Fraude: quieren separar de la Cooperativa al asesor Uzcudún

La Fiscalía pediría en la audiencia preliminar a realizarse por la causa de “estafa” a la Cooperativa Eléctrica de Trelew en la que se imputó a los exdirectivos, además del reintegro del dinero con perjuicio actualizado, la “separación en el manejo de cualquier tipo” dentro de la entidad por parte de los acusados. En especial del abogado Eduardo Uzcudun. “Lo que sabemos es que por lo menos Uzcudún se mantiene como asesor”.

Así lo expresaron los fiscales que intervienen en la investigación María Tolomei y Omar Rodriguez en una entrevista con Jornada. Se trata de la causa que reveló este diario, en la Cooperativa de Trelew, a través de sus más altos directivos, pagó un millonario “asesoramiento” ($1.300.000) a un presunto especialista en temas contables y jurídicos, el Estudio Lavecchia y Asociados, que ya está comprobado que no existe. Los imputados son José Sandoval, José Luis Nahuelquín y José Hamzé; el asesor legal de la entidad, Eduardo Uzcudún . el exgerente de Administración, Daniel Corrieri y Norberto Moreno (a quien Fiscalía le pidió el sobreseimiento).

La fiscal María Tolomei ratificó que la acusación ya fue formulada. Reiteró que se pedirá el reintegro del dinero con perjuicio actualizado. “Como lo he leído también por parte del asesor de la Cooperativa, es reclamable a cualquiera de los imputados o acusados. Responden por el todo. No podrían ofrecer reparar por partes o proporcional. Es el todo”.

Es eso lo que procesalmente se hizo. Ahora, requerirían eventualmente en el caso que se intentara por parte de la Defensa ofrecer algún tipo de salida alternativa, la separación del manejo dentro de la Cooperativa Eléctrica por parte de los imputados.

Ante la consulta respecto a que si tienen constancia sobre que alguno de los involucrados en la estafa estén dentro de la Cooperativa trabajando normalmente en tareas relacionadas al manejo de la entidad, coincidieron en afirmar que “lo que sabemos es que por lo menos, el doctor Uzcudún se mantiene como asesor letrado de la Cooperativa. Es una decisión que toma la Cooperativa de mantenerlo. Ellos, tendrían herramientas para poder tomar otra decisión, pero decidieron mantenerlo”.

Tolomei admitió entender que eventualmente, los intereses que representa la Fiscalía, que es el interés comunitario, no podría ser satisfecho de encontrarse una salida alternativa que solo atendiera la parte económica y no atendiera a lo vinculado a la administración infiel o a la participación que podrían haber tenido los acusados en una administración infiel de un organismo como la Cooperativa. Si bien es privado, tiene características particulares porque involucra a la sociedad en su conjunto.

Aclaró que el eventual requerimiento de separación de Uzcudún de sus tareas actuales, no se debe a una situación de entorpecimiento de la investigación. “La investigación se hizo. No hay posibilidad de entorpecimiento. No lo advierto. Que no esté en Cooperativa sería algo que corresponde”, subrayó.

Indicó que si uno está realizándole a un empleado la acusación que lo involucra en un manejo perjudicial y doloso en función de los intereses del representado, en representación de toda la comunidad, el apartamiento se cree necesario. “Tanto como cualquier empleado público que se le imputa la comisión de algún delito”.

Explicó la fiscal que “acá no es decir “yo te perdono, devolvés la plata y acá se terminó”. De mantenerse una persona que incurrió en una conducta como la que nosotros sostenemos que incurrió, se estaría manteniendo a una persona que perjudicó intencionalmente los intereses de todos”, manifestó.

Reiteró María Tolomei que esta requisitoria aún no fue planteada. “Si al momento de la audiencia preliminar la Defensa planteara la posibilidad de una salida alternativa que tuviera que ver con la devolución del perjuicio, en tal caso, sería la oportunidad para que se planteara el apartamiento como una exigencia más”.

Confirmó además que se tiene la intención de llegar a juicio con la acusación tal como fue formulada. “Sostuvimos que no íbamos a pedir por las características de los hechos y los montos, una pena inferior a los 3 años. No estamos poniendo tope de máxima sino de mínima. Hasta 6 años es lo que corresponde por el delito, pero a resultas del juicio se puede ajustar”.

“Renuncia”

Por su parte, el fiscal Omar Rodríguez fue claro en la explicación respecto al fundamento por los cuales pedirían que los imputados, en especial el asesor letrado, fueran apartados de las funciones de manejo de la Cooperativa Eléctrica. “Es viable una salida alternativa porque ninguno de ellos es funcionario público. Ahora, por traer un ejemplo, en otros casos como accidentes de automotor con lesionados y fallecidos por mal manejo, hay salidas con probation con ofrecimientos de reparaciones. Hay imposiciones de reglas de conductas como curso de manejo o inhabilitación. Hay situaciones particulares”.

Agregó: “Una posibilidad en este caso, podría ser el ofrecimiento de una renuncia de la persona que ha cometido un delito en el marco de esta situación de administración infiel. Nosotros tenemos el interés comunitario. Hay que evaluar esta situación más allá de lo económico”, remarcó.

“Partícipe”

Se refirieron a la situación procesal de Uzcudún. Informaron que lo único que varía con respecto a los otros, es la figura en carácter de “partícipe”. El fiscal Rodríguez indicó que “no puede entenderse autor del delito porque su participación dentro de la Cooperativa no lo permite. No estaba en disposición directa con la administración respecto a los bienes. Sino que él, pertenece a la Cooperativa pero desde otra función. Es asesor legal”.

La fiscal Tolomei explicó que las salidas alternativas buscan recomponer el conflicto. Entonces, para que se puedan dar, es necesario satisfacer los intereses de damnificados. “No se le pide que deje sus funciones por una cuestión ética. La satisfacción del interés a nuestro criterio, estaría dada por un lado en la recuperación del dinero y por el otro lado, la separación de las personas que han sido sindicadas como infieles en el manejo de bienes comunes”, subrayó.

Omar Rodriguez, consultado en torno a que si el hecho de que se separen de lugares de “manejo” en Cooperativa a los imputados es una cuestión ética, aclaró que no. Que es una cuestión personal. “Acá no se juzga la conducta ética, es la conducta respecto de la comisión de un delito”.

Sobre la causa agregó. “Cuando hablaron, los pocos que hablaron, dijeron que esta financiación que había sido como “espectacular” no fue producto de la gestión o el asesoramiento que no existió. Fue producto de un procedimiento formal que se hizo en el marco de un pedido que hizo la propia Cooperativa”.

Reveló además que “en 2012 Sandoval en representación de la Cooperativa, pide la refinanciación de un plan largo de la deuda. En marzo de 2013 meses antes que empiece esta maniobra defraudatoria ya existía dentro de la AFIP un dictamen favorable que decía que había que otorgarle esta refinanciación” expuso.

Para finalizar, aclaró: “No es que gracias a la gestión de este asesor que por supuesto no existió ni el estudio jurídico, ya estaba establecido, nadie lo podía desconocer. Por eso, es interesante ese expediente que da cuenta que la refinanciación o el otorgamiento de este plan al 1% mensual y largo plazo, había sido solicitado por los propios imputados”, concluyó. #