiente expuestos a flotas sin interés en cuidar los recursos naturales del caladero como su salud.
Si la Ley Ómnibus avanza en el Parlamento, se trataría de unverdadero descalabro para el sector pesquero nacional, nunca antes visto. Recordemos que se trata de unas 80.000 familias vinculadas de manera directa e indirecta con la industria pesquera en los distintos clúster pesqueros del país, aportando este año cerca de U$S 1.800 millones, con rentabilidades negativas.
En diálogo con el diario La Capital de Mar del Plata, el Dr. Fernando Rivera, presidente de CAIPA, manifestó que hay una “profunda preocupación” del sector pesquero ante el proyecto de Ley Ómnibus que elevó el Ejecutivo Nacional: “Lamentablemente, nunca fuimos consultados sobre este proyecto”, aseguró. Según Rivera, la iniciativa del Gobierno nacional “cambia parámetros fundamentales” de la Ley Federal de Pesca. “El artículo 27 plantea que para las cuotas de captura se debían valorar las inversiones de las empresas, el personal ocupado, las exportaciones y el historial de captura. Ahora todo eso se deja de lado: cualquier empresa que gane la licitación puede quedarse con la cuota”, explicó.
El empresario consideró que la gestión encabezada por Javier Milei no tuvo en cuenta “las consecuencias” de esta serie de medidas. “¿Qué puede pasar con empresas con 500 o 600 personas ocupadas si en una licitación internacional se quedan sin la cuota de pesca? Son cambios muy profundos que podrían afectar las fuentes de trabajo”, advirtió.
El nuevo proyecto implica un cambio muy profundo en el actual régimen jurídico de administración de los recursos vivos de origen marino, evalúa un abogado especializado en el sector, citado por Pescare. El abogado, especializado en derecho pesquero, sostiene que la reforma implica cambios significativos en el sistema actual, tanto en su arquitectura como en su funcionamiento.
El sistema actual se sostiene a fundamentos en base a principios y valores, ya que otorga importancia a criterios como la sostenibilidad de los recursos, la historia de captura y la mano de obra ocupada. En cambio, el proyecto de reforma privilegia un enfoque economicista, basado en la asignación de cuotas a través de licitaciones internacionales. Solamente persigue un interés de origen financiero, monetario.
El proyecto de reforma también implica cambios significativos en el funcionamiento. En primer lugar, traslada las funciones del Consejo Federal Pesquero CFP a la Autoridad de Aplicación (hoy Secretaría de Bioeconomía o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). En segundo lugar, simplifica la asignación de permisos de pesca y cuotas de captura, eliminando los criterios de sostenibilidad y valorización.
Los cambios tendrán un impacto negativo en la actividad pesquera argentina. En primer lugar, la simplificación de la asignación de permisos y cuotas de captura podría conducir a una sobrepesca y a la disminución de los recursos. En segundo lugar, la eliminación de los criterios de sustentabilidad y valorización podría perjudicar a los armadores y empresas que han realizado inversiones recientes a largo plazo en la actividad.
El proyecto de enmienda del Régimen es una iniciativa de carácter centralista y de trasfondo recaudatorio, que no tiene en cuenta los intereses de los armadores, empresas y trabajadores de la pesca, como gremios implicados y los soberanos intereses dentro de la ZEEA, a futuro, posiblemente invadida por flotas extranjeras.
De aprobarse en el Congreso de la Nación, podría tener un impacto negativo en la actividad pesquera argentina, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los recursos y el desarrollo futuro de la industria, ademas de la desinversión de empresas radicadas en Argentina golpeadas a los embates de empresas subsidiadas o con otra estructura de costos entre sus filas.
Habraía, además, un aumento de la concentración de la actividad pesquera en manos de grandes empresas extranjeras. Una disminución de la participación de las provincias en la administración de la actividad pesquera. Y un aumento de la incertidumbre jurídica para los actores de la actividad pesquera.