Crisis en Perú: debilidades y dudas sobre el futuro de Boluarte
Las "advertencias" lanzadas esta semana contra la presidenta Dina Boluarte por la principal líder de la derecha en Perú, Keiko Fujimori, se convirtieron en señales de un posible debilitamiento en la alianza de hecho formada por el gobierno y las fuerzas que controlan el Congreso.
"Es cuestión del 'timing' (momento) político. Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) parece sentir que ahora está más fuerte que hasta hace poco", dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz respecto al aparente deseo de ese colectivo, que tiene la mayor bancada parlamentaria, de distanciarse de una administración a la que ha apoyado abiertamente.
Para Santa Cruz, si las advertencias toman forma y FP inicia una ofensiva contra los ministros, podría configurarse un escenario como el que provocó las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, Martín Vizcarra en 2020 y Pedro Castillo en 2022.
Por lo pronto, ya renunció la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, una de las cuatro cabezas que pidió Fujimori. Falta saber qué pasará con los titulares de Interior, Vicente Romero; Agricultura, Nelly Paredes, y Energía, Óscar Vera, los otros aludidos.
"Exigimos a la presidenta que haga cambios de manera inmediata", dijo Fujimori en una conferencia, en la que además criticó "el triunfalismo y la cero autocrítica" que, según ella, caracterizan al gobierno que se instaló en diciembre tras la destitución del ahora preso Castillo.
Todo eso "confirma que estamos en una deriva autoritaria, en la que no importan los intereses del país, sino intereses particulares", comentó a Télam el representante legal del Partido Morado (PM, centro), Jarek Tello.
Como ejemplo, Tello, cuyo partido impulsa una recolección de firmas para exigir elecciones anticipadas, señaló que juntas de regantes (agricultores beneficiarios del regado de agua) denuncian que el fujimorismo impulsa leyes que favorecen a personas próximas al partido, incluidos financistas.
Esa sería la razón por la que la ministra de Agricultura figura entre aquellos a los que Fujimori dio un virtual ultimátum: el gobierno se ha abstenido de promulgar una ley sobre agua aprobada en el Congreso, lo que genera roces.
"La permanencia de los ministros cuestionados puede llevar a un desgaste, porque se avizora una serie de interpelaciones y censuras que se pueden evitar", afirmó Fujimori el martes, palabras que analistas interpretaron como "amenazas".
FP y sus aliados han dado en la última década continuas demostraciones de que pueden acorralar a un gobierno y, por ello, las afirmaciones de su líder generaron revuelo.
Según la analista liberal Tosa María Palacios, Boluarte puede responder de dos formas: la primera, acatar obedientemente lo que le exigen y, la segunda, ir a una confrontación. La lógica indica que optaría por la primera
Para Tello y Santa Cruz, está claro que Boluarte difícilmente sobreviviría a una ofensiva, pues, aunque FP no tiene mayoría parlamentaria absoluta, puede generar alianzas, como ya lo ha demostrado con la denunciada estrategia para copar poder.
Mediante esas sociedades, que crea con otros partidos de derecha pero que más de una vez han incluido a sectores de izquierda, FP ha protagonizado acciones parlamentarias para colocar a allegados en entes claves, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo.
El próximo gran objetivo de copamiento, coinciden Tello y Santa Cruz, son los organismos electorales.
Boluarte, que llegó al poder desde la izquierda, pero gobierna al lado de la derecha parlamentaria, dijo que puede aceptar "recomendaciones" de Fujimori, pero no "imposiciones".
No anunció aún decisiones, pero hay especulaciones de que ella le pidió la renuncia a Gutiérrez.
Boluarte, además, dijo el jueves que se piensa quedar hasta 2026, cuando termina el período, con lo que canceló los planes de elecciones anticipadas que defendió alguna vez y que no tomaron fuerza por falta de apoyo del Congreso.
"Si dice públicamente que se va a quedar, es porque percibe que podría no hacerlo", planteó Tello respecto al anuncio de una presidenta a la que no aprueba más de 20% de la población, según las encuestas, y que se sostiene en un Congreso rechazado por más de 90% de la ciudadanía.
La llegada de Boluarte al poder y su anuncio de que pensaba ir hasta 2026 generó una ola de protestas que se extendió de diciembre a marzo y solo cesó cuando desastres naturales de origen meteorológico cambiaron las prioridades.
El gobierno, que culpa de las protestas a Castillo y asegura sin mostrar pruebas que hay un complot de grupos armados de izquierda, narcotraficantes y mineros ilegales, respondió con una represión que dejó 49 muertos, o 66 si se suman hechos colaterales.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado "excesos" de militares y policías, y han hablado de "ejecuciones extrajudiciales", algo por lo que se investiga a Boluarte y que eventualmente podría llevarla en el futuro ante tribunales.
Además de Fujimori, otros líderes notables de FP iniciaron en los últimos días una ofensiva verbal contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, de quien el portavoz del partido, Miguel Torres, dijo por su supuesta falta de reacción: "Se le escapan las tortugas".
Asimismo, medios afines a la derecha radical endurecieron sus voces contra "un gobierno que no gobierna" y dieron más espacio a denuncias de aparente corrupción en sectores del Ejecutivo.
Esto, mientras fuerzas de izquierda y centro alistan para julio nuevas jornadas de protesta, incluida una "toma de Lima" que pretende concentrar otra vez en la capital a manifestantes llegados de diversos puntos.
Si como consecuencia de las protestas o de una ofensiva del Congreso Boluarte renunciara o fuera destituida, la jefatura de Estado quedaría en el presidente del Congreso (ahora José Williams, pero en julio se elegirá otro), quien estaría obligado a convocar elecciones inmediatas.
"Es cuestión del 'timing' (momento) político. Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) parece sentir que ahora está más fuerte que hasta hace poco", dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz respecto al aparente deseo de ese colectivo, que tiene la mayor bancada parlamentaria, de distanciarse de una administración a la que ha apoyado abiertamente.
Para Santa Cruz, si las advertencias toman forma y FP inicia una ofensiva contra los ministros, podría configurarse un escenario como el que provocó las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, Martín Vizcarra en 2020 y Pedro Castillo en 2022.
Por lo pronto, ya renunció la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, una de las cuatro cabezas que pidió Fujimori. Falta saber qué pasará con los titulares de Interior, Vicente Romero; Agricultura, Nelly Paredes, y Energía, Óscar Vera, los otros aludidos.
"Exigimos a la presidenta que haga cambios de manera inmediata", dijo Fujimori en una conferencia, en la que además criticó "el triunfalismo y la cero autocrítica" que, según ella, caracterizan al gobierno que se instaló en diciembre tras la destitución del ahora preso Castillo.
Todo eso "confirma que estamos en una deriva autoritaria, en la que no importan los intereses del país, sino intereses particulares", comentó a Télam el representante legal del Partido Morado (PM, centro), Jarek Tello.
Como ejemplo, Tello, cuyo partido impulsa una recolección de firmas para exigir elecciones anticipadas, señaló que juntas de regantes (agricultores beneficiarios del regado de agua) denuncian que el fujimorismo impulsa leyes que favorecen a personas próximas al partido, incluidos financistas.
Esa sería la razón por la que la ministra de Agricultura figura entre aquellos a los que Fujimori dio un virtual ultimátum: el gobierno se ha abstenido de promulgar una ley sobre agua aprobada en el Congreso, lo que genera roces.
"La permanencia de los ministros cuestionados puede llevar a un desgaste, porque se avizora una serie de interpelaciones y censuras que se pueden evitar", afirmó Fujimori el martes, palabras que analistas interpretaron como "amenazas".
FP y sus aliados han dado en la última década continuas demostraciones de que pueden acorralar a un gobierno y, por ello, las afirmaciones de su líder generaron revuelo.
Según la analista liberal Tosa María Palacios, Boluarte puede responder de dos formas: la primera, acatar obedientemente lo que le exigen y, la segunda, ir a una confrontación. La lógica indica que optaría por la primera
Para Tello y Santa Cruz, está claro que Boluarte difícilmente sobreviviría a una ofensiva, pues, aunque FP no tiene mayoría parlamentaria absoluta, puede generar alianzas, como ya lo ha demostrado con la denunciada estrategia para copar poder.
Mediante esas sociedades, que crea con otros partidos de derecha pero que más de una vez han incluido a sectores de izquierda, FP ha protagonizado acciones parlamentarias para colocar a allegados en entes claves, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo.
El próximo gran objetivo de copamiento, coinciden Tello y Santa Cruz, son los organismos electorales.
Boluarte, que llegó al poder desde la izquierda, pero gobierna al lado de la derecha parlamentaria, dijo que puede aceptar "recomendaciones" de Fujimori, pero no "imposiciones".
No anunció aún decisiones, pero hay especulaciones de que ella le pidió la renuncia a Gutiérrez.
Boluarte, además, dijo el jueves que se piensa quedar hasta 2026, cuando termina el período, con lo que canceló los planes de elecciones anticipadas que defendió alguna vez y que no tomaron fuerza por falta de apoyo del Congreso.
"Si dice públicamente que se va a quedar, es porque percibe que podría no hacerlo", planteó Tello respecto al anuncio de una presidenta a la que no aprueba más de 20% de la población, según las encuestas, y que se sostiene en un Congreso rechazado por más de 90% de la ciudadanía.
La llegada de Boluarte al poder y su anuncio de que pensaba ir hasta 2026 generó una ola de protestas que se extendió de diciembre a marzo y solo cesó cuando desastres naturales de origen meteorológico cambiaron las prioridades.
El gobierno, que culpa de las protestas a Castillo y asegura sin mostrar pruebas que hay un complot de grupos armados de izquierda, narcotraficantes y mineros ilegales, respondió con una represión que dejó 49 muertos, o 66 si se suman hechos colaterales.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado "excesos" de militares y policías, y han hablado de "ejecuciones extrajudiciales", algo por lo que se investiga a Boluarte y que eventualmente podría llevarla en el futuro ante tribunales.
Además de Fujimori, otros líderes notables de FP iniciaron en los últimos días una ofensiva verbal contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, de quien el portavoz del partido, Miguel Torres, dijo por su supuesta falta de reacción: "Se le escapan las tortugas".
Asimismo, medios afines a la derecha radical endurecieron sus voces contra "un gobierno que no gobierna" y dieron más espacio a denuncias de aparente corrupción en sectores del Ejecutivo.
Esto, mientras fuerzas de izquierda y centro alistan para julio nuevas jornadas de protesta, incluida una "toma de Lima" que pretende concentrar otra vez en la capital a manifestantes llegados de diversos puntos.
Si como consecuencia de las protestas o de una ofensiva del Congreso Boluarte renunciara o fuera destituida, la jefatura de Estado quedaría en el presidente del Congreso (ahora José Williams, pero en julio se elegirá otro), quien estaría obligado a convocar elecciones inmediatas.