El juez rechazó la oferta de Uzcudún y seguirá imputado por presunta estafa en la Cooperativa

El juez Darío Arguiano rechazó la propuesta de Eduardo Uzcudún, asesor legal de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, quien ofreció 300 mil pesos a cambio de la suspensión del juicio a prueba en el marco de la causa que le imputó a él y otros exdirectivos de la entidad por administración fraudulenta. Ordenó el juez que el proceso siga.

La decisión fue dada a conocer en una audiencia en los tribunales. “La querella en la voz de Fabián Gómez Lozano, presidente de la Cooperativa, sostuvo que hay dos aspectos a reparar: por una parte lo económico en términos de la devolución del dinero y por la otra, la pérdida de la confianza en la empresa por parte de los empleados y los socios de la misma y en tal sentido, sostuvo que el ofrecimiento de la defensa no cubre tales expectativas y por lo tanto, no habría de prestar acuerdo a tal petición”, expresa.

Según la defensa de Uzcudún, “ratificó su permanencia hasta la fecha de su condición de asesor de la Cooperativa siendo confirmado por el anterior y el actual Consejo de Administración, actividad que desarrolla sin que en ningún momento se le hubiera impuesto una sanción o realizado sumario alguno”, indica.

“En cuanto a la falta de confianza a su ver está dada por el inadecuado funcionamiento de la Cooperativa que no da respuesta a las necesidades de los socios. Su intención era presentar esta solicitud con anterioridad lo que le fue objetado por no ser el `momento político oportuno´, razón por la que esperó que se realizaran las PASO para que no se confundieran las cosas y antes de su presentación, hizo saber tal intención al presidente, secretario y tesorero de la Cooperativa para la que tomó los recaudos para no producir daño a nadie y en particular a la Cooperativa”.

En cuanto a la reparación ofrecida, sostuvo que acorde a su condición familiar y patrimonial, es la que razonablemente podía ofrecer.

Arguiano, al decidir, fundamentó que se adentró en la justificación de la Fiscalía respecto a que el delito que se investiga es de interés público y no particular. “Es correcta la apreciación y fundamento que en la ley de ética pública la acusación promueve”, expresó.

Por su parte, el fiscal Omar Rodríguez explicó que “la resolución fue extensa y giró en torno a que la oposición de la Fiscalía había sido fundada. Tuvo en cuenta que el caso trasciende el interés particular toda vez que están en juego intereses públicos, es una función pública. Por lo tanto, resolvió continuar con la causa tal cual se viene tramitando”. Rodríguez interviene en la causa por estafa.

Agregó que en casos así, cuando la Fiscalía se opone y la expectativa de pena es superior a los 3 años, el dictamen es vinculante. Además había sido fundada en “criterio de política criminal”, indicó.

El fiscal apuntó además que la querella se había opuesto a la suspensión del juicio a prueba con fundamentos distintos a los que argumentó la Fiscalía. “Acentuó su oposición teniendo en cuenta que el delito es un conflicto penal. En este caso, el dictamen de la víctima no vincula al tribunal”, dijo.

“La ley nos manda a todos a intentar resolver el conflicto social para alcanzar esa armonía o paz social. Cuando una víctima se opone a la suspensión del juicio a prueba está lejos de alcanzar la paz social, por lo tanto, al menos en nosotros, hay una carga de continuar con la causa. Es un derecho de las víctimas de discutir esta cuestión en juicio oral y público”, concluyó.