Piden juicio político al ministro del Superior Tribunal Daniel Báez
Lo presentó en la Legislatura el reconocido abogado Alfredo Pérez Galimberti, que patrocina al padre de un menor que fue víctima de abuso sexual en una causa de hace unos años en la que el actual juez de la Corte provincial era fiscal. También lo acusan de haber incidido en la designación de su hijo en el Ministerio Público Fiscal.
Un pedido de juicio político contra el ministro del Superior Tribunal de Justicia Daniel Báez ingresó el miércoles en la Legislatura de Chubut. Ahora, los diputados provinciales deberán evaluar la denuncia en la Sala de Juzgar y, en caso de admitirse, pasará a la Sala de Juzgar de la Casa de las Leyes, que definirá el destino del actual integrante de la Corte provincial.
La denuncia la presentó el reconocido jurista Alfredo Pérez Galimberti, que patrocina a Gastón Martín, padre de un menor que fue víctima de abuso sexual en la localidad de Puerto Pirámides y por el cual condenaron a la madre a 16 años y al padrastro a 14 años de prisión.
A Báez le endilgan su participación en esa causa cuando era jefe de los fiscales de Puerto Madryn. Puntualmente, lo acusan de realizar “diversas maniobras espurias” y de avalar o instruir otras “desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar”, dice la denuncia de Pérez Galimberti.
Según los denunciantes, ese caso en cuestión “se encuentra plagado de actos que importan un injustificado cambio de criterios; la actitud pendular del Ministerio Público Fiscal es suficiente para poner en cuestionamiento su desempeño, su habilidad moral, el cumplimiento de los deberes a su cargo y evidencia el desconocimiento inexcusable del derecho por parte del entonces Fiscal Jefe de la Ciudad de Puerto Madryn, Dr. Daniel Báez”, agrega la denuncia.
A Báez lo acusan de haber tenido “compromiso con la impunidad de los imputados”, y de intervenir personalmente aunque el caso estaba asignado a la funcionaria de Fiscalía Hernández y a la Fiscal General María Angélica Cárcano. “No existía ninguna razón técnica ni funcional para ello y sus acciones estuvieron dirigidas puntualmente a desechar la investigación”, dice Pérez Galimberti.
Tal vez, una de los puntos más graves de la denuncia contra Báez es cuando lo acusan de haber hecho caso omiso al testimonio del menor en Cámara Gesell: “Extrañamente, cuando el menor, ademásde mencionar a su madre y al padrastro, comenzó a vincular con hechos de abuso a otras personas, la Fiscalía solicitó que se detenga el testimonio con la supuesta intención de ‘evitar afectar el derecho de defensa de estas otras personas’.No corresponde aquí explayarse sobre el grosero error técnico que eso implica. Principalmente, porque eso fue avalado por la Jueza interviniente. Empero sí vale destacar que el propio abogado defensor puso de resalto que eso no era correcto y que en todo caso correspondía que luego, si fuera necesario, se buscara la forma de que esas personas pudieran participar en algún tipo de contraexamen del testimonio”, reza la denuncia.
Concretamente, a Báez se lo acusa de apoyar la decisión de Cárcano de no hacer apertura de investigación preparatoria respecto de los demás sujetos indicados como presuntos abusadores del menor. Según indica la denuncia, “entre los indicados en este segundo caso se encuentra una persona con actividad política relevante, cuyo comportamiento delictual había sido descripto con precisión por la víctima”.
En este punto en concreto, Báez tiene una decisión previa del Consejo de la Magistratura que podría actuar a su favor: el 22 de octubre de 2022, el órgano que controla a jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, archivó una denuncia contra Báez por su presunta participación en la causa del menor violado en Puerto Pirámides, en la que se lo acusaba por “mal desempeño y desconocimiento del derecho”.
Nepotismo judicial
El pedido de juicio político firmado por Pérez Galimberti tiene un segundo capítulo contra Báez, al que acusa de ejercer “nepotismo judicial” por la designación de su hijo en el Ministerio Público Fiscal sin concurso previo.
Para los denunciantes, esta actitud “denota una evidente inhabilidad ética y moral que se traducen en un incumplimiento de los deberes a su cargo y posibles faltas o delitos en el cumplimiento de sus funciones”.
Según Pérez Galimberti, “esa designación fue realizada ‘a dedo’, invocando mecanismos, al menos, reñidos con la reglamentación aplicable, y violentando cualquier estándar ético”.
Pero este tema se enlaza con otra actuación de Báez, esta vez como integrante del Superior Tribunal, en el jury contra el fiscal Fernando Rivarola, que finalmente fue sobreseído de las acusaciones en su contra. Es que Báez fue parte del Tribunal que enjuició a Rivarola y los denunciantes aseguran que el hijo del actual ministro del Superior fue designado en el MPF en la Oficina de Cibercrimen que, precisamente, lidera Rivarola.
La denuncia también incluye una presunta interferencia de Báez en una causa en la que estuvo involucrado el defensor oficial Omar López, acusado de haberse negado a mostrar su DNI en un control rutero. López fue sobreseído con extraña celeridad por la jueza Carla Yamila Flores, pero cuando la revisión de ese fallo llegó al Superior Tribunal, Báez votó en disidencia y utilizó la figura del “desacato” para cuestionar el accionar de López, una figura penal extinta, dice Pérez Galimberti.
Pero esto no es lo más grave, el denunciante siembra dudas sobre una presunta llamada que habría realizado el policía que detuvo en la ruta al defensor López a Báez, lo cual no está probado pero podría configurar un situación anómala, cree Pérez Galimberti.
Un pedido de juicio político contra el ministro del Superior Tribunal de Justicia Daniel Báez ingresó el miércoles en la Legislatura de Chubut. Ahora, los diputados provinciales deberán evaluar la denuncia en la Sala de Juzgar y, en caso de admitirse, pasará a la Sala de Juzgar de la Casa de las Leyes, que definirá el destino del actual integrante de la Corte provincial.
La denuncia la presentó el reconocido jurista Alfredo Pérez Galimberti, que patrocina a Gastón Martín, padre de un menor que fue víctima de abuso sexual en la localidad de Puerto Pirámides y por el cual condenaron a la madre a 16 años y al padrastro a 14 años de prisión.
A Báez le endilgan su participación en esa causa cuando era jefe de los fiscales de Puerto Madryn. Puntualmente, lo acusan de realizar “diversas maniobras espurias” y de avalar o instruir otras “desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar”, dice la denuncia de Pérez Galimberti.
Según los denunciantes, ese caso en cuestión “se encuentra plagado de actos que importan un injustificado cambio de criterios; la actitud pendular del Ministerio Público Fiscal es suficiente para poner en cuestionamiento su desempeño, su habilidad moral, el cumplimiento de los deberes a su cargo y evidencia el desconocimiento inexcusable del derecho por parte del entonces Fiscal Jefe de la Ciudad de Puerto Madryn, Dr. Daniel Báez”, agrega la denuncia.
A Báez lo acusan de haber tenido “compromiso con la impunidad de los imputados”, y de intervenir personalmente aunque el caso estaba asignado a la funcionaria de Fiscalía Hernández y a la Fiscal General María Angélica Cárcano. “No existía ninguna razón técnica ni funcional para ello y sus acciones estuvieron dirigidas puntualmente a desechar la investigación”, dice Pérez Galimberti.
Tal vez, una de los puntos más graves de la denuncia contra Báez es cuando lo acusan de haber hecho caso omiso al testimonio del menor en Cámara Gesell: “Extrañamente, cuando el menor, ademásde mencionar a su madre y al padrastro, comenzó a vincular con hechos de abuso a otras personas, la Fiscalía solicitó que se detenga el testimonio con la supuesta intención de ‘evitar afectar el derecho de defensa de estas otras personas’.No corresponde aquí explayarse sobre el grosero error técnico que eso implica. Principalmente, porque eso fue avalado por la Jueza interviniente. Empero sí vale destacar que el propio abogado defensor puso de resalto que eso no era correcto y que en todo caso correspondía que luego, si fuera necesario, se buscara la forma de que esas personas pudieran participar en algún tipo de contraexamen del testimonio”, reza la denuncia.
Concretamente, a Báez se lo acusa de apoyar la decisión de Cárcano de no hacer apertura de investigación preparatoria respecto de los demás sujetos indicados como presuntos abusadores del menor. Según indica la denuncia, “entre los indicados en este segundo caso se encuentra una persona con actividad política relevante, cuyo comportamiento delictual había sido descripto con precisión por la víctima”.
En este punto en concreto, Báez tiene una decisión previa del Consejo de la Magistratura que podría actuar a su favor: el 22 de octubre de 2022, el órgano que controla a jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, archivó una denuncia contra Báez por su presunta participación en la causa del menor violado en Puerto Pirámides, en la que se lo acusaba por “mal desempeño y desconocimiento del derecho”.
Nepotismo judicial
El pedido de juicio político firmado por Pérez Galimberti tiene un segundo capítulo contra Báez, al que acusa de ejercer “nepotismo judicial” por la designación de su hijo en el Ministerio Público Fiscal sin concurso previo.
Para los denunciantes, esta actitud “denota una evidente inhabilidad ética y moral que se traducen en un incumplimiento de los deberes a su cargo y posibles faltas o delitos en el cumplimiento de sus funciones”.
Según Pérez Galimberti, “esa designación fue realizada ‘a dedo’, invocando mecanismos, al menos, reñidos con la reglamentación aplicable, y violentando cualquier estándar ético”.
Pero este tema se enlaza con otra actuación de Báez, esta vez como integrante del Superior Tribunal, en el jury contra el fiscal Fernando Rivarola, que finalmente fue sobreseído de las acusaciones en su contra. Es que Báez fue parte del Tribunal que enjuició a Rivarola y los denunciantes aseguran que el hijo del actual ministro del Superior fue designado en el MPF en la Oficina de Cibercrimen que, precisamente, lidera Rivarola.
La denuncia también incluye una presunta interferencia de Báez en una causa en la que estuvo involucrado el defensor oficial Omar López, acusado de haberse negado a mostrar su DNI en un control rutero. López fue sobreseído con extraña celeridad por la jueza Carla Yamila Flores, pero cuando la revisión de ese fallo llegó al Superior Tribunal, Báez votó en disidencia y utilizó la figura del “desacato” para cuestionar el accionar de López, una figura penal extinta, dice Pérez Galimberti.
Pero esto no es lo más grave, el denunciante siembra dudas sobre una presunta llamada que habría realizado el policía que detuvo en la ruta al defensor López a Báez, lo cual no está probado pero podría configurar un situación anómala, cree Pérez Galimberti.